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La CIDH estudiará el caso del asesinato del capitán Viola

Se consideran cumplidos los requisitos para el proceso de admisibilidad de la denuncia contra el Estado hecha por la familia del militar, que plantea que el atentado es un delito de lesa humanidad.

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El lugar del atentado fue en la calle Ayacucho al 200.
Trasplante de medula osea

“Se trata de una resolución que pone en jaque a la impunidad de varios años”, sostuvo el abogado Javier Vigo Leguizamón al anunciar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró formalmente cumplidos los requisitos para iniciar el proceso de admisibilidad de la denuncia contra el Estado y ahora deberá responder en un plazo de tres meses. Sostiene que este es un primer paso para que se reabra la investigación de la causa, si se la llega a considerar como un crimen de lesa humanidad.

El 1 de diciembre de 1974, el capitán Humberto Viola se aprestaba a estacionar su Citröen Ami 8 en Ayacucho al 200. Fue sorprendido por un comando armado que abrió fuego cuando el militar se encontraba en el interior del auto. Perdió la vida en el acto, al igual que su hija María Cristina (3 años), y resultó gravemente herida su otra hija, María Fernanda (5). Su esposa, María Cristina Picón, que estaba embarazada, no se encontraba en el auto.

En 1979 el juez federal Manlio Martínez (que años después fue condenado por su participación como magistrado durante la dictadura) condenó a reclusión perpetua a Francisco Antonio Carrizo, Fermín Ángel Núñez, José Martín Paz, Rubén Jesús Emperador, Florencio Nieva, Ángel Villavicencio Miguel Vivanco. Pese a tener 14 años, es decir que era inimputable, también fue penado Rolando Figueroa. El 1987 el juez federal Jorge Parache le dio libertad condicional a Núñez (por haber cumplido la mitad de la pena) y 1988 la Cámara Federal liberó a Carrizo. En 1989 todos fueron indultados por el ex presidente Carlos Saúl Menem.

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Largo recorrido

En 2007 la viuda del militar planteó en la Justicia Federal que el caso fuera declarado de Lesa Humanidad para evitar su prescripción. “No voy a la Justicia por odio ni con deseo de venganza. Sólo quiero Justicia”, repitió Picón hasta su fallecimiento, registrado el año pasado.

El fiscal federal Carlos Brito, meses después y como preopinante, rechazó el planteo de la familia al entender que no existían impedimentos legales para avanzar en la investigación e imputar a nuevas personas, aunque no a quienes ya habían sido condenados. El caso pasó a manos del juez federal Daniel Bejas que también rechazó el pedido. Consideró que los hechos investigados no constituyen delitos de lesa humanidad. Por este motivo, declaró prescripta la acción penal y no hizo lugar al planteo para que se investigue a posibles nuevos imputados ni que se renovase la persecución penal contra los acusados y condenados originales por el principio constitucional del non bis in idem (no puede haber dos sentencias por un mismo hecho).

Apelada la resolución, la Cámara Federal de Tucumán confirmó parcialmente la misma, en su negativa a reabrir la causa, revocándola en cuanto no considerara de lesa humanidad los crímenes. Sin embargo, alegó que no surgían nuevos hechos o pruebas que permitieran reabrir la investigación contra otros autores directos o mediatos.

Picón interpuso recurso de casación en el que denunció la existencia de un simulacro de proceso, hecho “para consagrar la impunidad de los partícipes en los crímenes”. Entre otros, identificó a Juan Arnoldo Kremer Balugano, quien, habiendo integrado el Buró Político del ERP, reconoció en libros de su autoría haber participado en las reuniones donde se planificó el operativo y se analizó su resultado.

“La Corte Suprema de Justicia consideró formalmente inadmisible el recurso extraordinario, recurriendo a una fórmula mecánica, sin analizar los agravios que fundamentaban la existencia de pruebas de importancia decisiva no evaluadas”, sostuvo el abogado Vigo Leguizamón.

El último paso

En el año 2016, la viuda del capitán Viola, con el patrocinio de Vigo Leguizamón, acusó al Estado Argentino, de haber violado las Convenciones de Ginebra de l949 y la Convención Americana de Derechos Humanos , al negarse a reabrir la investigación con el fin de determinar si constituían crímenes de lesa humanidad el asesinato del militar, de su hija y las lesiones sufridas por la otra niña.

“El caso reviste singular importancia por cuanto la evaluación de si los crímenes de la guerrilla son o no de lesa humanidad será ahora efectuada por organismos internacionales, existiendo reiterados pronunciamientos de estos tribunales respecto a que los mismos pueden ser cometidos tanto por el Estado como por una organización terrorista que, teniendo poder de fuego, lo utilice”, recalcó el abogado. “La denuncia sostiene que el terrorismo guerrillero fue también de Estado, por el apoyo recibido por los gobiernos argentino y cubano, aportando numerosas pruebas a los fines de demostrarlo”, añadió.

Vigo Leguizamón consideró como relevante que la Comisión Interamericana, al evaluar el ataque del Movimiento Todos por la Patria al regimiento de La Tablada en 1989, consideró en su informe de 1997 que esa acción terrorista, que sólo duró 36 horas, configuró un conflicto armado interno. “El criterio del organismo internacional se opone nítidamente al sostenido por los tribunales argentinos que han negado que constituyeran un conflicto armado interno los miles de atentados, secuestros, asesinatos y numerosos ataques a cuarteles realizados por el terrorismo guerrillero entre 1973 y el 24 de marzo de 1976, en pleno gobierno constitucional”, recalcó el abogado.

“Esta resolución tiene una gran importancia. Se debe esperar la respuesta del Estado argentino y luego el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un gran avance para la lucha de una mujer que sólo quería que haya justicia para todos y no sólo una parte. Esa es la única manera de que en este país haya una reconciliación”, finalizó Vigo Leguizamón.

“Jamás vino el Estado para auxiliarme”: “hemos sido desaparecidos de la historia”, dijo la hija del capitán

María Fernanda Viola, sobreviviente del atentado, luego de la muerte de su madre, María Cristina Picón, se transformó en el motor de la causa. “A pesar del drama que he transitado, ni yo ni lo que quedó de mi familia sentimos odio. Somos conscientes de que la revancha permanente y una memoria sesgada o vengativa no nos conduce a ningún lado. Jamás vino el Estado para auxiliarme. Nunca los que agitan la bandera de los DDHH se me acercaron para ver si necesitaba algo. Yo, como tantas víctimas del terrorismo subversivo, hemos sido desaparecidos de la historia”, señaló la joven. “El dolor no tiene ideologías. Lo ocurrido en el pasado ha sido bastardeado para explotar las más bajas pasiones del ser humano. Se lucró con el dolor, se promovió el revanchismo y fue caldo de cultivo de políticos demagogos que sólo se ajustaron a un relato parcializado y que encima se niegan a buscar la concordia entre argentinos”, resumió Viola en un documento que fue difundido en 2016.

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