ntre la asignación vitalicia por ser expresidenta y la pensión por ser viuda de un expresidente, Cristina Kirchner percibe este mes del Estado nacional $9.448.101,84. Ese es el ingreso neto, es decir, lo cobrado de bolsillo, luego de descuentos. En bruto, la cifra es de $14.548.836,38. Si se observan los beneficios, considerados de privilegio, de manera desagregada, la jubilación es de $8.107.506,01 o $5.264.702,94, en términos brutos y netos, en tanto que la pensión asciende a $6.441.330,37 o $4.183.398,90, respectivamente.
Un dato curioso: el monto bruto de ambas asignaciones es un 167% más alto que el de un año atrás -aunque de bolsillo cobró un 243% más, porque en febrero de 2023 la cifra fue de $2.752.068,36-; ese es un porcentaje similar al del alza que, en el régimen general de jubilaciones de la Anses tuvieron, si se suma el bono de refuerzo, únicamente quienes cobran el haber mínimo, que este mes es, de bolsillo, $157.541. Para muchos jubilados y por cobrar más que esta última cifra, la suba interanual de los haberes fue de tan solo 110,9%, que es lo que arrojó el cálculo de movilidad aprobado en la gestión anterior y en cuya formulación incidió Cristina Kirchner.
Todos los datos fueron obtenidos por LA NACION tras hacer el trámite de solicitud de acceso a la información pública de la ley 27.275. El organismo que dio respuesta a los requerimientos es la Anses, que se encarga de gestionar las asignaciones para expresidentes y exvicepresidentes reguladas por la ley 24.018. Durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner y bajo la gestión de Fernanda Raverta en la Anses, los pedidos de información no tuvieron respuesta favorable.
Montos de las prestaciones de privilegio de febrero de 2024
Asignaciones vitalicias otorgadas por el régimen de la ley 24.018 correspondientes a expresidentes y exvicepresidentes y herederos
Fuente: Anses, en respuesta a una solicitud de acceso a la información pública según la ley 27.275, realizada por LA NACION
Con el doble cobro de prestaciones especiales, una cuestión sobre la cual hay abierta una causa judicial –con un expediente que espera un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia-, Cristina es quien más cobra, si se consideran los actuales once beneficiarios de estas asignaciones vitalicias: expresidentes, exvicepresidentes, viudas de expresidentes y una hija de un exmandatario. Las prestaciones surgen de la mencionada ley 24.018, y el proyecto de ley de bases, cuyo tratamiento quedó inconcluso en el Congreso, pretendió derogar el régimen, que desde hace años despierta controversias.
Los montos de las asignaciones
Lo percibido por la expresidenta equivale a casi 50 veces el haber medio previsional neto del sistema de la Anses que, según datos publicados por la exsecretaría de Seguridad Social ronda este mes los $190.000 (netos), incluido en la cuenta el bono de $55.000 cobrado por quienes tienen el ingreso mínimo. El monto neto promedio de las 12 asignaciones vitalicias especiales cobradas por 11 personas equivale, a la vez, a 22 veces ese ingreso medio del régimen regular.
A Mauricio Macri, que ejerció la presidencia entre diciembre de 2015 y ese mes de 2019 se le liquidó este mes una asignación de un importe neto de $4.958.645,09, mientras que la cifra antes de descuentos es de $6.973.574,76. Para quien fue su vicepresidenta, Gabriela Michetti, el ingreso en bruto es de $5.065.859,20 y, el monto en mano, de $3.889.383,02.
La lista incluye a dos exvicepresidentes que acompañaron a Cristina: Julio Cobos ($5.012.213,05 o $3.861.462,76, según se mire el bruto o el neto) y Amado Boudou, condenado por la Justicia por delitos en la causa Ciccone e inhabilitado para ejercer cargos públicos ($4.244.250,75 en bruto y $3.470.281,01 tras descuentos).
También Adolfo Rodríguez Saá cobra una jubilación considerada de privilegio (no se cumplen requisitos de edad ni de años de aportes, en tanto que los montos son elevados). El puntano ejerció la presidencia de la Nación una semana a fines de 2001, y se le liquidó este mes una prestación bruta de $6.682.948,04, que en mano fue de $4.807.391,73.
María Estela Martínez, expresidenta y además viuda del tres veces presidente Juan Domingo Perón está en la lista, con una y no con dos prestaciones. Tiene una asignación de $3.603.023,94 y $3.342.418,24 en bruto y en mano, respectivamente.
Otras tres beneficiarias fueron esposas de expresidentes y heredaron los cobros mensuales. Bety Nelly Andrés, viuda de Roberto Levingston, presidente de facto entre junio de 1970 y marzo de 1971 ($4.515.205,40 y $4.247.554,45, antes y después de descuentos), e Inés Pertiné, quien estuvo casada con Fernando de la Rúa, presidente entre diciembre de 1999 y la grave crisis de diciembre de 2001 ($4.890.423,28 y $3.767.211,55, bruto y neto). También percibe pensión Zulema Yoma, viuda de Carlos Menem, fallecido en 2021 y presidente entre 1989 y 1999; en este caso se liquidó este mes una prestación de $5.741.434,81 en bruto y de $4.240.974,43 tras descuentos; la pareja se había divorciado en la década del 90, pero en 2020 se anunció que celebrarían un segundo casamiento.
