En septiembre último, el gasto del Estado nacional para el pago de jubilaciones y pensiones fue un 5,1% inferior al del mismo mes de 2022, según las cifras corregidas por inflación, en tanto que lo destinado a abonar asignaciones por hijo tuvo un recorte interanual de 34,7% (bajó un 26,2% el monto para la AUH y un 39,6% el derivado a los pagos por familia para empleados formales y monotributistas). Los datos del ajuste hecho en el gasto, administrado por el ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, fueron consignados en el informe mensual sobre ejecución presupuestaria de la administración nacional, elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Los números también muestran que, siempre en términos reales, en los primeros nueve meses del año y en comparación con ese mismo período de 2022, el gasto se redujo un 3,5% y un 27,4% en cada uno de los conceptos mencionados, ambos muy sensibles para la población.
Visto desde el lado de quienes perciben las prestaciones (entre quienes hay situaciones diferentes, dadas las políticas oficiales), eso significó caídas en el poder adquisitivo, en solo un año, de hasta 19% en las jubilaciones, y de hasta 64% en las asignaciones por hijo. En ambos universos de beneficiarios hay grupos que el año pasado cobraban bonos que ahora no están ya vigentes. Eso amplió, para esos segmentos, el efecto de la caída interanual del ingreso medido según su poder de compra. La pérdida ocurrió, en líneas generales, a causa de que las subas según la fórmula de movilidad se ubicaron por debajo del nivel de inflación.
Concretamente, en los últimos doce meses los reajustes hechos en función del mecanismo de actualizaciones definido por ley determinaron una suba acumulada para las jubilaciones y las asignaciones familiares de 101,74%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec avanzó un 138,3%. Así, quienes tienen ingresos que se movieron solo en función de la movilidad (sin haber cobrado bonos ni antes, ni ahora), en septiembre de este año pudieron comprar con lo percibido un 84,7% de lo que podían adquirir en ese mes de 2022; es decir, tuvieron una pérdida de 15,3%.
Es lo que ocurre, por ejemplo, con un haber bruto mensual actual de $180.000 (por el cual se cobra, en mano, $171.823,8), que un año atrás era de $89.224 ($85.171, una vez descontado el aporte al PAMI). Siguiendo la inflación del período, si en septiembre de 2022 la persona adquiría bienes y servicios por un valor igual al de su ingreso neto, como ahora ese mismo consumo tiene un valor de $202.962 (aumentó un 138,3%), entonces con los $171.823,8 que cobró en septiembre pudo comprar el 84,7% del total.
Para alguien con un haber actual de $174.000, sin embargo, la caída es mayor aún. En este caso, con un ingreso antes de descuentos de $86.250, en septiembre de 2022 se había percibido, además, un refuerzo de $4000. En septiembre de este año ese bono ya no estuvo y, por tanto, al pasar de un ingreso total de $90.250 a uno de $174.000, se obtuvo una suba nominal de 92,8%, lo cual determinó una reducción del poder de compra de 19,1% en solo un año.
Bonos para un universo menor
A partir de septiembre de este año y pese a que el índice de inflación se fue incrementando (fue de 12,4% y de 12,7% en el octavo y en el noveno mes, respectivamente), el Gobierno dispuso reducir el universo de jubilados que cobran un refuerzo. La política del pago de bonos surgió en septiembre de 2022 por la insuficiencia de la fórmula de movilidad (vigente desde 2021, luego de un 2020 en el que el Gobierno suspendió la fórmula antes vigente, para poder ajustar a la baja todas las prestaciones).
Durante un año, los pagos adicionales abarcaron a quienes tenían ingresos de hasta el haber mínimo multiplicado por dos y algo más. Ahora, el grupo se redujo, según lo anunciado en agosto por Massa y por la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta y de acuerdo con los dispuesto luego por decreto: hay un extra de $37.000 mensuales (entre septiembre y noviembre) que se abona solo a quienes tienen el haber mínimo, en tanto que a quienes tienen un haber de hasta $124.460 se les adiciona lo necesario para completar esa cifra (por ejemplo, con un ingreso de $100.000, el extra es de $24.460). Quienes cobran más que ese monto y hasta alrededor de $175.000 dejaron de percibir un bono compensatorio; quienes tienen un haber mayor no cobran bono ahora, ni tampoco lo cobraban antes.
