“El gobernador, (Osvaldo) Jaldo, nos dio precisas instrucciones para que actuáramos. No sólo ordenó que se llegue a las últimas consecuencias, sino que además cambiemos todos los sistemas de control que existen”, señaló el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso. La principal será cambiar el sistema de distribución de los módulos.
“Estará a nuestra órbita, nada será tercerizado”, adelantó. Según trascendió, la idea es dejar de contar con los servicios de la empresa Piedra de Hacha, que según trascendió, recibiría unos $25 millones mensuales. “Estuvieron haciendo averiguaciones y podrían alquilar un depósito por $5 millones, si es que no se consigue uno del Estado”, señaló una fuente de Casa de Gobierno.
Las organizaciones comenzarían a recibir los módulos listos y no que sean ellos los que se encarguen de dividir los productos. La idea, según confiaron fuentes de Desarrollo Social, podría ser realizada por las personas que reciben el beneficio Potenciar Trabajo y que no tienen asignada una tarea. “Tenemos que transparentar todo el sistema. El daño que están haciendo es muy grande y afecta a las personas que no tienen qué comer. Por eso vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, explicó el ministro.
Mientras la investigación avanza, Masso decidió tomar varias resoluciones. La primera de ella es enviar a empleados de la repartición a la empresa para que controlen la entrega de la mercadería. La otra, exigir a las personas que las retiran a que presenten un listado donde se informe cuál es el destino final de los víveres.