La restante persona de la lista es Amalia Carmen Guido, hija de José María Guido, que ejerció la presidencia entre 1962 y 1963. El beneficio, este mes de $3.534.310,72 (bruto) o $3.397134,17 (neto) fue otorgado en 1999 por el entonces presidente Carlos Menem, meses después del fallecimiento de la viuda de quien fue mandatario.
No están en el listado y, por tanto, no cobran según la Anses estas asignaciones, el expresidente Eduardo Duhalde, ni quienes ejercieron la presidencia durante muy cortos períodos en la crisis de 2001, Eduardo Camaño y Ramón Puerta. Daniel Scioli, exvicepresidente, percibió durante un tiempo una prestación de este régimen, según se consignó en una nota de LA NACION de 2020, pero ya no la cobra.
Los descuentos
¿Qué descuentos tienen las prestaciones llamadas de privilegio? En respuesta a la consulta de LA NACION, desde la Anses explicaron que “los beneficios se encuentran alcanzados por el impuesto a las ganancias y por los descuentos de obra social, en caso de corresponder”. Por eso, las diferencias entre los brutos y los netos. También aclararon que no existe un porcentaje fijo de descuento por el gravamen sobre los ingresos, debido a que el cálculo de la retención se hace teniendo en cuenta la información sobre deducciones que hay en cada caso.
En el escrito de la Anses, que respondió el requerimiento en tiempo y forma –antes del vencimiento del plazo establecido por la normativa-, no se dan más detalles respecto de cómo se liquida el impuesto, porque, se señala, la información sobre el tributo es en cada caso “remitida por parte de AFIP al organismo para que realice la correspondiente retención y liquidación”.
Respecto de cómo se definen las asignaciones vitalicias al momento de pedirse el alta, se explicó que, tal como prevé la ley, el monto equivale a “la suma que, por todo concepto, corresponde a la remuneración de los jueces y las juezas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, en el caso de expresidentes, en tanto que para exvicepresidentes se calcula el 75% de esas cifras. Y las pensiones por viudez son del 75% de la prestación original. Para la actualización, en tanto, se siguen las pautas de lo que ocurre con los ingresos de jueces supremos.
La causa por la doble asignación
En el caso de Cristina Kirchner, el monto neto de $9.448.101,84, como ya se consignó, corresponde a la suma de su jubilación y su pensión. La expresidenta cobra ambas prestaciones desde marzo de 2021, cuando la entonces directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, decidió restituirle uno de los beneficios de privilegio, cuyo pago había sido suspendido en la gestión presidencial de Mauricio Macri, con el argumento de que del artículo 5 de la ley 24.018 surge la incompatibilidad del cobro de dos prestaciones a la vez. Ese artículo establece que la percepción de una asignación vitalicia de expresidente “es incompatible con el goce de toda jubilación, pensión, retiro o prestación graciable nacional, provincial o municipal, sin perjuicio” del derecho a optar por uno de los beneficios.
Cuando Cristina obtuvo su jubilación como expresidenta (fue en diciembre de 2019, con Alicia Kirchner a cargo de la cartera de Desarrollo Social) ya cobrara pensión como viuda de un expresidente (la propia ley llama “pensión” a esa prestación específica).
En 2017, alegando irregularidades en el trámite de la resolución que le suspendió un beneficio, la expresidenta inició un juicio y reclamó recuperarlo; también solicitó los montos retroactivos acumulados durante el período en que no había recibido la prestación, y pidió que no se le descontara más el impuesto a las ganancias, pese a los elevados montos que recibía mes a mes y pese a que trabajadores y jubilados con ingresos muchísimo más reducidos estaban tributando (más tarde desistió de este último pedido en particular).
En 2021, con el juicio en trámite, la Anses resolvió pagar las dos prestaciones. Desde hace dos años, la Corte Suprema de Justicia tiene pendiente de resolver una presentación de la exdiputada nacional y actual legisladora porteña, Graciela Ocaña, que pretende ser admitida en la causa y que se declare la nulidad del desistimiento de la apelación que había hecho el organismo de la seguridad social, bajo la gestión de Raverta, tras una sentencia de primera instancia favorable a la expresidenta.
Es decir, forzada por circunstancias políticas, la Anses había apelado una resolución judicial favorable a Cristina, pero luego renunció a esa presentación, pidió que se archivara el expediente y comenzó a pagar la doble y millonaria asignación vitalicia. Si se lograra el objetivo de Ocaña, la causa seguiría su camino en la Justicia.
Acceso a la información pública
En su respuesta al pedido de información por parte de LA NACION, la Anses cita una resolución de la Agencia de Acceso a la Información Pública, que indica que “una información debe ser considerada de interés público bajo la ley N° 27.275 cuando esté relacionada con ‘la transparencia en la gestión pública’”.
Y agrega que, según los criterios de la mencionada agencia, “los funcionarios públicos o políticos son las figuras públicas con menor expectativa de privacidad”, porque “el ejercicio de una función pública o aspiración a un cargo político necesariamente expone a un individuo a la atención del público (también después de la muerte)”.
La nota menciona que la agencia indicó en su momento que cuando la información requerida sea sobre datos referidos a personas que ya no ejercen cargos públicos, “no puede dejar de advertirse que continúan teniendo relevancia en la esfera pública, por lo que, tal como lo dispone el Decreto Reglamentario N° 206/2017 y el Dictamen N° 9/16 de la entonces Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, su expectativa de privacidad sigue siendo acotada”.
Además, desde el organismo se consideró que el hecho de que en algunos casos quienes cobran son los herederos de exfuncionarios “es irrelevante a los efectos de decidir si la información requerida debe ser entregada o no”.
