Comenzó la cuenta regresiva para el traspaso de mando y el presidente electo Javier Milei se alista para lidiar con un doble reto apenas asuma el poder. Por un lado, pretende poner en marcha un plan de ajuste e impulsar, en una prueba contra reloj, un paquete legislativo con reformas urgentes con el fin de comenzar a corregir los desequilibrios macroeconómicos para domar la inflación. Mientras tome medidas para bajar el déficit, deberá sostener la gobernabilidad, ya que arrancará su travesía en la Casa Rosada con un contexto político y social incierto y una fuerza minoritaria en el Congreso, donde enfrentará un escenario muy fragmentado.
Desde que derrotó a Sergio Massa en el balotaje, Milei patentó la frase “no hay plata” para ratificar su intención de avanzar con una profunda reducción del gasto público desde el minuto cero de su mandato. Sin embargo, anticipó que no desmantelará de arranque la red de contención social. “Contener a los caídos”, repite. Más bien apostará por una suerte de continuidad temporal en esa materia para transitar la primera fase de ajuste sin sufrir un estallido o que la pobreza –que ya alcanza al 40% de la población– se dispare a un niveles récord. De hecho, avisó que Sandra Pettovello, la futura ministra de Capital Humano, que tendrá bajo su órbita a Desarrollo Social, Trabajo y Educación, será la única funcionaria que podrá disponer de fondos extra para atender el rosario de demandas del espectro social mientras dure el período de ajuste y de transición para estabilizar la economía. Pettovello tendrá, en términos de Milei, la “billetera abierta”.
Si bien no prevé eliminar los planes sociales o avanzar en una drástica reducción en el arranque de su gestión –piensa hacerlo de forma progresiva–, Milei prepara un rediseño del esquema actual. Su objetivo primordial es lograr la desintermediación en la asignación de los programas asistenciales para lograr mayor transparencia y eficiencia en el reparto de los fondos y, sobre todo, quitarle poder de fuego a las organizaciones sociales. Prometen no tener una actitud concesiva.
El equipo de La Libertad Avanza que integran Pettovello; el pediatra Pablo De la Torre, un dirigente del conurbano con estrechos vínculos con la Iglesia, que se encamina a ser el secretario de Desarrollo Social, y el abogado laborista Omar Yasin, destinado a comandar la secretaría de Trabajo; delinean por estos días los aspectos centrales de la reforma en materia de política asistencial.
Pettovello, De la Torre y Yasin debaten, ante todo, la estrategia para lograr el corrimiento de las organizaciones sociales con extremo hermetismo, a sabiendas de que deberán lidiar con las organizaciones piqueteras más combativas a la hora de revisar la entrega de fondos. Preocupa el control de la calle ante la chance de protestas. Fuentes al tanto de las discusiones internas anticipan que evalúan distintas opciones para que el Estado pueda entregar la ayuda social de manera directa. En principio, analizan la chance de que la asistencia se otorgue a través de una tarjeta. En rigor, el grueso de los programas de asistencia social ya se encuentran bancarizados, con la excepción de algunos mecanismos de entrega de alimentos y herramientas.
Entre las principales medidas que piensan impulsar está la transformación del plan Potenciar Trabajo –que tiene más de 1.250.000 beneficiaros, según fuentes oficiales– en programas de empleo, formación profesional y capacitación. A su vez, procuran avanzar con auditorías apenas asuman para evitar irregularidades en el reparto, exigir la contraprestación de trabajo y establecer una temporalidad. Además, De la Torre, quien ya mantuvo dos reuniones con Victoria Tolosa Paz para encarar la transición, habló de la necesidad de atender las condiciones sociales de la primera infancia. Por eso, propuso construir los Centros de Infancia y Familia como los que impulsó en San Miguel, donde concentraría la inyección de fondos.
Yasin, apadrinado por Jorge Triaca, y De la Torre, hermano de Joaquín, senador provincial y exintendente de San Miguel, trabajan en tándem en una reorganización del sistema actual, que cuenta con más de cien planes sociales en la cartera de Tolosa Paz. En especial, les urge atender el traspaso del programa Potenciar Trabajo del área de desarrollo social a la cartera laboral, una medida que oficializó Massa el pasado 31 de octubre, a través del 565/2023, y que entrará en vigor a partir del próximo 1 de enero. Esa modificación del sistema establece que los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo tendrán capacitación laboral obligatoria.
Yasin y el posible subsecretario de Empleo, Luis Palomino, otro hombre cercano a Triaca, prevén dedicarse los primeros tres o cuatro meses de gestión a integrar las bases de los beneficiaros –que ahora tiene una mirada meramente asistencialista– y convertirlos en planes de capacitación y formación profesional para el empleo.
“Ahora vamos a cambiar la filosofía: te doy la ayuda, pero en el ínterin te preparo, te capacito en distintos niveles y programas. Aquellos que no se pueda incorporar quedarán bajo la órbita de Desarrollo Social”, explica una dirigente de LLA que participa de las conversaciones. En el equipo prevén que se trata de una tarea mayúscula, por lo que no descartan la creación de un “equipo especial” o una agencia para encarar el traspaso. Aseguran que los beneficiarios de asistencia social que cumplan con los requisitos deberán participar de programas de capacitación y formación profesional para conseguir un empleo. Una meta que los planes de cooperativas incluyen desde su creación, en 2009, aunque de cumplimiento incierto.
El seguro de desempleo, especulan, no integraría el capítulo laboral de la ley ómnibus de Milei. “En esta primera instancia apuntamos a la simplificación de la registración del trabajo y el tema de la eliminación de las multas”, aseguran.
