El abogado Marcos Aníbal Rougés denunció ante la Justicia al presidente del Tribunal de Cuentas, Miguel Chaibén Terraf, por la presunta comisión del delito de “mal cumplimiento de deberes de funcionario público”.
Según el letrado, Terraf “no ha dado cumplimiento a sus deberes de funcionario público, al no excusarse y dejar de intervenir en las actuaciones que involucraban la ejecución de contratos de Luis Eduardo González con el Estado provincial”. En su escrito, Rougés, cita que el mencionado González es consuegro de Terraf y según la denuncia presentada por Rougés, habría realizado 24 operaciones de venta con el Estado Provincial durante los períodos 2022/2024, y todas fueron autorizadas por Terraf, según la denuncia.
“El ilícito se materializa a partir del hecho que el señor González es consuegro del señor Terraf, es padre del doctor Esteban González, yerno de Terraf y hasta no hace poco tiempo abogado fiscal (es decir, abogado del Tribunal de Cuentas). O sea, que estaba bajo las órdenes del mencionado Miguel Terraf”, planteó el denunciante.
El abogado denunciante consideró que “esta relación familiar directa debería haber obligado a Terraf a excusarse de las decisiones relacionadas, conforme a las leyes 6970, 4537, 9351 y 8933”. En la denuncia, Rouges también apuntó que la maniobra podría involucrar a Esteban González, el yerno de Terraf y antiguo abogado fiscal del Tribunal de Cuentas. “Quizás, la comisión del delito consista en que el doctor González habría generado una operación en la que su padre de 84 años de edad, simulara ser el proveedor del Estado, y en realidad quien desempeñaba ese accionar ilegal en este caso, podría haber sido el mismo yerno de Terraf”, agregó Rougés. “Cualquiera de las posibilidades expuestas anteriormente, implica, la comisión de un delito de acción pública” y que “no puede el presidente del Tribunal de Cuentas argumentar que no conocía que la persona que se mencionaba en los Acuerdos era su consuegro, o bien, podría haber sido un negocio, en el cual, quien tenía intereses era su propio yerno”.
Rouges ofreció como prueba los acuerdos emitidos por el Tribunal de Cuentas, que, según él, demuestran la intervención de Terraf en las compras estatales realizadas por González. A su vez, el letrado solicitó que se fije día y hora para ratificar la denuncia e instó al Fiscal a iniciar la investigación penal.
El trasfondo
Esto se enmarca en una vieja disputa entre el Tribunal de Cuentas y la Caja Popular de Ahorros. Cabe recordar que en 2018, tras realizar una auditoría en la CPA, el interventor José Díaz, hizo una denuncia penal contra Esteban Gonzalez, por el presunto desfalco de unos $ 200 millones (a valor de hoy) en su paso por la entidad crediticia. Hace menos de un mes, el Tribunal de Cuentas (TC) cerró una auditoria iniciada en noviembre de 2023 y advirtió presuntas anomalías en el área de Juegos de la Caja Popular.
Según el informe, el ente crediticio mantiene una deuda con el Sistema Provincial de Salud (Siprosa) por un monto superior a los $3.000 millones por la falta de envío de fondos entre 2020 y 2023. En cambio, en la CPA afirmaron que se trata de un acto de revancha del presidente del TC por una denuncia penal en contra de un familiar suyo. El interventor de la CPA, José Díaz, respondió con una denuncia penal y en paralelo negó todas las imputaciones que surgieron de las actuaciones de las autoridades del órgano de contralor y acusó a los auditores del Tribunal de Cuentas de manipular información financiera “para inflar” la presunta deuda de la Caja Popular de Ahorros con el Siprosa. Inclusó negó tal deuda, remarcando que el Acuerdo 2492/24 contiene “afirmaciones falsas con el fin de incriminarme en una conducta irregular”.
