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Las erradas políticas del Gobierno nacional produjeron un cuarto de millón de nacimientos menos por año

Es evidente que si se reduce la población, cosa que en Argentina podría suceder pronto, considerando el empeño que ponen en ello los funcionarios públicos, se reduce la demanda de escuelas, casas y servicios.

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Trasplante de medula osea

No le bastó a la ministra de Salud, Carla Vizzotti con la escandalosa campaña de promoción de ligadura de trompas y vasectomías en adolescentes que lanzó su ministerio en septiembre pasado. Siguió su raid antinatalista con una disertación en un panel organizado por la IPPF (Planned Parentwood) y Amnesty International, en el cual dio las cifras de abortos realizados en el sistema público el año pasado (73.487) y en lo que va del actual (más de 34 mil).

Se jactó de la floreciente industria nacional de misoprostol y hasta destacó que un laboratorio local está avanzando en la producción pública de mifepristona para el 2023, con el objetivo de exportar. “Argentina lidera el antinatalismo en la región”, dice la licenciada Mónica del Río, que en el boletín Notivida hace el seguimiento de las estadísticas vitales publicadas por el propio Ministerio.

“La disyuntiva era bajar la pobreza o eliminar a los pobres y el Gobierno argentino ya decidió”, concluye. De hecho, acaba de dar nuevo paso en esa dirección. En el Boletín Oficial del 15 de noviembre pasado, se publicó la “Guía de Anticoncepción Inmediata Posevento Obstétrico” (AIPEO), aprobada por Resolución 2821/2022 del Ministerio de Salud de la Nación, con la firma de Vizzotti.

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Traducido, de lo que se trata es de promover la oferta y colocación de un anticonceptivo de larga duración inmediatamente después de un aborto o un parto, antes de darle el alta a la paciente. Como admite el propio gobierno, esta Guía, un documento de unas 112 páginas adjuntado al decreto, fue realizada “con la colaboración técnica de UNFPA (Fondo de Población de Naciones Unidas)”.

Los redactores del documento oficial advierten que en él “se han respetado los lineamientos de lenguaje inclusivo establecidos por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Argentina en 2020″. Casi una garantía de calidad… Una oportunidad de oro para asegurarse de que no vuelvan a gestar, al menos por un buen tiempo. Una “ventaja adicional” es que cuando una mujer desea interrumpir la anticoncepción, debe acudir a un centro de salud, dice el documento.

Donde la estarán esperando para convencerla de lo contrario porque la única línea que se puede bajar en esta materia es la de promover la no gestación y, si ésta se produjera de todos modos, el no nacimiento. Porque, como lo hicieron en el debate del aborto, llaman al prestador de salud a “separar sus creencias y valores de los de sus pacientes y centrarse en las necesidades de las mismas”. Es decir, sólo valen las creencias que ellos promueven.

La Guía se explaya en las ventajas de los métodos anticonceptivos de larga duración, su grado de eficacia y la forma de aplicarlos según sea posparto o posaborto. La intención es generalizar estas prácticas, asegurarse de que todas las mujeres que pasen por un establecimiento de salud para dar a luz o para abortar, egresen de allí esterilizadas, al menos por un buen tiempo. La promoción de estos métodos no se detiene ante barreras de ningún tipo.

Es evidente que si se reduce la población, cosa que en Argentina podría suceder pronto, considerando el empeño que ponen en ello los funcionarios públicos, se reduce la demanda de escuelas, casas y servicios. Pero, considerando que estas políticas se han vuelto prioridad de prioridades desde 2014, los resultados en materia de crecimiento están muy lejos de confirmar el optimismo de los antinatalistas.

“La anticoncepción es una intervención económica y rentable, pero la escasez de personal sanitario y las políticas restrictivas sobre las funciones de agentes de salud no médicos limitan el acceso a métodos anticonceptivos eficaces en muchos entornos”, advierte la Guía. Lo que llaman “políticas restrictivas” son las incumbencias de cada profesión, algo que se vincula a la formación y no puede ser pasado por alto con ligereza.

En consecuencia, y conforme a su afán de no desaprovechar la “oportunidad” que representa esta suerte de clientela cautiva que son las parturientas argentinas, el Gobierno, con auxilio de la oposición en el Congreso, se propone cumplir con otra directiva del Fondo de Población: la sanción de una ley que amplíe las funciones de las obstétricas. Esta ampliación de funciones de las parteras permitiría extender lo más posible estas prácticas.

Para confirmar su preocupación por cumplir con agendas ajenas, después de la fallida candidatura de Cecilia Todesca a la presidencia del BID, nos llevamos un premio consuelo: Argentina encabezará el nuevo “Instituto de Género e Igualdad” del BID, el mismo organismo que en 2018 le impuso a la Argentina promover una ley nacional de obstetricia que faculte a las parteras a colocar DIUs e implantes subdérmicos. En eso están nuestros obedientes legisladores.

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