A la espera de señales
La cautela y la incertidumbre marcan los días de las organizaciones sociales durante la transición. Expectantes, aguardan tener señales más claras sobre cómo el nuevo gobierno va a implementar los lineamientos –muy generales– que esbozó hasta ahora en materia social: mantener la asistencia para con los “caídos” –tal como precisó el presidente electo– y “transparentar” el proceso eliminando la “intermediación” de los movimientos sociales en el reparto de los planes sociales.
Tomás cuesta
En principio, la drástica reducción del gasto público que promueve el gobierno entrante encontraría un freno en el área social y el “no hay plata” –que a la puerta de la asunción reemplazó a la motosierra– no comprendería al auxilio estatal para con los sectores más postergados. Sin embargo, esto no lleva tranquilidad a las agrupaciones sociales que miran y escuchan con igual desconfianza la llegada y los primeros mensajes de un gobierno en pleno armado cuya área social se encuentra en estado de planificación.
La eliminación de la “intermediación” que ejercen las organizaciones con los planes, uno de los lineamientos del gobierno entrante, es relativizada por algunos de los referentes sociales. Entienden que la mediación no es tal y que el rol de las organizaciones “va mucho más allá” del manejo de planes sociales. “Los intermediarios son los punteros de los Municipios contra los que luchamos en cada barrio”, apunta Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, que pide por la universalización de la asistencia para cortar de cuajo con la intermediación.
Una primera señal podría derivar de un reclamo que su espacio mantiene con el actual oficialismo. Belliboni, referente del principal movimiento de Unidad Piquetera –un frente opositor al gobierno de Alberto Fernández que nuclea a un sinfín de organizaciones– se reunirá con funcionarios del ministerio de Desarrollo Social para exigir e insistir con un bono de fin año para los beneficiarios del Plan Potenciar. De no llegar a un acuerdo, el gobierno entrante tendrá, a su arribo y en pleno diciembre, un primer desafío entre manos con el que mostrará cuan flexible o concesivo será frente a los reclamos. Una primera muestra que marcará el rumbo de acción en política social.
Por el momento, la mayoría de las organizaciones evita salir con los tapones de punta. Procuran no dar un paso en falso que los exponga en medio del recambio con alguna medida o pronunciamiento destemplado contra la agenda del presidente electo. Además, el armado del nuevo gobierno, el contexto de crisis económica y lo cosechado en las urnas, le otorgan al próximo oficialismo cierto grado de “comprensión” por parte de los movimientos sociales y le compran un margen de tiempo –incierto– para desembarcar en el gobierno.
Los movimientos más afines al oficialismo en retirada, algunos de cuyos referentes ocupan cargos en áreas vinculadas al sector social, ya ensayaron contactos con los encargados de la esfera social del nuevo gobierno, pero no se llevaron certezas y esperan con “firmeza y paciencia” una señal más clara.
Emilio Pérsico, a cargo de la secretaría de Economía Social, Fernando “Chino” Navarro –líderes ambos del Movimiento Evita– y Daniel Menendez –referente de Somos Barrios de Pie– mantuvieron reuniones con De la Torre y el futuro ministro del Interior, Guillermo Francos. “Nos dijeron que todo va a seguir igual, que no quieren problemas sociales, pero no saben qué van a hacer. Está todo muy improvisado”, dice un referente al tanto de las conversaciones. “No hay ninguna certeza”, añaden en las filas del Evita. La falta de un esquema fino detrás del rearmado ministerial –que reduciría a ocho las carteras– y, en consecuencia, la falta de un plan de acción concreto –más allá de las ideas orientativas– hacen crecer las dudas en las organizaciones, que no se precipitan. “Hay que esperar”, repiten.
Hernán Zenteno – LA NACION
Las agrupaciones opositoras ligadas a la izquierda, en tanto, recibirán al gobierno entrante con reivindicaciones atendidas solo parcialmente por el gobierno Fernández –el bono de fin de año es solo una– y no han tenido aún ningún acercamiento con Francos ni con De la Torre. Ya tienen previstas movilizaciones para los primeros días de la era Milei.
En las filas de Libres del Sur, una organización con alcance nacional, son más cautos y aguardan los primeros movimientos de Milei en el gobierno. “Entendemos que están haciendo la transición”, explica Silvia Saravia, referente de la agrupación. “Hay que ver cómo se lleva a la práctica. No nos vamos a guiar por los discursos de campaña”, asegura, en relación a la continuidad de la asistencia social.
“Las perspectivas de ajuste y estanflación no son auspiciosas. Si dice que va a tener la ‘billetera abierta’ es porque el universo de gente con demandas se va a ampliar. Está planteando un agravamiento de la situación y no hay resto”, advierte Saravia, que no pierde de vista que una parte muy importante del electorado acompañó al libertario en las urnas.
En tanto, la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el movimiento que agrupa a los trabajadores de cooperativas y que cuenta con más de 400.000 afiliados, atraviesa un proceso de formalización –el lunes oficializan un recambio de autoridades como resultado de elecciones internas– y en juego con ese proceso interno, esperan que los nombres y cargos del gobierno entrante en las áreas sociales estén firmes para iniciar conversaciones. Pedirán reuniones para presentar su agenda y llevarse precisiones.
Un referente del Evita, que no se despega del “despelote” que “armó” el oficialismo, advierte que hay un “desconocimiento profundo” en la realidad de los sectores más postergados que excede por completo a La Libertad Avanza y que se extiende por toda la dirigencia política. “Van a descubrir un mundo nuevo”, augura sobre el nuevo gobierno. “Al oficialismo le pasó lo mismo”, recuerda.
