Javier Milei, el candidato a presidente por La Libertad Avanza, le reclamó a Alberto Fernández que suspenda y revoque una serie de decisiones que tomó el Gobierno y que el libertario entendió como “acciones contra el sistema democrático” de carácter partidario. El diputado formuló reserva de acudir a la justicia para iniciar acciones civiles y penales si no se da marcha atrás con esas decisiones. Puntualmente, le exigió al Presidente “que se abstenga de desplegar cualquier conducta material; o bien dictar o ejecutar cualquier acto administrativo que pueda condicionar y/o dificultar la gestión de las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional que asumirán la conducción del país a partir del 10 de diciembre de 2023″.
“Le corresponde a usted asumir su cargo y permitirle a la sociedad argentina tener elecciones limpias y justas, sin que los recursos públicos actuales y futuros continúen siendo utilizados para la campaña electoral de su Ministro de Economía. Si, como es de esperar, continuara con su silencio y su inacción, será cómplice de una conducta que afecta al sistema democrático y pasible de las responsabilidades que ese proceder conlleve”, sostuvo en la misiva, a la que accedió Infobae.
En la carta dirigida al jefe de Estado, Milei sostuvo: “Denuncio la grave e ilegítima actuación en la que ha incurrido el Estado Nacional y solicito al Sr. Presidente de la República Argentina, en los términos de los artículos 14 de la Constitución Nacional y XXIV del de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre), la inmediata revocación (o en su caso, el inicio de las correspondientes acciones de lesividad) de los siguientes actos administrativos por ser, conforme será demostrado a lo largo del presente escrito, manifiestamente nulos de nulidad absoluta e insanable”.
Allí, el líder libertario cuestiona resoluciones de la Secretaria de Energia, del Conicet, de la jefatura de Gabinete, el ENRE, el ENACOM el Registro Nacional de las Personas “y/o todo otro acto que tenga por objeto o efecto comprometer los recursos del Estado Nacional más allá de la fecha en que finaliza su mandato y que adolezcan de los graves vicio” que el escrito denuncia.
También exigió al jefe de Estado “que se abstenga de desplegar cualquier conducta material; o bien dictar o ejecutar cualquier acto administrativo que pueda condicionar y/o dificultar la gestión de las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional que asumirán la conducción del país a partir del 10 de diciembre de 2023″.
El texto sostiene: “Hasta tanto se efectivice la revocación requerida, requiero al Poder Administrador que, de conformidad con lo establecido por el artículo 12 del Decreto Ley 19.549 (“DLNPA”)- y 13, inciso 2 de la Ley de Medidas Cautelares contra el Estado 26.854, disponga la inmediata suspensión de los actos aludidos; y ordene o requiera, según corresponda a las respectivas dependencias administrativas a que procedan de igual modo”. Milei aclaró que no incluía en esta exigencia a “aquellos actos que se refieran a recursos indispensables de los que dependa la normal marcha de la administración y la prestación de los servicios esenciales a cargo del Estado”.
“Formulo expresa reserva de acudir a la Justicia a fin de instar las acciones penales y civiles a los que su negativa u omisión diera lugar”, advirtió.
A lo largo de 31 páginas, el candidato a presidente afirmó: “El 10 de diciembre de 2023 asumirán las nuevas autoridades elegidas por el voto popular en las elecciones que se desarrollarán el 22 de octubre de 2023. Se trata de un momento gravitante en la vida de una Nación. No solamente por el significado republicano y democrático de toda jornada electoral, sino especialmente, por el impacto que puede tener en el rumbo de un país la elección un determinado programa de gobierno. Numerosos fueron (y siguen siendo) los actos administrativos (irrazonables e ilegítimos) dictados por la administración pública tanto centralizada como descentralizada que comprometen el presupuesto futuro, condicionan la actuación de los gobernantes futuros y perjudican, en definitiva, el progreso de los argentinos”.
Puntualmente, aludió a las resoluciones 332, 334, 335 y 336 de la Secretaría de Gestión y Empleo Público dependiente de la Jefatura de Gabinete de la Nación, del 22 de agosto de 2023, que ordena el inicio del proceso para la cobertura de más de cuatrocientos cincuenta y cinco cargos para el Ministerio de Seguridad, Ministerio de Obras Públicas, Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación; y de la resolución 607 de la Secretaría de Energía, del 20 de julio de 2023, en donde se llama a concurso abierto para la designación de los cargos de presidente, vicepresidente y vocal primero del Directorio del ENRE.
