En esta semana que se fue para jamás volver, se conoció el índice de inflación del primer mes del año. El mismo arrojó que los precios durante enero se incrementaron un 6 por ciento. Este nivel inflacionario implica que, de sostenerse con la misma magnitud hasta fin de año, cerraremos este año 2023 con un 101% de inflación anual. La meta establecida en el presupuesto nacional ya parece haber quedado desactualizada.
Y es que para lograr el tan deseado 60% de inflación, de aquí a diciembre el índice mensual deberá ser de 3,8%, algo que por ahora parece imposible que suceda. No sólo la inflación resulta un escollo para el gobierno en este año electoral: el nivel de deuda y el patrimonio del Banco Central de la República Argentina también son parte de un combo de problemas que nadie sabe bien cómo resolver.
Si bien la licitación de bonos de esta semana fue exitosa, lo cierto es que se han convalidaron tasas de interés cercanas al 120% (el doble de la inflación pretendida por el gobierno para este año). Además, toda la deuda que se logró colocar en el mercado para cubrir los abultados vencimientos del mes, vencen antes de las elecciones: nadie confía en lo que vendrá más allá del cortísimo plazo.
Ahora hablemos de pobreza: la calle también se ha transformado en un infierno. La Avenida 9 de Julio nuevamente tomada por piqueteros que reclaman por planes que no les corresponden (por no haber cumplido con los requisitos de validación exigidos por el Ministerio de Desarrollo Social). Más de 100.000 planes sociales se darán de baja en las próximas semanas por no haber sido regularizados por sus beneficiarios.
Las cifras son impresionantes: cada plan social en discusión equivale a $33.800 por mes. Esto implica que mensualmente se abonaban en concepto de planes sociales irregulares unos $3.380 millones de pesos, algo así como 9 millones de dólares mensuales (o 107 millones de dólares anuales) que el Estado ha venido afrontando sin saber bien cuál era el destino final de ese dinero.
Independientemente de que esta situación se haya dado en el marco de una interna dentro del propio gobierno, lo cierto es que el descontrol parece ser total, en un país que necesita urgente decenas de reformas, entre las que se encuentran la tributaria y la reducción del gasto público, dos cuestiones íntimamente relacionadas con este tipo de despilfarros de dinero en planes sociales irregulares.
Entre tanto, la portavoz de la Nación, Gabriela Cerruti, dijo sin titubear que aquí no existe ninguna crisis: no hay peor ciego que el que no quiere ver lo que todos estamos viendo con suma claridad. La desconexión del Gobierno con la realidad argentina parece ser total. Mientras tanto, en 2022 se ha debatido mucho acerca de la presión fiscal y la sustentabilidad del sistema tributario argentino.
En un año electoral, como es 2023, es de esperar que ese debate aumente. Por ello, KPMG Argentina realizó su encuesta anual de impuestos titulada “Impacto de los impuestos en la actividad económica y en los negocios desde la visión de las empresas” y consultó a CFO y especialistas impositivos de empresas medianas y grandes de todo el país dedicados exclusivamente al manejo de los temas impositivos de su organización.
El 52% de los encuestados respondió que Ingresos Brutos continúa siendo el impuesto que más impactó en los precios de los productos y servicios en 2022. Es seguido por Ganancias (19,64%). De esta manera el Impuesto sobre los Ingresos Brutos se consolida año a año en el liderazgo absoluto de los tributos que encarecen de manera determinante los precios y servicios de las empresas.
El agravamiento que se prevé en materia de presión tributaria para este año sumado al elevado porcentaje de encuestados que señalaron que ya en 2022 la presión fiscal los había llevado a una situación desinversión, debiera ser una potente señal de alerta para las autoridades económicas como para los equipos económicos de aquellos que apunten a ser elegidos en funciones ejecutivas en el proceso electoral de este año.
En cuanto al aumento de las tarifas, los cortes de luz y los respectivos incidentes en la Autopista Dellepiane dieron cuenta de una de las lecciones más básicas en economía: se ajusta por precio o se termina ajustando por cantidad. En ese marco, cabe señalar que los cortes de energía eléctrica no son una novedad en la Argentina y existen desde que los atrasos en las tarifas son una constante.
Desde la salida de la Convertibilidad que las tarifas de la energía están atrasadas en relación a los valores reales de mercado (incluso con los aumentos que sufrieron las mismas durante el macrismo y también durante los ajustes producidos en las tarifas durante la gestión actual). Nadie puede pretender –estando en su sano juicio– que con tarifas reguladas las inversiones en el sector energético sean suficientes para que no existan problemas se corte de suministro.
