El ascenso de Javier Milei es, vaya novedad, una estación más del largo camino de los partidos políticos hacia la irrelevancia. El Presidente confirma eso cada vez que elige como interlocutores a los gobernadores, tanto sea para castigarlos como para convocarlos: en este caso no hay mucha diferencia.
Con la Reforma Constitucional del año 1994 que instauró el voto directo y la desaparición de los colegios electorales, los gobernadores perdieron la influencia que conseguían sobre los presidentes cuando designaban a buena parte de los electores que terminaban ayudándolos a llegar a la Casa Rosada.
Así, muchas de las provincias quedaron gobernadas por funcionarios cuya supervivencia política dependió de los giros discrecionales del gobierno central más que de su propia economía regional. Esa decadencia se revirtió en pocas ocasiones, que casi invariablemente estuvieron asociadas a los problemas de los partidos como ordenadores de los conflictos y los acuerdos políticos. La crisis de 2001 fue una de ellas.
En aquel momento, además de Eduardo Duhalde y Raúl Alfonsín, aparecieron los gobernadores -en su mayoría peronistas- presionando o dialogando con la Casa Rosada cada día. Quince años más tarde, durante el gobierno de Mauricio Macri, la Nación incrementó la porción de recursos que financiaban a las provincias y muchos gobernadores e intendentes consiguieron aumentar su independencia.
Además de las billeteras en mejores condiciones, la pulverización de los partidos políticos, que llegó a su máximo nivel en las últimas elecciones, les devolvió a los gobernadores parte de la potencia perdida. Milei se decidió, entonces, a entenderse y desentenderse con ellos y no con el resto de los dirigentes políticos.
Ayer viernes prácticamente todos los gobernadores llegaron a la Casa Rosada para escuchar lo que tenía para decirles el Gobierno. También presentaron una lista de reclamos, todos ellos ordenados en el eje presupuestario. Para resumirlo, los gobernadores dijeron que, si se suma la deuda por las transferencias que estaban previstas para 2023 con las que el Gobierno no haría durante todo 2024 si sigue con la mano cerrada, las provincias tendrán entre 4,3 y 4,7 billones de pesos menos.
Entre los rubros afectados están los Aportes del Tesoro Nacional que estaban presupuestados y que quedaron sin distribuirse, las transferencias por el Impuesto al Cheque que estaban previstas en el consenso fiscal de 2017 que las provincias firmaron con Macri y la recaudación del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto a las Transferencias de los Combustibles.
Todo ello fue planteado en el encuentro que mantuvieron esta semana los ministros de Economía provinciales con el Secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Pero, se sabe, Milei prefiere hablar de las leyes que necesita en el Congreso más que de los números que desesperan a los gobernadores. Ahí, justo en ese punto, su esquema de negociación va a crujir.
La razón es que las cámaras de Diputados y Senadores son el último refugio que encontraron los partidos. Es cierto que los bloques hoy están atomizados como nunca antes, pero el Congreso es, tal vez, el último lugar en el que los dirigentes partidarios conservan algún peso y donde incluso la influencia de los gobernadores encuentra sus límites.
