La derrota del Gobierno en el Senado, con el rechazo del megadecreto desregulador era esperada y fue rápidamente asimilada por Javier Milei. Lejos de exhibir preocupación por este nuevo traspié legislativo, desde la Casa Rosada se busca transmitir que el Presidente no necesita del Congreso para ordenar la macroeconomía, al tiempo que se cree que podrá capitalizar políticamente cada maniobra de los sectores de la oposición que no quieren el cambio.
Pocos imaginarían a Milei como un exponente del aikido, arte marcial japonés caracterizado por la utilización de la energía del propio adversario para controlarlo y doblegarlo, mucho más que por los golpes directos. Al aikido se lo conoce como el arte de la suavidad. No es lo que Milei aparenta. Sin embargo, el propio jefe del Estado está convencido de que podrá volcar a su favor, incluso de cara a las elecciones legislativas de 2025, cada acción de sus oponentes que trabe sus iniciativas y que será así cómo va a desenmascararlos ante la opinión pública.
Milei se siente cómodo presentándose como víctima de quienes no quieren dejarlo gobernar. En tal sentido, sus voceros destacan que nunca hasta antes de anoche el Congreso le había rechazado un decreto de necesidad y urgencia (DNU) a un Presidente, al tiempo que recuerdan que también el actual mandatario sufrió el paro general más temprano que le haya realizado el sindicalismo argentino a un gobierno.
Definitivamente, el jefe del Estado está persuadido de que su éxito en el corto plazo dependerá de que pueda cumplir sus objetivos en materia económica. Y considera que para terminar con el déficit fiscal, llevar la emisión monetaria a cero, bajar la inflación y salir del cepo cambiario no requerirá contar con el aval del Poder Legislativo. El resultado que arrojó la votación sobre el DNU 70/2023 fue contundente: 42 votos en contra y 25 a favor, con 4 abstenciones.
Aun así, hay algunos datos favorables para el oficialismo mileísta. Uno de ellos es que Milei sigue avanzando lentamente en la reconfiguración del mapa de fuerzas políticas, a partir de su intención de provocar una nueva polarización entre los partidarios del cambio y aquellos que se enfrentan a él. Por caso, logró dividir al bloque de senadores del radicalismo. Martín Lousteau, titular del comité nacional partidario, llevó la voz cantante en contra de la legalidad del DNU.
Pero solo fue acompañado por dos senadores de su fuerza política: Pablo Blanco, de Tierra del Fuego, y Edith Terenzi, de Chubut. Otros nueve legisladores de la UCR acompañaron el megadecreto y uno (el bonaerense Maximiliano Abad) optó por abstenerse en la votación. Si semejante relación de fuerzas dentro del radicalismo se repitiese en la Cámara de Diputados, resultará difícil que los opositores al decreto 70/2023 alcancen el número de votos suficientes para voltear definitivamente la medida.
Cabe recordar que, de acuerdo con la legislación vigente, que consagra el hiperpresidencialismo y fue sancionada en su momento a instancias del kirchnerismo, para que un decreto de necesidad y urgencia pierda vigencia, debe ser rechazado por ambas cámaras del Congreso. Lo cierto es que, si la discusión sobre el DNU llega a la Cámara baja, el debate en el seno del radicalismo se intensificará. Ayer, en el Senado, algunos representantes de Juntos por el Cambio se las vieron en figurillas para encontrar argumentos en favor del megadecreto.
El mendocino Rodolfo Suárez sostuvo que la medida era constitucional, al referir, entre otras cosas, que el 29% de las leyes que derogaba habían sido dictadas por gobiernos de facto, al tiempo que muchas de las normas derogadas o modificadas habían sido sancionadas antes de la extensión de Internet y de la llegada de la revolución digital. El cordobés Luis Juez, en tanto, sugirió que Milei puede no conocer nada de política, pero tiene clara su hoja de ruta, por lo que corresponde apoyarlo.
Hubo legisladores, como el radical correntino Eduardo Vischi, que aportaron algunos matices al debate; concretamente, este senador sostuvo que no era el momento de rechazar el DNU, pero observó que “para que el cambio sea profundo, tiene que ser consensuado”. Las dificultades también aparecieron en el kirchnerismo, más allá de la unanimidad a la hora de rechazar el megadecreto de Milei. Es que pareció que, de pronto, algunos kirchneristas descubrieron que existe la Constitución Nacional a la hora de fundamentar la inconstitucionalidad del decreto.
Muy rara vez el peronismo se preocupó por la constitucionalidad de los decretos emitidos por presidentes de su signo político. Eduardo Duhalde firmó 154 en poco más de un año al frente del Estado; entre Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, dictaron 314 en sus 12 años de gestión, en tanto que durante la presidencia de Alberto Fernández, se emitieron 178 decretos. La inmensa mayoría de ellos ni siquiera fue revisada por el Congreso.
Llamó la atención escuchar al senador de Unión por la Patria José Mayans exigirle al actual gobierno que respete la división de poderes y la Constitución, luego de que Cristina Kirchner se cansara de opinar que nuestra organización institucional, basada en la división tripartita de poderes, es muy vieja por cuanto –según la expresidenta– data de la Revolución Francesa de 1789, cuando no existían ni la luz eléctrica, ni los automóviles ni los teléfonos celulares.
A Mayans habría que recordarle también los atropellos a las instituciones por parte del gobernador de su provincia, Gildo Insfrán, quien gobierna Formosa como un feudo en forma ininterrumpida desde diciembre de 1995 hasta hoy. ¿Qué ocurriría si la Cámara de Diputados voltea definitivamente el DNU desregulador? En principio, el plan B de Milei pasaría por insistir con otro DNU, tal vez más acotado, pero igualmente efectivo hasta que el Congreso volviese a rechazarlo.
La apuesta de Milei sería ganar por cansancio con el único instrumento del que dispondría para gobernar si no hay posibilidad ni voluntad de acordar con la oposición, algo que al propio Presidente nunca lo ha seducido. No obstante, seguirá el diálogo con los gobernadores que vienen llevando a cabo el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos. Claro que Milei nunca ha estado muy convencido de que el Pacto de Mayo se vaya a concretar, y después de lo sucedido en el Senado, sus expectativas serían incluso menores.
La duda es si puede recrearse la confianza de inversores sin sustentabilidad política, si pueden llegar nuevas inversiones productivas si el Gobierno no puede lograr la sanción de una sola ley y no hay posibilidad de instrumentar reformas estructurales que necesariamente requieren del aval parlamentario. Por ahora, el Presidente sabe que puede seguir sufriendo no pocas derrotas políticas, pero entiende que la batalla que no puede darse el lujo de perder es la cultural.