También se cuestiona el Decreto 443/2023, del 5 de septiembre de 2023, que restablece de forma transitoria el Programa de Incremento Exportador, con el objetivo de promover la exportación de manufacturas de soja para aquellos sujetos que hayan exportado dentro de los dieciocho (18) meses inmediatos anteriores a la entrada en vigencia de la norma alguna de las mercaderías de soja detalladas en el anexo del Decreto 576/22; o la disposición 893 del Director Nacional del Registro Nacional de las Personas, del 8 de septiembre de 2023, que adjudica la Licitación Pública de Etapa Única Nacional para la adquisición de soluciones tecnológicas que incluyan maquinaria, insumos, diseño, software y capacitación para la producción del Nuevo DNI Electrónico Argentino y del Nuevo Pasaporte Electrónico Argentino.
A la lista se agregó la resolución 336 CONICET, del 18 de abril de 2023, en la cual prueban los perfiles aportados por las Universidades y Organismos Nacionales requeridos en el marco de la convocatoria “Ingreso a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico” para incorporar ciento ochenta (180) investigadores a la Carrera del Conicet en la Modalidad Fortalecimiento. O las Resoluciones 364 y 365 del ENRE, del 25 de abril del 2023, donde se inicia el Proceso de Revisión Tarifaria Integral (“RTI”) para las empresas de transporte de energía eléctrica bajo jurisdicción nacional. Se sumó a la lista la resolución 1285/2023 del Ente Nacional de Comunicaciones (“ENACOM”), del 28 de agosto de 2023, en la cual se llama a concurso para la adjudicación de bandas de frecuencias destinadas a la prestación del Servicio de Telecomunicaciones Fiables e Inteligentes.
Para Milei, ” tras cuatro años de absoluta inactividad (ausencia de políticas públicas serias en materia económica, manifiesto apartamiento de los marcos regulatorios aplicables a los servicios públicos, restricciones inadmisibles al comercio exterior, regulaciones sobre el mercado de divisas, falta de políticas en materia de infraestructura y energía, y de un crecimiento inusitado del Sector Público Nacional);el Poder Ejecutivo Nacional (encabezado, en los hechos, por el actual Ministro de Economía y candidato a Presidente de la Nación) pretende comprar la voluntad del electorado mediante medidas de carácter populista, carentes de planificación o análisis económico alguno y con un costo fiscal elevado que deberá ser atendido por las próximas autoridades de gobierno”.
Según sostuvo, “frente a la proximidad de las elecciones generales, todo desvío de poder, por el cual el partido gobernante se sirva de los recursos estatales para beneficio propio, no solo constituye un hecho evidente y notorio de corrupción16, sino también un atentado contra el sistema democrático (art. 36 CN), base esencial del respeto a los derechos humanos (art. 3, Carta Democrática de la OEA).”
Puntualizó que se expone “manifiesta y evidente, la actuación ilegítima del Estado Nacional, a través de medidas irrazonables, violatorias al ordenamiento jurídico, de finalidad partidaria y electoral y perjudiciales para el erario con graves consecuencias para los ejercicios futuros: (i) empleo y cargos público; (ii) contrataciones públicas; (iii) régimen tarifario de los servicios públicos; y (iv) comercio exterior”.
“No existe ningún argumento lógico valedero que, de buena fe, permita justificar la razonabilidad y proporcionalidad de la decisión de incorporar centenares de empleados públicos a perpetuidad que gozarán de salarios privilegiados en comparación con la calamitosa situación que atraviesa la mayoría de los trabajadores argentinos, máxime cuando dichos puestos no tendrán productividad alguna”.
Y añadió: “tampoco es, en absoluto, razonable plagar los puestos de trabajo del Sector Público de militantes que no harán más que intentar poner palos en la rueda a las gestiones cotidianas de quien conducirá el Estado Nacional más allá del 10 de diciembre próximo. Además, el modo repentino e intempestivo en que el Ejecutivo ha iniciado estos procedimientos administrativos para cubrir empleos públicos permanentes sobre el final de su mandato genera sospechas serias respecto del cumplimiento de los principios de ética y transparencia que debe primar en todo expediente administrativo y, más aún, en aquellos en los que se tramitan procesos de selección de personas que se incorporarán a la planta permanente del Estado”.
