Desde el domingo hasta la madrugada del martes se registraron momentos de tensión en tres comisarías de Tucumán. Se fugaron 6 presos de dos dependencias policiales y en la comisaría de Yerba Buena se logró evitar una fuga y un motín. Estos hechos develaron la crisis carcelaria que atraviesa la provincia de Tucumán. No hay lugar para alojar detenidos. Los calabozos de las seccionales alojan tres veces más de su capacidad y en las cárceles la superpoblación de internos ya llega al 30%.
Pero esta situación no es nueva, esta crisis surgió en 2015, cuando la ex fiscala Adriana Giannoni y el fiscal Diego López Ávila presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia un hábeas corpus a favor de los presos, los policías y los vecinos de las comisarías, por la cantidad de personas que estaban privadas de su libertad en esos calabozos. Seis años atrás había cerca de 500 detenidos en comisarías, según el censo que habían realizado. Actualmente, los detenidos en dependencias policiales llegan a los 1.300, según confirmaron desde la fuerza.
Las normas vigentes y por las diferentes acordadas del máximo tribunal de la provincia, en los calabozos de las comisarías sólo podían estar alojadas las personas cuya situación procesal no estaba definida. Pero la realidad indica otra cosa: actualmente hay casi 800 detenidos con prisión preventiva y unos 150 condenados que esperan ser trasladados a cualquiera de los tres penales que hay en la provincia.
En total, las cárceles de nuestra provincia (Villa Urquiza, el penal de Concepción y el de mujeres ubicado en Banda del Río Salí) tienen capacidad para 1.083 personas, y actualmente cuentan con 1.346, es decir, que ya se encuentran con un 25% más de población que su capacidad. “Es imposible que se sumen unos 900 detenidos. No tenemos más espacio. Si llegamos a incorporarlos, será una masacre porque los reos ya se quejan por la falta de espacio”, explicó un vocero del servicio penitenciario.
En el Poder Judicial también están preocupados por la situación. Una jueza de Ejecución informó que los 50 reclusos que se encuentran actualmente cumpliendo con el aislamiento preventivo en el Centro de Recepción de Detenidos (Cerede) serán los últimos que ingresarán a las unidades carcelarias. “Es una situación preocupante porque con el nuevo código procesal penal se aceleraron el dictado de las prisiones preventivas y las condenas. No sé cuáles son las opciones que se están manejando, pero no se podrá dejar de dictar sentencias”, dijo la jueza.
El año pasado, el gobernador Juan Manzur se había reunido con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, para acelerar la construcción de un penal para 3.800 personas en Benjamín Paz, con una inversión de 200 millones de dólares. Además, antes del quiebre en el oficialismo, estaban avanzadas las gestiones para que en Banda del Río Salí se ampliara la capacidad para 400 internos. Pero ambas obras no pasaron de ser meros proyectos.
CIFRAS ALARMANTES
– 1.300 detenidos hay en las comisarías que tienen capacidad para 400.
– 1.346 reos están alojados en cárceles, un 30% más del límite.
– 950 detenidos en comisarías deben estar en los penales.
– 50 personas, que están cumpliendo con aislamiento preventivo por protocolo de Covid, serán alojadas próximamente en las cárceles tucumanas.