Por otra parte, quedó claro también en la semana que se esfumó para jamás retornar, que en la concepción kirchnerista de la inseguridad, un fenómeno del que sus representantes prefieren no hablar por resultarles tan estigmatizante como la pobreza, los delincuentes son con frecuencia simples víctimas de las injusticias del sistema socioeconómico y el policía que busca actuar para garantizar el orden público es tan solo un “represor”.
Tras el crimen de la oficial Maribel Zalazar, parte de la dirigencia política argentina quedó enfrascada en un debate que atrasa varias décadas y que le impide avanzar hacia la tan necesaria política de Estado que, alejada de las mezquindades partidarias y de los prejuicios ideológicos, permita enfrentar uno de los mayores flagelos que sufre la sociedad. Lo cierto es que, en un año electoral, la cuestión de la inseguridad vuelve a estar presente en el escenario político.
Y es que resulta que se trata de un área en la cual el kirchnerismo exhibe no pocos flancos débiles, en la medida en que, más de una vez, sus dirigentes y funcionarios han quedado pegados a posiciones más abolicionistas que garantistas, que procuran la defensa de quienes delinquen antes que buscar resolver la angustia de gran parte de la sociedad frente a la delincuencia y el narcotráfico.
Es difícil separar esa imagen de las declaraciones de algunas figuras políticas o mediáticas vinculadas al oficialismo. Por caso, Juan Grabois, tiempo atrás en un programa televisivo, señaló: “Si me hubiese tocado la situación de tener que juntar cartones, yo estaría choreando, no laburando. Yo voy de caño”. No menos edificantes fueron algunos juicios de Dady Brieva, quien llegó a catalogar la tarea del ladrón como un “oficio” al que se le debe tener respeto.
Finalmente, el propio presidente Alberto Fernández, al justificar, en tiempos de cuarentena por el Covid, el beneficio de la prisión domiciliaria para peligrosos delincuentes hasta entonces alojados en unidades penales, dijo: “Abrazamos la política porque la humanidad es lo que importa”. La abultada victoria electoral del Frente de Todos en las últimas elecciones nacionales llevadas a cabo en las unidades penitenciarias se explica por sí sola.
No extraña que señalen que el orden público es de derecha, dirigentes llegaron a justificar, cuando no a celebrar, los ataques a campos y la rotura de silobolsas, en el contexto de las controversias entre el Gobierno y el sector rural por las retenciones a las exportaciones agrícolas. Es claro que la impunidad seguirá ganando la batalla de la mano de estos ejemplos de populismo desembozado.
En tanto los delincuentes perciban que sus actos no tienen consecuencias serias. La sucesión de 41 homicidios en tan solo un mes y medio desde el inicio del año, en Rosario, es apenas uno de los tantos indicadores. Los cuales les dan cada vez peor, es por ello que desde el kirchnerismo se insiste con el nuevo relato acerca de cuando ellos vuelvan, como si hoy no estuvieran gobernando.
Es decir, como si Cristina Kirchner no fuera la vicepresidente y Sergio Massa no fuera quien maneja la economía devastada. Es por ello que nos preguntamos, ¿cómo se hace para estar proscripta y ser candidata a la misma vez?. O sea, ¿Depende de ella o no depende de ella? Porque si depende de ella, entonces no puede estar proscripta. Así funciona la proscripción. La tiene que imponer otro.
Si Cristina Kirchner puede ser candidata y de lo que se trata es de que revea su posición, es porque no está proscripta. Y, en efecto, no lo está. No tiene absolutamente ningún impedimento legal, constitucional, judicial ni de ninguna índole que le prohíba ser candidata o que restrinja de alguna manera esa posibilidad. Si no es candidata es porque no quiere. Hablar de proscripción es un engañapichanga.
Y no es gratuito, porque pone en cuestión no ya la independencia del Poder Judicial (chocolate por la noticia), no ya la fragilidad de nuestro Estado de derecho (de la que las ahora víctimas han sido co-causantes), sino las bases mismas del sistema democrático. Y es que queda claro que, si la Argentina proscribe candidatos, pues no tiene elecciones libres. ¿Están seguros de que quieren decir eso?
Cuando Agustín Rossi manifiesta públicamente que “Cristina está proscripta y eso es malo para la democracia”, ¿Es consciente de la seriedad de lo que está diciendo? Una cosa es el estribillo del lawfare y otra cosa es la musiquita antidemocrática de la proscripción. Cristina Kirchner solo ha sido condenada en primera instancia por hechos de corrupción. Proscripto estuvo el radicalismo en la década infame. Proscripto estuvo Perón. Proscripta está la felicidad del pueblo.
