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“No se le puede quitar la casa a una persona que cometió un ilícito”

Una funcionaria del IPV aclaró que un titular puede adquirir varias casas en un mismo barrio.

EN PLENO OPERATIVO. Federales custodian la casa de un tal “Leo” que sería otro de los líderes de la última banda desarticulada en Manantial Sur. la gaceta / fotos de analia jaramillo - héctor peralta
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“No hay ningún impedimento legal para que una persona pueda comprar una, dos o tres casas en un mismo barrio”, explicó la directora del área social del Instituto Provincial de la Vivienda, Gladys Salomón, en una entrevista con LA GACETA.

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– Los vecinos denunciaron que hay una misma persona que tiene hasta tres casas…

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– Están hablando de viviendas compradas. No quiere decir que le adjudiquemos varias propiedades a una sola persona. Hay quienes compran a nombre de distintas personas. El problema está en que la gente adquiere y muchas veces no viene a informar al Instituto que ya vendió esa propiedad o la transfirió; entonces queda registrada a nombre del titular. Se deben hacer los trámites que corresponden. La casa seguirá a nombre del titular original hasta que esa persona complete esa diligencia.

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¿Todas las casas de este barrio fueron entregadas?

– El programa es de 2.500 viviendas y hasta el momento se entregaron 1.400. El 80% de ellas están ocupadas, según el seguimiento que hacemos en forma periódica. Las que se entregaron durante la primera etapa ya cumplieron el plazo de ocupación obligatorio de tres años. Estamos hablando de que los ocupantes de 700 viviendas están en condiciones de venderlas.

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– ¿Se realiza algún tipo de control a la hora de adjudicar una vivienda?

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– Por supuesto que pedimos cierta documentación antes. El certificado de buena conducta nos garantiza que la persona no tiene antecedentes. Ahora, si esa persona después comete algún delito, escapa a nuestros controles. Si presenta el certificado y después de presentarlo, tiene alguna conducta en una situación delictiva, debe investigar la Justicia.

– Cada vez son más los procedimientos antidrogas que se hacen en ese barrio…

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– Estas situaciones están judicializadas. Se debe diferenciar lo que pudo haber sucedido. Se puede tratar de una casa que ya había estado en condiciones de ser adquirida o alquilada. No se puede hacer nada si cumplió con la condición de haberla tenido durante tres años.

– ¿Existe otra posibilidad?

-También se puede tratar de una vivienda que ha sido usurpada. Toda la investigación queda en manos de la Justicia. Normalmente, desde las fiscalías nos piden documentación y cumplimos con eso. Actuamos cuando nos piden.

– ¿Hay adjudicatarios que no ocupan las viviendas por temor a la inseguridad y a los narcos?

– El relevamiento que tenemos indica que el 80% de las viviendas están ocupadas por sus dueños. El 20% restante no las habitan por distintos motivos y esos pueden ser algunos de ellos.

– ¿Y qué puede hacer el IPV para contrarrestar esta situación?

– Lamentablemente escapa a nuestras obligaciones. Los problemas de la inseguridad y del tráfico de drogas escapan a nuestras manos. Es una cuestión que tiene que ser atendida por el Ministerio de Seguridad. Nuestra obligación es, como la reglamentación lo indica, entrecruzar datos y elevar informes, entre otras cosas. Si una persona después comete un ilícito, no es responsabilidad nuestra, ni tampoco se le puede quitar la vivienda.

– ¿Les preocupa esta situación?

– Por supuesto que nos preocupa que la vivienda que adjudicamos no tenga el fin que se le ha asignado. Tuvimos muchas denuncias de vecinos que nos hablaron de esto pero insistimos en que tienen que ir a Seguridad, así las autoridades se hagan cargo. Ya elevamos los informes correspondientes pero ellos son los que tienen que denunciar y pedir más seguridad. Ellos son los que conocen y tienen la información. Los entiendo porque en cada barrio se sabe quiénes son los narcos y quiénes no, pero no podemos hacer nada.