Detrás de la verba inflamada de Pablo Moyano, que aventuró recientemente un segundo paro general de la CGT para “fines de marzo o principio de abril”, se esconde una estrategia algo desarticulada de la central obrera desde que le dio la bienvenida a Javier Milei con una huelga a 45 días de haber asumido. La eventual medida de fuerza está todavía lejos de reunir consenso interno en el corazón cegetista a pesar del malestar y la incertidumbre que guían hoy el vínculo con la gestión libertaria.
“Estamos en un maratón, que va a durar cuatro años. Ya hicimos un paro. No podemos hacerlo todos los meses”, baja el tono de la confrontación una voz autorizada de la CGT que representa a la mayoría automática, como se la llama en la jerga a la alianza interna que representan “los Gordos” (grandes gremios de servicios) y los autodenominados “independientes” (Uocra y estatales de UPCN y AySA).
En la hoja de ruta sindical no está en los planes por ahora un nuevo paro general a pesar de la amenaza de Moyano. Antes de dar ese paso, la CGT aguardará la evolución de los conflictos sectoriales que están latentes, sobre todo aquellos que tienen que ver con la demora en la homologación por parte de la Secretaría de Trabajo de los aumentos salariales. La semana próxima podría haber un paro de colectivos y de camioneros por este asunto, aunque podría crecer y arrastrar a la protesta a todos los transportistas, incluido ferrocarriles y aeronáuticos, en pie de guerra por paritarias y posibles privatizaciones. Esta movida podría volver a unir a los Moyano con Luis Barrionuevo, que agita conflictividad a través de Omar Maturano mientras mantiene abierta negociaciones con allegados a Milei por los fondos a las obras sociales sindicales.
Otras fechas marcadas en el calendario cegetista son la cumbre del PJ del viernes próximo, que servirá de campanazo de largada para la refundación partidaria tras el fracaso electoral de Sergio Massa, y la movilización del 24 de marzo por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que se anticipa numerosa y multisectorial ante el desafío de Javier Milei de poner otra vez en duda la cantidad de personas desaparecidas durante la dictadura militar.
A pesar de la licuación salarial y el desplome de la actividad en varias industrias clave para el músculo económico, la CGT no prevé pisar de manera corporativa el acelerador del conflicto hasta después de la Semana Santa. Héctor Daer, uno de los jefes de la central obrera, mantuvo encuentros con gobernadores y legisladores de distintos partidos para intercambiar visiones sobre el rumbo económico de la gestión de Milei. Esos encuentros continuarán esta semana para hacer lobby en contra de la nueva ley ómnibus y del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 rechazado en el Senado. La CGT mantiene su oposición a ambas iniciativas y se puso del lado de las provincias en la pulseada por el reparto de la coparticipación. Los gremios temen que se revisen los valores del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y que casi un millón y medio de trabajadores vuelvan a pagar el tributo que pesa sobre los salarios.
El martes hubo dos señales de tregua desde la CGT. La primera se dio en un contexto amigable para el Gobierno. Daer y Andrés Rodríguez expusieron ante empresarios en la AmCham, el evento de negocios que organiza la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina. Abrieron allí la puerta para discutir una reforma laboral, pero “consensuada”. Música para los oídos del auditorio. Ese mismo día, Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, oficializó a Julio Cordero, abogado del Grupo Techint, como el reemplazante de Omar Yasin en la Secretaría de Trabajo. Cordero es un viejo conocido para los gremios, que aspiran a activar con él un canal de comunicación con el Gobierno que jamás se concretó. Ni siquiera prosperó a partir de una gestión fugaz de Hugo Moyano con el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, a quien el jefe camionero conoce desde hace años por temas judiciales, sindicales y hasta vinculados al fútbol, cuando se dio la famosa votación 38 a 38 entre Marcelo Tinelli y Luis Segura para reemplazar a Julio Grondona en la AFA. El actual ministro fue el asesor legal de Segura, titular de la entidad cuando estalló el FIFA Gate.
