El Gobierno de Tucumán, a través de un decreto, ha decidido iniciar una investigación administrativa para deslindar responsabilidades ante presuntas incompatibilidades e incumplimientos de los deberes y prohibiciones de los agentes de la Administración Pública Centralizada en relación con la percepción ilegítima de los beneficios del Programa Nacional Potenciar Trabajo.
Este decreto, que lleva la firma del gobernador Osvaldo Jaldo, surge en respuesta al Oficio emitido por el Fiscal Federal Guillermo Fernando Marijuan y a la decisión del Ministerio de Capital Humano de la Nación, por la cual se suspendió el pago del Salario Social Complementario a 4588 titulares de todo el país del Programa “Potenciar Trabajo”. Estos beneficiarios fueron señalados en la investigación por incompatibilidades en la percepción de los beneficios del programa con las remuneraciones de empleados estatales en 14 provincias.
La investigación, iniciada en el ámbito de Tucumán, busca deslindar responsabilidades por las supuestas incompatibilidades e incumplimientos de los deberes y prohibiciones de los agentes de la Administración Pública Centralizada, incluyendo personal del Poder Ejecutivo, municipios, comunas rurales, y agentes de la ex Unidad Reconversión Laboral (UNREL). Se han detectado preliminarmente 956 presuntos casos de incompatibilidad, abarcando diversas instancias gubernamentales.
“Corresponde señalar que las incompatibilidades en la percepción de los beneficios del Programa Nacional Potenciar Trabajo se originaron durante la gestión de gobierno que concluyó el 29/10/2023”, especifica el decreto.
A través del decreto, el Gobierno de Tucumán instruye a la Dirección General de Recursos Humanos para que, en un plazo de 30 días, eleve las Conclusiones Finales y el eventual Capítulo de Formulación de Cargos. Asimismo, los Ministros de Educación y Seguridad tienen la misma instrucción respecto al personal de sus dependencias.
Este caso ha tomado estado público a través de publicaciones en medios nacionales y provinciales, generando interés y preocupación en la sociedad tucumana. La medida busca esclarecer los hechos y asegurar la transparencia en el manejo de programas sociales en la provincia.
El decreto también especifica que la eventual aplicación de sanciones puede ir desde un Apercibimiento hasta la Cesantía.
