Mientras crecía la deuda con el Consorcio Metropolitano para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (Girsu), los intendentes recibían fondos de la Provincia precisamente para atender los servicios en las plantas de San Felipe y de Overo Pozo. Un rápido repaso por el Boletín Oficial muestra que, entre octubre del año pasado y principios de este mes, del Tesoro Provincial se otorgaron a los municipios del Gran San Miguel de Tucumán alrededor de $ 350 millones bajo el concepto de “Asistencia Financiera Reintegrable, destinada al pago del servicio que presta el Consorcio Público Metropolitano para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos”.
Como contraste, en el mismo período el atraso en los pagos por parte de los municipios generó un rojo de casi $ 769 millones, según información del propio Consorcio. Según lo publicado por el Gobierno, en este último año la Municipalidad de Yerba Buena fue la más favorecida con los aportes reintegrables para el pago de la gestión de residuos. La administración que conducía el ahora diputado Mariano Campero recibió $ 125,7 millones en decretos a lo largo de esos meses. Le sigue Tafí Viejo ($ 83,5 millones), Banda del Río Salí ($ 55,1 millones), Alderetes ($ 47,6 millones), Lules ($ 25,5 millones) y Bella Vista ($ 12 millones).
En todos los casos, los decretos que firmaba regularmente el ex ministro del Interior y ahora vicegobernador, Miguel Acevedo, tenían como “cargo” el pago de los servicios del Girsu. La polémica respecto de la gestión de clasificación, transferencia y disposición final de los residuos en el área metropolitana tuvo su pico la semana pasada, cuando renunció el presidente del Consorcio, Juan Andrés Robles.
El abogado había sido designado por la intendenta de la capital, Rossana Chahla, debido a que según la ley a esa Municipalidad le corresponde ejercer la titularidad del ente. Antes de dimitir, Robles envió notas a los intendentes que forman el Consorcio para solicitarles que se pusieran al día con los pagos, ya que arrastraban deudas –precisamente- desde octubre del año pasado.
Según esas notas enviadas, Yerba Buena mantenía el atraso más significativo, con una deuda de $186 millones por períodos. Le seguían la Secretaría de Saneamiento y Mejoramiento de Espacios Públicos de la Provincia, con casi $148 millones; Banda del Río Salí ($89,3 millones), Tafí Viejo ($76,5 millones), Alderetes ($41,7 millones), Las Talitas ($ 37,7 millones), Lules ($ 29,8 millones) y Bella Vista ($17 millones).
En paralelo, las nueve comunas que integran el consorcio mantenían un pasivo de unos $ 143 millones. Son Cebil Redondo, El Manantial, San Pablo, San Javier, Ranchillos, Delfín Gallo, Colombres, Los Ralos y San Felipe. La única administración que no aparece con atrasos en San Miguel de Tucumán. A lo largo de 2023, este municipio aportó más de $ 5.200 millones al Consorcio.
La intendenta Chahla, según anticipó el jueves, dispuso una auditoría para que se determine el destino que tuvieron esos fondos. Esa mora en los pagos había generado una paralización de una parte de los servicios. Puntualmente, la semana pasada las 900 toneladas de basura que se recogen a diario en el Gran San Miguel de Tucumán no fueron clasificadas ni enviadas al sitio de disposición final de Overo Pozo, en el noreste provincial.
Sin embargo, esa situación ya se normalizó. Así lo aseguró el presidente interino del Consorcio, Oscar Rodrigo. “Hubo un problema de fondos que afectó y disminuyó el servicio, pero los municipios y la Provincia comenzaron a regularizar la situación. Hice las gestiones, el ministro del Interior Darío Monteros y el gobernador Osvaldo Jaldo intervinieron y los intendentes comenzaron a pagar. La empresa prestataria está trabajando a pleno”, dijo a LA GACETA el directivo que reemplazó a Robles. Aproximadamente, la cifra que saldaron los municipios es de $ 360 millones, afirmó Rodrigo.
Los servicios en la planta de transferencia de San Felipe y de disposición final en Overo Pozo están a cargo de la empresa Moviser SRL. Según el actual titular del Consorcio, los inconvenientes en las prestaciones de los últimos días no generaron ningún problema sanitario. “En San Felipe tenemos una playa de descarga impermeabilizada para dejar temporalmente los residuos ante eventualidades”, había expresado.
El Consorcio fue creado mediante ley en agosto de 2009. Hasta entonces, la competencia en materia de residuos era del Poder Ejecutivo, ya que en 2005 se había aprobado la Ley 7.622. Pero tras esa modificación legislativa se devolvió la responsabilidad a intendentes y comisionados. Estos deben girar mensualmente los fondos para el funcionamiento y la prestación de los servicios de traslado, separación en San Felipe y disposición final en Overo Pozo de la basura que se recoge en el área metropolitana de la provincia.
