La Justicia en Tucumán atraviesa sus horas más oscuras de los últimos tiempos, mientras la sombra del descrédito se vuelve cada vez más pantanoso y profundo. Sólo en un escenario como ese, se entiende que un juez que fue acusado de tráfico de influencias como es el caso del vocal de la Corte Suprema de Justicia Daniel Leiva, siga desempeñándose al frente del máximo tribunal como si nada hubiera pasado.
Sólo en un escenario como ese se puede concebir que su denunciante, el camarista Enrique Pedicone, haya sido destituido por haberse atrevido a denunciar a su superior, nada menos que por hacer supuestamente las veces de secretario privado de los máximos representantes del poder político local. También resulta increíble e inadmisible que el propio Poder Judicial desestimara los audios que el ex camarista grabó en su conversación con el vocal Daniel Leiva.
Y es que, en definitiva, se trata de un poder del Estado que no está interesado más que proteger a los que mantienen a rajatabla la lealtad hacia los poderosos. Es como si se tratara de un pacto mafioso o una defensa corporativa que no busca más que eternizar la impunidad de los que incurren en malos actos. Se trata de la misma Justicia que libera delincuentes sin importar que sean acosadores o asesinos, ni que vuelvan a incurrir en actos aberrantes.
Simplemente porque no pareciera importarles la gente. En ese sentido, un ejemplo claro lo constituye el asesinato de la profesora Paola Tacacho, quien estaría viva si el sistema judicial hubiera funcionado. En un año en el cual el coronavirus se convirtió en un peligro real para muchas personas, la violencia de género se ha convertido en una pandemia que afecta a todo el país. Pero es en Tucumán donde se registran las cifras más altas de femicidios.
Esto, sin que haya un accionar judicial lo suficientemente eficiente como para impedir que en esta provincia vivir o trabajar se convierta en un desafío o una odisea para una mujer. La Justicia por la que clama la familia de Paola es la misma que piden cientos de familias tucumanas. Claramente, la justicia local no está a la altura de las circunstancias. De esta manera, el Estado no actúa con perspectiva de género e implementando un abordaje integral.
¿Cómo es posible que el Ministerio Público Fiscal (MPF) haya archivado una de las 13 denuncias que había iniciado Paola Tacacho por no tener lugar físico para guardarlo? Es la primera vez que se conoce un hecho de una gravedad inusitada como la de archivar una causa de una mujer que pedía por favor durante el transcurso de más de cinco años que el Poder Judicial la protegiera de su acosador que se terminó convirtiendo en su asesino.
Por lo que permite que más mujeres mueran en un contexto de violencia machista. Una problemática compleja a la que las autoridades no logran entender y mucho menos resolver. Es tan grande el desmérito del Poder Judicial que ha cruzado las fronteras provinciales, al punto de convertir a Tucumán en noticia sólo por la degradación institucional de la que adolece desde hace tiempo.
También se trata del mismo Poder Judicial que mantiene cajoneado el inicio del juicio de un legislador como es el caso de Jorge Yapura Astorga, sin importarle que manche a la Cámara legislativa con su accionar. Esto se da también, a pesar de que fue el mismo máximo tribunal el que en su momento confirmó la elevación a juicio oral y público del ex intendente de Tafí del Valle, quien está acusado de haber cometido actos de corrupción.
Sin embargo, la titular de la Corte Suprema local, Claudia Sbdar, no pareciera comprender la gravedad de este hecho, el daño institucional que significa que hoy Yapura Astorga ocupe una banca en la legislatura representando al pueblo, cuando tiene que rendir cuentas del enriquecimiento injustificado de su patrimonio junto a su familia. Cabe recordar que el fallo de la Corte Suprema quedó firme hace más de medio año.
Sin embargo, es el mismo tribunal el que curiosamente y por razones que se desconocen, omite ordenar que se realice el sorteo correspondiente para que se lleve adelante el debate oral. Esto constituye una mala noticia para Claudia Sbdar, quien tiene la obligación de cumplir con las obligaciones del cargo que ostenta. Y es que la titular de la Corte, pareciera desconocer que la inacción en sus funciones podría interpretarse como complicidad.
O tal vez, esta empleada pública judicial, que cobra su sueldo con los dineros del pueblo, pensará que es la dueña del Poder Judicial y puede manejarlo a su antojo sin respetar lo que mandan las leyes. Por lo que, desde este medio, exhortamos a la presidenta de la Corte Suprema, a que deje de manejar los tribunales por pedidos del poder político, conveniencia de ellos, y que comience a comportarse con la independencia y responsabilidad que le fue otorgada cuando juró en su cargo.
Con todo esto, la Justicia no pareciera darse por enterada y sigue jugando al juego del “todo pasa”. Sólo queda en manos de la población hacerse sentir fuerte, para que los jueces y fiscales comprendan que sus puestos implican el servir al pueblo y no abusarse de la sociedad. Hasta que no tengan conciencia de lo que esto implica, será muy difícil que algo haga que la Justicia se convierta en un servicio.
Alguna vez, desde este medio planteamos la necesidad de que se produjera la intervención nacional en una provincia que deja mucho que desear y cuyas instituciones simplemente no funcionan o lo hacen como un apéndice del poder político. En algún momento, se deberá producir un cambio de timón, o la podredumbre de la Justicia, junto con los demás poderes del Estado, será tan grande que hasta podría poner en riesgo la existencia misma de la democracia.
