En pocos días más, cuando se inicie el último mes del año, todos los jubilados de la Anses cobrarán sus ingresos con un reajuste de 20,87%, algo que determinará los montos que se cobrarán también en enero y en febrero. El haber mínimo en los próximos tres meses será, así, de $105.713 y el máximo de $711.346.
En diciembre, solo quienes tienen el ingreso mínimo (o una prestación inferior, como ocurre en el caso de muchas de las pensiones no contributivas) tendrán un refuerzo de $55.000. Para los primeros meses de 2024 la situación es aún incierta con respecto a si habrá o no un adicional, pese a que hasta ahora los pagos de bonos siempre se establecieron con vigencia trimestral. Diez días atrás, en plena campaña electoral, el ministro de Economía y entonces candidato a presidente, Sergio Massa, dijo que había previsto bonos para enero y febrero, pero que para “poder anunciarlos” iba a esperar a ver “si los argentinos nos dan la posibilidad de gobernar”.
Ese condicionamiento, con el cual convirtió el bolsillo de los jubilados en un juego electoral, dejó la cuestión en un escenario de incertidumbre. El de los bonos es, en todo caso, uno de los temas más urgentes que en materia previsional deberá resolver el presidente electo, Javier Milei, quien anunció que en la dirección ejecutiva de la Anses estará la excandidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Carolina Píparo.
Más allá de los anuncios hechos por el Gobierno el 10 de noviembre, hasta ahora solo se publicó en el Boletín Oficial la resolución 216, firmada por la directora de la Anses, Fernanda Raverta, que oficializa que la suba de diciembre será de 20,87%. No hay nada establecido aún sobre los bonos.
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El 20,87% no es, en rigor, el número que resulta de la fórmula de movilidad: la cuenta dio más (entre 28% y 29%), pero el Gobierno aplicó un tope, que los funcionarios previeron al redactar el texto de la ley aprobada a fines de 2020. Así, la movilidad de todo 2023 será de 110,9%, varias decenas de puntos porcentuales por debajo de la inflación estimada. De esa situación resulta, claro, una fuerte pérdida de poder adquisitivo para los jubilados. El recorte de los haberes en términos reales ya llegó, solo entre enero y octubre, a niveles de hasta 26%, dependiendo de la situación del jubilado frente a los bonos.
Un sistema distorsionado
El contexto de altísima inflación y el desequilibrio fiscal le imprimen gravedad al desafío respecto de qué hacer con la política de refuerzos, que el actual Gobierno implementa de manera continua desde septiembre de 2022, a causa de la insuficiencia del mecanismo de movilidad para cumplir con el objetivo de que se mantenga el poder adquisitivo de los ingresos.
Es una estrategia que, como no abarca a todos los jubilados, provoca inequidades y distorsiones y, además, tiene entre sus puntos débiles el de la falta de previsibilidad. Hace varios meses que una parte creciente de los ingresos de los jubilados de menores ingresos depende de una decisión política periódica.
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Por otra parte, también hay jubilados que tienen haberes brutos superiores al mínimo y que, en la práctica, reciben menos en sus bolsillos, porque siempre estuvieron excluidos de los bonos, o porque hasta agosto los cobraron, pero desde septiembre ya no (desde ese mes, los adicionales alcanzan a menos personas).
La definición sobre los refuerzos de los próximos meses y la corrección (o no) de las distorsiones del sistema son quizá las cuestiones más urgentes, pero no las únicas que se presentan como desafiantes.
Ajuste del gasto y déficit
Según un informe reciente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), entre enero y septiembre de este año hubo un déficit de 13,6% del gasto en seguridad social, considerando los ingresos de recursos a la Anses derivados de aportes y de impuestos, incluso cuando hubo un ajuste a la baja del gasto, explicado por el retraso de la movilidad en relación a la inflación. Según la misma fuente, en el citado período el dinero asignado al pago de prestaciones fue, corregido por inflación, un 4,3% más bajo que el de igual lapso de 2022.
La contracara es el deterioro de lo recibido por los jubilados, a la vez que otro factor que complica las cuentas presentes y futuras (porque no fue previsto un financiamiento especial) es la vigencia del plan de pagos de deuda previsional, la moratoria. Según la estadística oficial, los primeros nueve meses de este año, ocho de cada diez nuevas jubilaciones fueron para personas que, llegada la edad para gestionar la prestación, no tenían cumplido el requisito de los 30 años de aportes que exige la ley.
Moratorias e informalidad laboral
Es un requisito, este último, que no fue revisado a lo largo de las dos décadas que ya tienen de vida los esquemas de moratoria. En definitiva, esos esquemas implican la posibilidad de jubilarse por la excepción a la regla y no por la regla, que cada vez menos personas logran cumplir. La mitad de los trabajadores (considerando asalariados y cuentapropistas) está en la informalidad, según datos que surgen de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec.
DANTE COSENZA
Las moratorias surgieron como una política temporal, pero, con prórrogas y recurrentes normativas, persisten en el tiempo. Desde hace años son la vía para la mayor parte de las altas de beneficios. También es persistente el problema que las originó, que deriva en un desafío gigantesco para los próximos años: el de lograr que más personas aporten y que el empleo que se genere no sea informal, precario o con aportes muy bajos en función de los compromisos futuros que asume el Estado.
Préstamos subsidiados
Las decisiones tomadas en el marco del plan platita con el que Massa buscó votos dejan, entre otros efectos, una descapitalización del fondo de garantía del sistema previsional (FGS) que gestiona la Anses. Una medida reciente fue la ampliación de la política de créditos subsidiados con recursos de ese origen.
La última modificación habilitó préstamos a una tasa nominal anual de 50% (la inflación anual a octubre fue de 142%) para trabajadores con salarios de hasta $1.980.000. Es decir, hay personas que están en el grupo de quienes cobran los ingresos laborales más altos del país y que, al beneficio de no pagar más Ganancias, se les sumó el de acceder a créditos con alto subsidio y con fondos del régimen jubilatorio. Una decisión política sobre qué hacer con el FGS, que en su mayor parte está constituido por títulos de deuda del propio Estado, podría estar en la agenda del próximo gobierno.
Por lo pronto, desde La Libertad Avanza no anticipan aún medidas sobre el régimen jubilatorio: “Los daños causados son tan grandes que primero hay que racionalizarlos, y después se puede evaluar pasar a otro modelo. Todos los diseños tienen que preservar derechos adquiridos para que no se conviertan en un problema”, dijo hoy el propio Milei en declaraciones a radio Mitre.
Reclamos judiciales
Un daño causado a los bolsillos en los últimos años podría traer un dolor de cabeza particular para quienes ejercerán la administración del Estado. La Corte Suprema de Justicia tiene pendiente pronunciarse sobre los reclamos que hubo contra el ajuste hecho a las jubilaciones por el actual gobierno en 2020, cuando se suspendió la aplicación de la movilidad aprobada en la gestión de Mauricio Macri, para concretar un ajuste.
Varios jueces de instancias inferiores, sobre todo del interior del país, le dieron la razón a los jubilados y ordenaron mejoras para los haberes de quienes litigaron. Desde hace un tiempo se espera el pronunciamiento del tribunal supremo que -con la composición de aquel entonces-, falló a favor de los jubilados en 2007 y en 2009, en respuesta a las demandas contra el congelamiento que cientos de miles de prestaciones tuvieron, pese a la inflación, entre 2002 y 2006, y también contra el cálculo deficiente de los haberes iniciales para quienes se jubilaban en aquellos mismos años, cuando Néstor Kirchner era presidente y Sergio Massa, director ejecutivo de la Anses.
