Acorralado por la crisis que su propia torpeza gubernamental creó, el kirchnerismo enfatiza su vocación autoritaria. En ese marco, durante los últimos años, se dedicó a impugnar como “discursos de odio” a todas las manifestaciones críticas de la oposición y de sectores independientes. Es una actitud de un cinismo extraordinario, porque procura transformar en victimarios a las víctimas.
Es precisamente el kirchnerismo el que, al asignarle a cualquier opinión no alineada con sus ideas y sus prácticas una intención perversa, pretende adjudicar al odio las disidencias. Ahora, vuelve a atacar a periodistas críticos. Parece innecesario aclarar que ninguno de esos periodistas se dedica a generar odio ni instigan a cometer actos de violencia. Se puede coincidir o no con sus opiniones, pero estas no son otra cosa que el ejercicio de la libertad de expresión.
Son muy críticas respecto del gobierno y del kirchnerismo, pero se encuadran dentro del debate democrático. Son voces que alertan no solo sobre la pésima gestión del gobierno, por llamarlo de alguna forma, de Alberto Fernández, sino sobre los impulsos chavistas de buena parte del oficialismo y sobre los infinitos intentos de consagrar la impunidad de Cristina Kirchner y sus secuaces.
De ahí que, lejos de ser expresiones de odio, son manifestaciones imprescindibles para la salud de nuestra democracia. El kirchnerismo sí ha cruzado un límite. Señala que “algo hay que hacer” con los disidentes, y no se queda en vaguedades: dice sin pelos en la lengua que hay que detenerlos. Aquí debemos recordar que estas palabras no surgen de la boca de un loquito suelto. Se trata de quien conduce medios que bien pueden calificarse de paraestatales.
Es una de las voces oficiales del kirchnerismo. Por eso, no se puede subestimar la gravedad de sus dichos. Dado que la justicia, si se atiene a la Constitución, a la ley y a la jurisprudencia, no tendría ningún motivo para detener a quienes solo expresan ideas críticas sobre el gobierno, ¿a quiénes se dirige el kirchnerismo? Es claro que está cometiendo el delito de incitación a la violencia, tipificado en el art. 21 del Código Penal.
Cualquier militante kirchnerista puede decodificar esas palabras como un mandato de sus jefes para “dar leña”, como alguna vez propuso desde los balcones de la Casa Rosada el fundador de ese movimiento. Frente a tales expresiones de una gravedad inusitada, tanto el presidente emérito, como la duquesa de El Calafate o el funcionario que bajo cuerda les pide a los periodistas que lo llamen “superministro” han mantenido un sonoro silencio, que se emparenta con la complicidad.
No es nada extraño: ahora que se ven obligados a un tarifazo, después de que, con su populismo energético, entre otros, nos empujaran a un colapso macroeconómico, con altísima inflación y virtual agotamiento de las reservas, los medios oficialistas exhiben listas de personas subsidiadas como si se tratara de delincuentes. ¿A estas personas (de las que se excluye a los millonarios kirchneristas) también se las marca para que sean víctimas de la violencia?
La única verdad es la realidad y ésta deja muy en claro que la demencial y regresiva política de subsidios universales fue establecida e impuesta nada más ni nada menos que por los propios gobiernos kirchneristas. Es por esta razón que ya nadie les creerá esta nueva farsa. La sociedad argentina está harta de mentiras y de cinismo. Por lo que es esperable que no tensen demasiado la cuerda.
