Más de 60 perros aparecieron muertos durante el último fin de semana en la ciudad de Río Turbio, en Santa Cruz. Las autoridades provinciales confirmaron que fueron envenenados “por alguna sustancia introducida en trozos de carne arrojados en la vía pública”, por lo que se abrió una causa penal y el municipio declaró la “emergencia medioambiental y sanitaria” por 30 días.
“Nunca pasó algo de esta magnitud, tan masivo. Se está hablando de más de 60 perros muertos. Primero lo denunciaron los vecinos a través de las redes y en la Policía”, explicó Janina Ramos, de la agrupación protectora de animales Patitas de la Cuenca.
La proteccionista detalló que los vecinos “apuntan a un estanciero que arrojó carne de una potranca vieja con alguna sustancia venenosa que todavía no se puede determinar, porque recién se envió una muestra de laboratorio para analizar en Río Gallegos”.
Lo más llamativo es que los animales afectados por el veneno no son solo callejeros. “Murieron perros con familias y el veneno fue encontrado también en los jardines de las casas”, aseguró Maximiliano Arancibia, integrante de la misma agrupación.
“Las denuncias provenían en general de los barrios de la periferia” de la ciudad, situada en el sudoeste santacruceño y que cuenta con unos 15.000 habitantes, aunque “también se encontraron pedazos de carne con veneno frente al hospital de Río Turbio”, aseguró la mujer. Y agregó que además de los animales muertos, “decenas de perros permanecían en observación en las tres veterinarias de la zona”.
Según indicaron los proteccionistas existe en la zona “una situación problemática” que es la “superpoblación canina”. Denunciaron que no se aplicaron las “políticas adecuadas para controlar esta situación” y destacaron que ellos mismos impulsaron en 2018 “castraciones masivas”. “El año pasado hicimos más de 600 castraciones, pero la problemática tiene más de siete años”, agregaron.
La causa penal, iniciada por las denuncias de decenas de vecinos y de la intendenta Claudia Pávez, que se sumó a última hora del domingo, está a cargo de la jueza de instrucción Betina Bustos. El municipio, en tanto, comunicó a través de su perfil de Facebook la declaración de “emergencia medioambiental y sanitaria por un plazo de 30 días (Decreto Municipal 859/2019)”.
También hay una denuncia penal por “presunta infracción a la ley nacional 14.346 sobre prohibición de maltrato animal y violación del artículo 200 del Código Penal de la Nación, sobre delitos contra la salud pública y envenenamiento de sustancias alimenticias”.
