Ya comenzó el anunciado proceso de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El objeto y finalidad de la iniciativa es, nada más y nada menos, establecer de forma efectiva la responsabilidad política y eventualmente destituir al funcionario -en este caso los ministros de la Corte- si, efectivamente se comprueban las acusaciones.
Las presentaciones (14), hacen hincapié en la figura del mal desempeño en el ejercicio de la función (Art. 53 CN), es decir, los planteos se circunscriben a que el funcionario no posee o revela falta de idoneidad para proseguir en el ejercicio del cargo, cuestión que no se observa en cada una de las presentaciones y denotan, por parte de quienes las impulsan, una llamativa falta de mesura y prudencia.
El objetivo central es la de exponer y desarrollar un proceso de deslegitimación, presión y amenaza dirigido a todo el órgano jurisdiccional, y ante resoluciones que no me favorecen “muestro” herramientas para condicionar los fallos a través del “juicio político”. Este proceso constitucional debe estar impregnado del respeto a todas las reglas del debido proceso y la defensa en juicio, garantías del art. 8 de la Convención Americana.
No se puede llevar adelante un juicio político donde se pone en tela de juicio la libertad de expresión de los magistrados, por cuanto olvidan los Principios Básicos de Naciones Unidas relativos a la independencia de la Judicatura, donde se reconoce que “los miembros de la judicatura gozarán de las libertades de expresión, creencias, asociación y reunión, con la salvedad de que, en el ejercicio de esos derechos, los jueces se conducirán en todo momento de manera que preserve la dignidad de sus funciones y la imparcialidad e independencia de la judicatura”.
Si gobernara la mesura, la prudencia, nuestros legisladores deberían saber que un juicio político, “…se trata de una forma de control que ejerce el Poder Legislativo con respecto a los funcionarios superiores tanto del Poder Ejecutivo como de otros órganos estatales cuya finalidad es someter a funcionarios y funcionarias de alta jerarquía a examen y decisión sobre sus actuaciones por parte de la representación popular”.
De esta forma, este proceso constitucional abierto, desvirtúa el objeto y la finalidad del mismo a un mero capricho o a solo buscar la impunidad del poder. Este juicio político a la Corte Suprema es claramente una afectación a la independencia e imparcialidad del Poder Judicial y, conociendo los argumentos y los protagonistas de este ataque a la justicia, está claro a qué apunta el kirchnerismo.
Y es que este proceso tiene como único objetivo domesticar y amedrentar a nuestro máximo tribunal, buscando impunidad y gobernar atendiendo sus caprichos, pero lamentablemente solo provoca una degradación del sistema institucional, poniendo en jaque al sistema republicano y la división de poderes.