La relación de Cordero con algunos dirigentes de la CGT roza la amistad. Hace una década que comparte con muchos dirigentes sindicales una vez al año una semana en Ginebra en la cumbre de la Organización Internacional del Trabajo, a donde asistía en representación de Techint y la Unión Industrial Argentina (UIA). Cordero renunció el miércoles al emporio de Paolo Rocca y a su representación en la UIA, y espera su designación en el Boletín Oficial. Durante este paréntesis de informalidad, se habría comprometido con más de un interlocutor sindical revisar las razones por las que decenas de acuerdos paritarias no se homologaron por Yasin. El funcionario expulsado, que respondía a Jorge Triaca, argumenta en privado que no avaló los aumentos salariales por orden del ministro de Economía, Luis Caputo, y del jefe de Gabiente, Nicolás Posse, porque los porcentajes superaban la inflación mensual proyectada. “Viva las paritarias libres”, ironiza un sindicalista que espera todavía que le den luz verde a un aumento de 40% por el bimestre enero-febrero.
Cuando la gestión de Milei daba sus primeros pasos y se cocinaba la letra chica del DNU, fue Cordero el que hizo de intermediario entre la CGT y el Gobierno. En una cumbre secreta en la sede de la Uocra, el ministro del Interior, Guillermo Francos, se reunió con el ala dialoguista de la central obrera. También participó el flamante secretario laboral. Nada de lo que se conversó allí se reflejó después en el decreto presidencial, según fuentes de ambos sectores. El avance de Milei con la reforma laboral por decreto fue considerado una provocación para los gremios, que sintieron amenazados por primera vez en mucho tiempo su poder de representación y recaudación. El capítulo laboral del DNU quedó finalmente suspendido hasta tanto se expida la Corte Suprema después de una seguidilla de fallos judiciales en instancias inferiores que la dirigencia cegetista consideró como un triunfo propio. Se mantiene intacta la influencia gremial en el fuero laboral.
La Corte dio esta semana señales a través de Horacio Rosatti, su presidente, pero también a través de Ricardo Lorenzetti, que no está en sus planes por ahora tratar el capítulo laboral del DNU que fue impugnado. “El juez no está para reemplazar a la política”, dijo Rosatti en Amcham, el mismo auditorio empresarial que unas horas después escuchó a Daer y Rodríguez. El mensaje fue como un baldazo de agua fría para la CGT, que apuesta a un fallo favorable en el máximo tribunal. De hecho, hubo algunas gestiones aisladas e independientes para conocer los tiempos de la Corte a pesar de la recomendación de no presionar que bajaron Alberto García Lema y Ricardo Gil Lavedra, dos constitucionalistas que habrían asesorado a los gremios en esta pulseada.
Al margen de la suerte del capítulo laboral del DNU, la CGT sigue de cerca el curso de la economía. Hay algunos viejos lobos sindicales que fantasean con una reacción de la clase media como fusible de la protesta social frente a la inflación y el aumento de las tarifas de los servicios públicos. Apuestan los sindicalistas a una alzada en la sociedad contra la política de la licuadora y la motosierra, que quedó bajo sospecha tras el confuso episodio del aumento salarial para Milei, su gabinete y los legisladores.
La desaceleración de la inflación en febrero [fue de 13,2%] le sirvió a Milei para cubrir sus limitaciones políticas con su discurso económico. Pablo Moyano puso en duda la medición y acusó a Marco Lavagna, titular del Indec, de “maestro dibujante”. Las proyecciones inflacionarias que le acercaron dos consultores a la CGT les daba entre 15 y 17% para febrero. Un nuevo fogonazo inflacionario podría ser letal para el Presidente, consideran los gremios.
El crédito social, la cruzada antiinflacionaria y la moderación del mercado cambiario mantienen alto todavía los niveles de aceptación de Milei, que retomó su promesa de la dolarización de la economía doméstica. Domingo Cavallo, que se volvió un asesor en las sombras de la gestión libertaria, confesó entre empresarios sentirse algo reivindicado por lo que considera un sinceramiento de la economía y se animó otra vez a frecuentar las mesas de Café Tabac sin temor al escrache y la reprobación.
Por Nicolás Balinotti – La Nación
