El Gobierno tiene asumido, a esta altura, que la necesidad de mejorar la campaña de vacunación será un elemento clave de la campaña electoral. Para compensar, al menos, la prioridad de las demandas sociales que aparecen en todas las encuestas. La situación económico-social puede ahora más que el miedo al Covid. Existe conciencia sobre que será difícil que el bolsillo logre sentir durante el tránsito electoral un alivio sensible.
Por más dinero que se vuelque, la inflación sigue ganando la carrera. Cristina Fernández conoce ese déficit. También Kicillof. Por eso, el gobernador multiplicó recursos y relato para asociar la épica histórica del Día de la Independencia con la campaña de inmunización en Buenos Aires. Otro dilema del distrito donde el kirchnerismo jugará casi todo el futuro reside en la política. La conformación de las listas.
Alberto Fernández desearía no quedar relegado, como le ocurre en la campaña que comanda Cristina en Buenos Aires. Desde el Instituto Patria nació una oferta llamativa, que pueda encabezar la nómina Cafiero. Llamativa porque pocos creen que el jefe de Gabinete sea, amén de su apellido, un postulante taquillero. Podría ocultarse detrás de tanta generosidad la intención de un vaciamiento.
Cafiero es resistido por los K. Pero la vacante en la Jefatura abriría la posibilidad de un condicionamiento futuro al Presidente. Alberto Fernández lo sabe. Por eso preferiría mantener al nieto de Antonio cerca de él. Entronizar quizás a otro. Podría ser Gabriel Katopodis, ministro de Transporte y ex alcalde de San Martín. El Presidente percibe soledad en un momento crucial de la campaña electoral.
De allí su regreso a las comarcas de viejos aliados que tuvo todo este tiempo olvidados. Empezó por los gremios peronistas. Seguiría con los gobernadores del palo. Así puede interpretarse el DNU con el cual decidió que durante un año los trabajadores que inicien una relación laboral no tendrán derechos a la libre elección de las obras sociales. Deberán aceptar por aquel lapso la cobertura médica y la transferencia de fondos que atañen a su actividad.
La medida tiene dos consecuencias inmediatas. Las obras sociales sindicales recibirán una compensación millonaria por los fondos que le debe el Estado. Cercanos a los $ 11 mil millones. Representa, además, otro golpe a las prepagas, que denuncian desfinanciamiento por el congelamiento de los servicios cuya demanda creció exponencialmente por la pandemia. No logran cerrar las paritarias con los trabajadores del sector.
La movida significó una transa con la CGT. Un alineamiento en la etapa electoral que el Gobierno ha comenzado a perder con los movimientos sociales que enloquecen calles y rutas en reclamo de más comida y planes. Se trata de una de dos patas de la pinza que lo tiene atenazado, la otra se exhibió imponente en el Día de la Independencia, con el clamor del campo y ciudadanos indignados.
