Sergio Massa fue denunciado este lunes por utilizar en su viaje a Córdoba como candidato a presidente un vehículo que pertenece a una firma que es proveedora del ministerio de Economía.
Quienes hicieron la presentación fueron los abgogados José Lucas Magioncalda, Juan Martín Fazio y Juan Otegui,todos ellos integrantes de Fundación Apolo Bases Para el Cambio.
La denuncia, a la cual tuvo acceso Diario Mendoza Today, explica: “Que venimos a denunciar al Sr. Ministro de Economía, Dr. Sergio Massa y a todo otro funcionario que hubiese tomado parte en los hechos que se describen en esta presentación, por la conducta tipificada en el artículo 261 del Código Penal (malversación de caudales públicos), y a solicitar se inicie una investigación por violación del art. 15 de la ley 26.215”.
A continuación se explica que el pasado 5 de agosto, el periodista y twittero @gonziver publicó en Twitter una investigación de su autoría en la que sostuvo, aportando fotos y documentación, que el vehículo patente AF 477 NX, modelo Toyota Hiace Wagon 2.8., en el que Sergio Massa viajó a la Provincia de Córdoba, en carácter de candidato presidencial2, pertenece a la firma L Alliance SA, es proveedora del Ministerio de Economía, alquilando a esa cartera un total de 6 camionetas y 12 automóviles. “Uno de esos vehículos, coincide con el modelo Toyota antes mencionado, por el que el Estado Nacional abona a la contratista una suma superior a los 15 millones de pesos mensuales”, según la presentación de marras.
De acuerdo a los denunciantes, “queda claro que la utilización del mencionado vehículo, para una actividad propia de la campaña electoral, importa el empleo, en provecho del denunciado, de un servicio pagado por la administración pública, razón por la cual, el candidato peronista a la Presidencia de la Nación, se encontraría incurso en el delito de Malversación de caudales públicos”.
Asimismo, destacan que el art. 15 de Ley 26.215 prohíbe la aceptación por los partidos políticos de aportes de entidades centralizadas o descentralizadas, nacionales, provinciales, interestaduales, binacionales o
multilaterales, municipales o de la Ciudad de Buenos Aires; o permisionarios, empresas concesionarias o contratistas de servicios u obras públicas o proveedores de la Nación, las provincias, los municipios o la Ciudad de Buenos Aires; y, asimismo, de acuerdo con el art. 16 quater del mencionado texto legal, la prestación brindada para fines proselitistas constituye un aporte en especie.
