El Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) fue seleccionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer en Washington sobre la independencia judicial, donde denunció que el principal problema de la Justicia en Argentina es la constante obstrucción de la política en busca de impunidad para los actos de corrupción gubernamental.
Marcelo de Jesús, en representación de la OGN, expuso en las oficinas de la CIDH en Washington sobre los obstáculos que enfrenta la Justicia para investigar la corrupción. “Esto resulta particularmente grave, ya que diversos estudios vinculan a la corrupción con los incrementos de los índices de pobreza que, en nuestro país, ya superan el 50%”, afirmó.
Fores detalló que Argentina está en el puesto 98 entre 180 países en el ranking de corrupción de Transparencia Internacional y ha descendido 36 lugares en los últimos cuatro años.
Pese a que en el país se registran condenas a exvicepresidentes, exministros y otros funcionarios, sólo el 6% de las causas por corrupción llega a juicio, mientras que el resto no supera la etapa de investigación.
En la audiencia, Fores propuso además un seguimiento más estrecho de la Carta Democrática Interamericana, del funcionamiento de la división de poderes y la independencia judicial, y que se insista en que la Justicia decomise el producto de la corrupción. Destacó la relación entre las obstrucciones a la independencia judicial, la corrupción y la pobreza.
Entre las obstrucciones de la política a la Justicia, De Jesús mencionó:
● El “asesinato” del fiscal federal Alberto Nisman en 2015, quien se encontraba investigando un caso de lesa humanidad y había denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner por el memorandum de entendimiento con Irán.
● Las “interferencias de la política partidaria en los órganos de control”, tales como “los intentos de incrementar desproporcionadamente la representación del estamento político en el Consejo de la Magistratura”, que es el órgano encargado de la selección de jueces, y el intento de remoción y cambio del sistema de designación del Procurador General de la Nación, cabeza del Ministerio Público.
● La búsqueda de “amedrentar la acción de fiscales y jueces a través de declaraciones públicas”. Por ejemplo, dijo, cuando un presidente declara que las investigaciones de la contratación pública es materia no justiciable o cuando le “desea” a un fiscal que no le pase lo mismo que a Nisman.
● Los “intentos de cooptación del Poder Judicial y del Ministerio Público a través del dictado de leyes de jubilación de privilegio”, con la “intención de vaciar el Poder Judicial” y aprovechar para la designación “provisoria” de jueces y fiscales sin estabilidad y, por ende, más vulnerables a las presiones políticas. Cabe destacar que en la Argentina el 25% de esos cargos se encuentra vacante.
● La “ideologización y partidización” de la Justicia a través de la narrativa del lawfare.
En la presentación colaboró el equipo de investigación de Fores, integrado por María de los Ángeles De Seta Acosta y Joaquín Vergara Fornari.