El gasto en jubilaciones y pensiones, que entre enero y septiembre totalizó $8.370.809 millones, según el ya mencionado informe de la OPC, fue inferior al de 2022, ajustado por inflación, incluso con las nuevas prestaciones dadas de alta por el nuevo plan de deuda previsional, aprobado este año por ley. Según el boletín estadístico de la Secretaría de Seguridad Social, entre enero y septiembre se otorgaron 328.735 nuevas jubilaciones (el 90% de las dadas de alta en todo 2022), y ocho de cada diez tuvieron moratoria. Entre quienes hoy tienen el haber mínimo, más de ocho de cada diez accedieron al beneficio por planes de moratoria.
Para los prestatarios con el haber mínimo, si se consideran los refuerzos, entre septiembre de 2022 y el mismo mes de este año la suba nominal fue de 147%, algo superior a la inflación de 138,3%. Sin embargo, el extra de $37.000 fue establecido en el marco del llamado “plan platita” y con vigencia hasta el mes próximo. No se sabe, por ahora, qué ocurrirá después. Los números de la ejecución presupuestaria demuestran, por otro lado, que ese pago es posible porque se les ajusta a la baja a los demás jubilados, provocando un achatamiento de la pirámide y distorsiones en el sistema. Por ejemplo, alguien con un haber mensual de $133.000 ($45.540 más que el básico) cobra este mes, en mano, menos que con el mínimo, cuando se agregan el bono de la Anses y la ayuda alimentaria que está pagando el PAMI a sus afiliados con haberes de hasta $131.900.
El informe de la OPC revela que la reducción interanual del gasto total corriente del sector público fue de 4,3% en los primeros nueve meses. Y se analiza: “Las disminuciones más relevantes se registraron en asignaciones familiares (27,4%), subsidios energéticos (24,1%), programas sociales (12,6%), bienes y servicios (7,4%) y transferencias corrientes a provincias (5,5%). En el caso de las jubilaciones y pensiones, si bien la disminución porcentual fue más acotada (3,5%), resultó el tercer rubro de mayor contribución a la reducción del gasto por su participación en la estructura del gasto primario”.
Los pagos por hijos
En el caso de las asignaciones familiares, en el ajuste del gasto influyeron, al igual que en un segmento de los jubilados, la insuficiencia de la movilidad dispuesta por ley y la quita de adicionales. En septiembre del año pasado se habían asignado bonos para garantizar que, en los hogares del tramo de ingresos familiares más bajos, se cobraran $20.000 por hijo. Ya sin aquella medida vigente, hoy la cifra es de $17.093. Eso determinó, para esos casos, una prestación que el mes pasado tuvo un poder de compra de solo el 36% respecto del que tenía lo cobrado un año atrás.
Las prestaciones del segundo tramo de ingresos familiares, en tanto, eran de $6830 en septiembre de 2022 (había un mecanismo que garantizaba esa cifra, bono mediante), en tanto que hoy es de $11.528, es decir, un 68,8% más alta, frente a una inflación de 138,3%.
En los tramos de ingresos más altos (la asignación por hijo alcanzó en septiembre a los hogares con salarios de hasta $1.012.460), lo percibido por hijo subió según el índice de movilidad. El aumento acumulado fue, así, de 101,74% en los últimos doce meses. En esos casos no hubo bonos el año pasado.
En los últimos años existió una dinámica fuertemente distorsiva en el esquema contributivo de asignaciones familiares. En febrero último, por ejemplo, la cantidad de asignaciones por hijos de asalariados había caído más de un 61% con respecto a la de marzo de 2022: en ese lapso se dejaron de pagar prestaciones por 1,95 millones de chicos, según la estadística de la Secretaría de Seguridad Social. Eso pasó porque en muchos hogares se había superado el ingreso tope para acceder a la prestación. Hasta una reforma reciente (de marzo de este año) ese tope se mantenía congelado por un año. Es decir, por subas nominales de salarios, que en muchos casos no alcanzaban para compensar el daño de la inflación, el sistema iba expulsando mes a mes a trabajadores del salario familiar. Y eso permitió un ajuste importante del gasto público.
El incremento de 101,74% es el mismo que se dio para la AUH, hoy de $17.093. Esa asignación social, destinada a hijos de desocupados y de trabajadores informales de hasta 17 años, es complementada, solo si se trata de chicos de hasta 14 años, con el Plan Alimentar. Lo asignado para este segundo concepto, según los datos elaborados por la OPC, tuvo un recorte interanual, cuando se corrige el número por inflación, de 4,1% en septiembre, y de 6,2% en el período de enero al noveno mes del año.
