El 5 de febrero de 2024 comenzará en el juicio contra el exgobernador de Tucumán, José Alperovich, en la causa en la que está acusado por abuso sexual y violación por su sobrina segunda y exsecretaria privada. De cara al proceso judicial, la Justicia ordenó realizar dos inspecciones oculares en dos mansiones de Alperovich en Yerba Buena donde habrían tenido lugar los abusos denunciados.
El juez Juan Ramos Padilla, unipersonal del Tribunal Oral Criminal y Correccional N 29 de la Capital Federal, solicitó varias medidas de pruebas entre las que se destaca realizar una “inspección ocular amplia”, cuyo proceso debía ser filmado y fotografiado, en dos domicilios ubicados en calles Martín Fierro 381 y Los Tarcos 818 en Yerba Buena, ambos propiedad del ex senador.
El juez federal N 2, Fernando Poviña, se declaró incompetente a sugerencia del fiscal federal Carlos Brito, y la Justicia tucumana aceptó el pedido y será la que lleve adelante la medida, luego de que la fiscala Adriana Reinoso Cuello aceptara la competencia en el marco de un requerimiento del juez local Gonzalo Ortega.
Ramos Padilla requirió a la vicepresidenta Cristina Kirchner, en su carácter de presidenta de la Cámara de Senadores, que remita una copia certificada del legajo personal de la denunciante, así como que se informe cuál era su salario, dónde se depositaba y hasta cuando se extendió su contrato laboral.
Lo propio hizo con la ministra de Gobierno y Justicia de Tucumán, Carolina Vargas Aignasse, para que remita el legajo personal de la denunciante, así como también las planillas de asistencia laboral firmadas por ella hasta su desvinculación laboral en junio de 2017.Además deberá informar cuánto cobraba, dónde se depositaba su salario y hasta cuándo se extendió su relación laboral.
En ese marco, cabe mencionar que también se le solicitó oportunamente al juez local Facundo Maggio, quien entendió en la causa hasta que se resolvió la cuestión de competencia, que enviara toda la documentación correspondiente al caso en los distintos formatos en los que se hubieran guardado.
Además, se solicitaron informes a la oficina de Monitoreo Urbano de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires para que envíe copias de las filmaciones tomadas por las cámaras de seguridad ubicadas en inmediaciones de un domicilio en Puerto Madero, en días puntuales, donde se habrían producido los ataques denunciados.
También se envió otra nota al decano del Cuerpo Médico Forense para que remita la documentación con relación a los peritajes a los que se sometió a la denunciante, todo esto como medidas de instrucción suplementarias “cuyo cumplimiento resulta necesario para llevar a cabo la audiencia de juicio oral”. Ramos Padilla remarcó que se citarán más de 80 testigos para el proceso.
