Los recientes ataques y saqueos contra comercios en distintos sitios del país y la actitud de numerosos comerciantes que, en defensa propia, se vieron forzados a bajar las persianas de sus negocios en las últimas horas o a armarse con palos para enfrentar a los violentos son la consecuencia de un gobierno que hace rato bajó la persiana y desertó de su indelegable deber a la hora de proteger a la población frente a la delincuencia.
El orden público es mala palabra para el kirchnerismo, del mismo modo que hablar de inflación o de pobreza ha sido considerado “estigmatizante” para algunos de sus dirigentes. Ciertos funcionarios del gobierno de Alberto Fernández se han convertido en simples comentaristas de la realidad, aunque en rigor se empeñen en negar una realidad que está delante de los ojos de todos los argentinos.
La negación de la existencia de los saqueos por parte de la portavoz presidencial, Cerruti, es el ejemplo más emblemático. En un mensaje público que pronunció en 2012, cuando era presidenta, Cristina Kirchner había responsabilizado a sectores del peronismo por los hechos vandálicos y los recordados saqueos de supermercados que, en 1989 y en 2001, sembraron el caos y generaron las condiciones para las renuncias anticipadas de los presidentes Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa.
En estas horas, sin embargo, la vicepresidenta Cristina Kirchner ha optado por el silencio frente a episodios de violencia demasiado parecidos a aquellos. Un referente del kirchnerismo, como el dirigente de La Cámpora Andrés “Cuervo” Larroque, difundió en las últimas horas una curiosa proclama en medio de la convulsión desatada por la crisis económica y los saqueos: “Massa o disolución nacional”.
En un comunicado, Larroque señaló que “hoy nos enfrentamos a una encrucijada histórica: o el peronismo gana las próximas elecciones o nuestra Patria se enfrenta a un destino de disolución y de sufrimiento extremo para las familias argentinas”. Y concluyó la declaración con una frase del general José de San Martín: “Cuando la Patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla”.
No es la primera vez que el kirchnerismo recurre a esta clase de mensajes mesiánicos, como “nosotros o el caos”, que apuntan a sembrar el miedo en la ciudadanía de cara al proceso electoral, aunque las imágenes de los recientes saqueos den cuenta por sí solos de que el caos ya se ha instalado entre nosotros. Aníbal Fernández, había advertido que, si la oposición triunfa en las próximas elecciones, “las calles van a estar regadas de sangre y de muertes”.
En los últimos tiempos se multiplicaron las expresiones de ese tipo. “Que vengan y la vamos a pelear, y en un año y medio se van en helicóptero”, había afirmado Juan Grabois. “Si (con Cristina Kirchner) quieren hacer lo mismo que hicieron con Lula en Brasil, van a tener una reacción popular que no se van a poder bancar y vuelan todos en pedacitos”, había expresado el intendente de Ensenada, Mario Secco.
Cuando dirigentes del oficialismo se jactan de su capacidad para ejercer con impudicia la violencia callejera para tomar como rehenes a los argentinos de bien es porque, una vez más, nos hallamos frente a un intento de extorsionar a la ciudadanía, tapizando de miedo el camino hacia las urnas. No puede afirmarse que detrás de todos los recientes hechos de violencia esté la coalición oficialista, independientemente de que estos episodios rara vez son manifestaciones espontáneas ni son producto de quienes sufren hambre.
Pero lo cierto es que el propio kirchnerismo ha buscado servirse de estos actos para seguir infundiendo temor en el electorado frente a lo que podría esperarse si triunfa la oposición, encarnada tanto en Milei como en Bullrich. Pero mientras crecen las interpretaciones conspirativas de ese tipo, lo cierto es que el gobierno de Alberto Fernández acelera su proceso de deterioro y nadie puede olvidar que Massa y su compañero de fórmula, Agustín Rossi, ocupan dos de los cargos más relevantes en la administración nacional. No hay margen para que se hagan los desentendidos.
