La gestión de la intendenta de la Capital, Rossana Chahla (PJ), se diferenció de la administración encabezada por Germán Alfaro (PJS), en un escrito presentado ante la Justicia provincial en la causa por el sistema de estacionamiento pago, cuya suspensión permanece vigente hace un año y medio por una medida cautelar. El fiscal municipal, Conrado Mosqueira, se apersonó como representante del municipio en el marco de este proceso, que se tramita ante la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, integrada por las juezas María Felicitas Masaguer y María Florencia Casas.
En el texto de dos fojas incorporado al expediente, Mosqueira recordó que a partir del 29 de octubre de 2023 se inició “una nueva administración”, encabezada por Chahla. “Consecuencia de ello, nuestra impronta respecto de la gestión y transparencia en el manejo de los recursos genuinos de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán difiere de la anterior administración”, sostuvo el fiscal municipal.
En ese sentido, Mosqueira advirtió que “las improlijidades y/o cuestionamientos llevados adelante en el procedimiento licitatorio (contratista concursado, falta de audiencia pública, precio de la concesión, etcétera), impugnado en autos, debieron ser subsanadas en el ámbito administrativo y no generar dispendio jurisdiccional”. Además, el letrado advirtió que esta demanda “perjudica e impide el cobro de recursos propios” al municipio, producto de la cautelar dictada en agosto de 2022, “lo cual en los hechos le genera un gran perjuicio económico” a la sede de 9 de Julio y Lavalle.
La jueza Masaguer firmó las actuaciones que avalaron la incorporación de Mosqueira al proceso como representante del Departamento Ejecutivo municipal (el abogado de la gestión alfarista había sido Hernán José Colombres). En paralelo, la magistrada requirió al fiscal municipal “que explicite de un modo claro el objeto de la manifestación” referida a las diferencias entre ambas administraciones. De este modo, resta ver si la gestión de Chahla suma un nuevo escrito para formular un planteo concreto respecto al estacionamiento medido.
La gestión de Alfaro anunció en julio de 2022 la implementación del sistema de estacionamiento medido en la Capital, abarcando el centro, el microcentro y sus alrededores. La disposición implicaba que, para dejar el vehículo en las calles señalizadas, se debía abonar -vía celular, a través de una aplicación- una suma equivalente al precio del litro de nafta súper. El objetivo de esta disposición, según se anunció en aquel momento, era “desalentar el uso innecesario de vehículos particulares”, aliviar el tráfico y “disminuir la contaminación”.
Para su puesta en funcionamiento, el municipio celebró un contrato con la unión transitoria de empresas Tecno Agro Vial. Sin embargo, el servicio sólo estuvo operativo durante 45 días. Distintas demandas judiciales -entre ellas, las iniciadas por el defensor del Pueblo, Eduardo Cobos, y por la organización de usuarios Fodecus, que encabeza José Hermenegildo García- se acumularon en una acción de amparo colectivo que se tramita ante la Sala II del fuero contencioso, presidida por Masaguer.
En agosto de 2022, la magistrada dispuso la suspensión de todos los actos relacionados al estacionamiento medido, incluyendo la concesión y el cobro a los usuarios. Así, más allá de que la señalética se mantiene en decenas de veredas de la ciudad, la app permanece fuera de servicio. En diciembre, el representante legal de la UTE Tecno Agro Vial, Esteban Galvaire Monroy, solicitó el rechazo de las demandas efectuadas en esta causa de forma “in limine”, es decir, en su totalidad y de forma inmediata.
Según la postura de la empresa, el acuerdo de concesión de este servicio “no involucra la afectación de derechos de los consumidores y usuarios” y que la Municipalidad “fue facultada expresamente por medio de una ordenanza municipal para instrumentar” esta prestación. La Sala II primero corrió traslado del planteo de Tecno Agro Vial a las partes, y este lunes firmó la actuación que notifica sobre el pase a resolución por parte del tribunal respecto al rechazo “in limine” o la continuidad de la causa sobre el estacionamiento medido.
