El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak le pidió al Ministerio de Seguridad nacional que no haya filmaciones ni requisas sin una orden judicial previa durante movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) en contra de las modificaciones a la legislación laboral que incluyen el DNU de desregulación de la economía y el proyecto de ley ómnibus. Sin embargo, rechazó un planteo de inconstitucionalidad contra el protocolo antipiquete.
“Exhortando a las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación que se mantenga el lineamiento oportunamente informado por esa cartera ministerial, y se abstenga de expedir órdenes a las fuerzas de seguridad bajo su órbita que impliquen que el próximo miércoles 24 de enero, se filmen y/o se intercepten a personas en la vía pública -particularmente a bordo de transportes públicos o en los accesos a las unidades de trenes, todo ello dentro de la jurisdiccional territorial de este Juzgado- con el fin de identificarlas y/o requisarlas sin orden judicial previa, y sin que se presenten alguna de las circunstancias previstas por el art. 230 bis CPPN”, dice la resolución a la que se tuvo acceso.
Kreplak se expidió a raíz de un habeas corpus presentado por un puñado de militantes que aseguraron que “ya fueron víctimas de filmaciones y/o de requisas” sin orden judicial en las movilizaciones del 20 y 23 de de diciembre. La presentación menciona operativos puntuales en autopistas y en estaciones de trenes.
Antes de resolver, el juez le pidió un informe al Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich. La respuesta estuvo a cargo de Fernando Soto, Director de Normativa y Enlace Judicial de esa cartera, quien aseguró que “no se ha expedido, ni está previsto expedir, una orden dentro de la jurisdiccional territorial de Vuestro Juzgado dirigida a las fuerzas de seguridad (ya sea de manera escrita o por cualquier otro medio) en relación a la movilización prevista para el próximo día 24 de enero, a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para filmar y/o interceptar a personas en la vía pública -ni a bordo de transportes públicos o en los accesos a las unidades de trenes-, con el fin de identificarlas y/o requisarlas…”.
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La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich (EFE)
Sin embargo, el juez exhortó a que las fuerzas de seguridad no pueden hacer requisas sin orden judicial previa, y reclamó que durante cada procedimiento “se labre el acta pertinente para el posterior control jurisdiccional”.
