Se empiezan a conocer algunos números correspondientes al mes de mayo en lo que hace a la implementación de la ley antomotochorros. El problema es que, si bien es cierto que la norma fue promulgada por la Legislatura, todavía no fue reglamentada. Esto hace que los controles que se están haciendo sean en carácter preventivo. Pero esto también genera arbitrariedades de todo tipo que generan suspicacias, como no podía ser de otra manera.
En lo que hace a mayo, se secuestraron un más de 3.500 motos a partir de sendos operativos policiales de control. El problema es que se mezclan distintas causales que no están relacionadas con el espíritu de la ley. Por ejemplo, se secuestraron motos durante el fin de semana largo a quienes pretenden realizar turismo interno, algo que todavía no está autorizado por parte del Comité Operativo de Emergencia (COE).
Evidentemente, lo planteado por el abogado Facundo Toscano, que representa a la agrupación Moteros de Tucumán empieza a tener sentido. El letrado ya había advertido que el Gobierno provincial se vale del control y la aplicación de multas para beneficiarse económicamente. Más todavía, cuando la norma carece de reglamentación, un aspecto básico para que se oficialice y empiece a actuar en el marco de la legalidad.
El abogado advirtió durante la protesta que tuvo lugar el pasado sábado en la plaza Urquiza, que todo conductor de moto que se traslade con un acompañante, corre el riesgo de que el policía que esté al frente del control decida con total discrecionalidad si se trata de un infractor o no. Y esto se puede dar a pesar de tener todos los papeles en regla y al día. La situación se agrava ante el destino que prevé la ley para parte de lo recaudado.
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Y es que irá a parar a un fondo de estímulo que la normativa prevé para aquellos que participen de los controles. A todas luces, la discrecionalidad y la arbitrariedad es lo que resuena del hecho de que todavía no esté reglamentada esta ley. Lo que representa una verdadera picardía a la que ya nos tiene acostumbrados un Estado que viene improvisando desde hace rato en materia de inseguridad, la cual es creciente y asola a la sociedad.
Además, los controles jamás tienen un lugar fijo, por lo que pueden sorprender a cualquier individuo que se movilice en este tipo de rodado. Este hecho se inscribe en un contexto como el de la pandemia que ha dado lugar a que la excepción a la regla sea el nuevo paisaje en el que la institucionalidad brilla por su ausencia y los poderes ejecutivos tienen superpoderes para poder hacer y deshacer a su antojo, más cuando se cuenta con una escribanía de lujo.
El legislador Gerónimo Vargas Aignasse, presidente de la comisión de seguridad, fue el creador de esta ley, que luego fue aprobada por la totalidad de los legisladores oficialistas, inventó una ley y la sacó de la galera para apenas maquillar una situación insoslayable como es el avance de la inseguridad en toda la provincia. Mientras tanto, los funcionarios se hacen los distraídos con el ministro de Seguridad Claudio Maley a la cabeza. Hasta aquí, las cárceles no están más llenas de motoarrebatadores, pero las arcas del estado provincial empiezan a frotarse las manos.
