Hace apenas unos días comentábamos una de las numerosas formas de extorsión electoral a la que recurren ciertos sectores del poder para condicionar y, en el extremo más sensible, sembrar miedo entre los votantes. Expusimos como ejemplo el del gobernador riojano, Ricardo Quintela, quien anunció el otorgamiento de un bono de 15.000 pesos a los empleados estatales de planta transitoria y permanente y el congelamiento de tarifas, pero condicionándolos al resultado electoral.
La forma elegida por el desvergonzado Quintela para desnudar el verdadero propósito de los “planes platita” en sus numerosas versiones fue tan explícita como grotesca. “Tenemos que pasar el mes de octubre, tenemos que ver el resultado de las elecciones y tenemos que conversar en paritarias y con los gremios y ver las posibilidades reales que tenga la provincia”, dijo el mandatario durante una rueda de prensa.
Anteayer, fue el turno del ministro de Transporte, Diego Giuliano, al anunciar que mañana se abrirá un registro para que los usuarios de trenes y colectivos de jurisdicción nacional en el AMBA que quieran pagar la tarifa sin subsidio puedan inscribirse. Eso implicaría abonar 1100 pesos y 700 pesos, respectivamente por cada viaje, en lugar de lo que actualmente se paga: entre 11 y 52 pesos por cada tramo en tren y entre 50 y 70 pesos, en colectivo, aunque, según diversos especialistas, el Gobierno está inflando los montos para causar aún mayor efecto negativo en la población.
El objetivo de semejante dislate es claro: que el elector que piensa votar por quienes, desde la oposición, promueven la quita de subsidios al transporte comience a sentir desde ahora el peso económico que esa decisión redundaría para su bolsillo. ¿Qué motivación puede tener una persona para optar voluntariamente por pagar casi diez veces más sin que siquiera su generosidad sea advertida por los demás?
¿Su conciencia patriótica? Habrá muy pocos. Está claro que el Gobierno no se propone aumentar la recaudación. Tampoco crear patriotas. Lo que obviamente pretende es atemorizar a los votantes llevando agua para su exclusivo molino electoral. Tan burdos y explícitos resultan estos manotazos de ahogado que hasta los propios empleados de la administración pública se manifiestan sorprendidos.
Tal el caso de quienes recibieron una convocatoria para hoy, a las 14, en un salón del Ministerio de Economía, para asistir a un taller bautizado “Incertidumbre laboral, el impacto y sus consecuencias en la salud mental. Propuestas para construir nuevas herramientas”, organizado por la secretaría a cargo de José Ignacio de Mendiguren. Ese insólito taller apunta a alertar a los trabajadores que las propuestas de reducción del Estado de los candidatos opositores podrían generar graves daños psicológicos ante una eventual poda de puestos de trabajo.
Antes que chucear a los votantes con ese tipo de viles condicionamientos, deberían el secretario de Industria y Desarrollo Productivo y el ministro de Transporte dar explicaciones del harto conocido destrato gubernamental a los productores y de por qué el Estado sigue sin achicar el enorme gasto público subsidiando, por ejemplo, a empresas con enorme déficit operativo como Enarsa, Operadora Ferroviaria y Aerolíneas Argentinas, según un informe publicado por la propia cartera de Economía.
En el caso de esta última, manejada por La Cámpora, la situación es todavía más ignominiosa por cuanto se siguieron sumando empleados a pesar del rojo de caja. Según ese mismo estudio, durante el primer semestre de 2023 las empresas públicas perdieron 2451 millones de dólares. En consecuencia, para mantenerlas operativas y cubrir sus gastos, el Tesoro les giró recursos multimillonarios.
En el lapso citado, por ejemplo, les transfirió poco más de un billón de pesos, un monto 147% más alto que durante el mismo período del año anterior. No conforme con la insólita propuesta a los usuarios del transporte público, Giuliano aclaró que el cobro de montos plenos para quienes decidan adherir a la quita será automático en los próximos días y que pueden quedarse tranquilos quienes opten por seguir pagando las actuales tarifas.
Ya que no sufrirán restricciones para la compra de dólares como sí las padecen quienes se acogieron a mantener los subsidios en la provisión de gas y energía eléctrica, apenas un ejemplo de las numerosas trabas, prohibiciones, cepos, barreras y complicaciones que fueron sumándose durante los últimos cuatro años. Todo un galimatías que lo único que logra es inscribir más y más capítulos en el manual de mala praxis y mala fe de un gobierno en retirada.
Por lo demás, las nuevas extorsiones resultan especialmente provocativas para quienes en el año 2019 le creyeron al candidato Alberto Fernández cuando prometió que durante su gobierno crecerían las exportaciones, se solucionaría el grave problema de vivienda, se terminaría con el hambre, se recompondrían los salarios, se favorecería a los jubilados y se ganaría la batalla contra la inflación.
Arenga que hoy recoge y amplía el ministro-candidato, Sergio Massa, cuando suelta una parva de cínicas promesas por ser cumplidas “en mi gobierno, no en este…”, tal cual aseguró en el segundo debate presidencial, como si la actual gestión le fuera absolutamente ajena. “No todo vale un voto”, expresó Massa al criticar a sus principales contrincantes para los comicios del próximo domingo. Es verdad, no todo vale un voto ni el humor social está para más aviesas mentiras ni chicanas.
Este episodio del desistimiento de subsidios pone claramente en evidencia una de las tantas distorsiones que el intervencionismo populista ha incorporado en la estructura económica. Los retrasos tarifarios solo son sostenibles mediante subsidios. Nada es gratis. El déficit fiscal se paga con endeudamiento o con emisión. Esto a su vez encarece el crédito ahuyentando la inversión y destruyendo el empleo, o bien produce inflación y pobreza.
Lo cierto es que las propuestas de políticas públicas correctas postulan aproximar las tarifas a los costos y solo en casos de usuarios carenciados, subsidiar la demanda. O sea, subsidiar solo en el caso de aquellos que lo necesitan. El aparatoso intento electoralista de atemorizar a los votantes atenta contra el correcto principio de buena administración. Es un acto ridículo, destructivo y, en esencia, inmoral.
