El fiscal federal Diego Velasco apeló el sobreseimiento que los jueces del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) firmaron a favor de Cristina Kirchner, sus hijos y los demás imputados en los casos Los Sauces y Hotesur. Se trata de las empresas familiares investigadas por haber sido el supuesto vehículo para lavar 120 millones de pesos “con la simulación de contratos de alquiler en el rubro hotelero e inmobiliario”, según calificó el representante del Ministerio Público Fiscal, quien insistió con un planteo ya formulado: el juicio debe realizarse.
En al menos seis ocasiones a lo largo de su escrito, el fiscal fue determinante al explicar que la mejor instancia para resolver la culpabilidad o inocencia de la vicepresidenta, sus hijos y otros 13 acusados es el juicio oral y público.
En el dictamen de 249 páginas al que accedió Clarín, Velasco sostuvo que la decisión de los jueces del TOF 5 es “arbitraria”, ya que “padece de omisiones y desaciertos de gravedad extrema que las invalidan como actos judiciales contaminadas de groseros errores jurídicos y se han utilizado argumentos falaces que provocaron conclusiones falsas”.
Respecto de esos jueces, el fiscal destacó que “su función principal radica en REANALIZAR el caso en un debate oral y público con amplitud probatoria para todas las partes, con posibilidad de que todos interroguen a los testigos e incluso de que los jueces se saquen sus dudas y allí, con esa inmediación con la prueba, fallen de acuerdo a la sana critica racional, habiendo escuchado previamente las hipótesis de las partes“. Entonces, reiteró que los Tribunales “no pueden desanturalizar” sus funciones.
El representante del Ministerio Público recordó que aún hay varias medidas de prueba en curso, más específicamente dos pericias sobre ambas empresas, donde se pusieron bajo análisis todos los contratos celebrados. La correspondiente a Los Sauces concluía en diciembre, y el informe preliminar había arrojado una serie de irregularidades como pagos que no se condicen con su documentación, libros contables faltantes, falta de fondos para la adquisición de propiedades.
Las medidas de prueba que se encuentran en curso”, pedidas por la vicepresidenta incluyen: pericias contables, tasaciones, informes”, entre otros. Pero Velasco también se refirió a documentación e información que es “retaceada por ciertos organismos públicos provinciales –Municipalidad de Río Gallegos y Calafate-, que no hacen más que confirmar su importancia, y su restricción en este momento afectaría gravemente los derechos de esta parte, privando incluso al sentenciante el abordaje íntegro del plexo probatorio”.
Pese a esa situación, hace veinte días que los dos jueces del TOF 5 votaron el sobreseimiento de la vicepresidente, de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y otros trece acusados. En aquel fallo sostuvieron que no podía sostenerse la tesis de las maniobras de lavado de dinero y discutieron la figura por presunta asociación ilícita que pesaba sobre Cristina Kirchner.
Hubo una fuerte crítica a los jueces por parte de la fiscalía, al decir que “se pretende, so pretexto de un derecho falazmente invocado, volver a un proceso escrito convirtiendo a Jueces de Tribunal Oral en los derogados jueces de sentencia, retrotrayendo el proceso 30 años, pero incluso con menos posibilidades de las que tenía ese Juez, quien podía abrir a prueba”. Por ese motivo insistió en que “la verdad material sobre lo acontecido habrá de determinarse en definitiva en el marco del debate oral y público”
En su dictamen, Velasco se ocupó de refutar los principales argumentos de la defensa de Cristina Kirchner a cargo de Carlos Beraldi, que había sostenido que al estar bancarizados los pagos de las empresas que Lázaro Báez y Cristóbal López realizaron a las firmas de los Kirchner, se podía realizar la trazabilidad de dichos fondos y que entonces no había ocultamiento ni dinero de origen espurio. Beraldi también había dicho que en el movimiento de dichos fondos intervinieron el fisco y entidades bancarias.
“Resulta una obviedad que el delito imputado requiere una connivencia dolosa y por ende el conocimiento por parte del receptor de la ilegalidad de la procedencia del dinero, que claramente cuando el receptor es de buena fe –AFIP-, determinaría la inexistencia del tipo penal”, dijo el fiscal. Entendió además, que las pruebas de la instrucción “son contundentes” para rechazar el argumento esgrimido por el abogado de la vicepresidenta, “ya que incluso se sostiene en la acusación la existencia de una asociación ilícita”.
Por otro lado, la fiscalía sostuvo la acusación por el delito de lavado de dinero: “el error de los jueces es pensar que el lavado se agota en Lázaro Báez, mientras que las maniobras imputadas en esta causa son las maniobras de lavado realizadas para que el dinero llegue con apariencia de licitud a los titulares de las empresas Los Sauces y Hotesur, mediante contratos simulados e innecesarios. Con el pago inicial del Estado era Lázaro quien lavaba el dinero, pero en los pasos siguientes lo lograban lavar los destinatarios finales“, razonó. “Al dinero debía dársele apariencia lícita para TODOS los beneficiarios, no sólo Báez, sino todos los imputados”.
“Recordemos incluso que Lázaro Báez fue condenado recientemente por el lavado de dinero realizado en forma posterior a su depósito por parte del estado en relación a los contratos de la obra pública”, escribió Velasco.
Defendió además el delito precedente que en el dictamen acusador se estableció en las maniobras irregulares que permitieron que Báez obtenga 51 contratos viales por 46.000 millones de pesos. Dijo que el circuito de movimientos de fondos “es claro y evidente”, y que cuenta con los elementos necesarios para ser considerado el caso de la presunta corrupción en la obra pública, como delito precedente del lavado de dinero en Hotesur y Los Sauces.
Hay un concepto reiterado en la apelación de Velasco: no se puede estar con el caso elevado a juicio oral, revisando cuestiones ya resueltas en las instancias anteriores. Cristina ya había pedido ser sobreseída en reiteradas oportunidades.
En ese sentido dijo que el abogado Beraldi “reedita esos argumentos como ‘novedosos’, siendo que los mismos ya han sido planteados en innumerables ocasiones ante los diversos juzgados o tribunales o alzadas en donde se ventilan hechos en los cuales se encuentren imputados sus asistidos y que guardan algún tipo de relación con la presente causa”. Para que los expedientes Hotesur y Los Sauces lleguen a juicio oral, intervinieron más de una docena de funcionarios judiciales en cada caso.
Frente ese escenario, Velasco dijo que el abogado de Cristina Kirchner “ante todos y cada uno de los planteos ha recibido una respuesta, completamente motivada pero negativa a sus pretensiones defensistas”, y pese a eso “otra vez se intenta reproducir argumentaciones defensistas meramente dilatorias, que sólo pretenden evitar la etapa concreta y específica del juicio oral y público”.
Una vez concedida la apelación por parte del Tribunal Oral Federal 5, la misma será elevada a la Cámara de Casación. Será la Sala I, integrada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barrotaveña y Ana María Figueroa, la responsable de resolver si Cristina Kirchner y los demás acusados deberán afrontar el juicio oral o no.
