En una fuerte agenda de desregulación del comercio, el Gobierno trabaja en ampliar los límites para las compras en el exterior y se prepara para establecer nuevos montos para los envíos que pueden realizarse a través de los couriers o servicios de correo privados.
Según contaron a LA NACION, en la secretaría de Comercio que conduce Pablo Lavigne se trabaja en volver a llevar el límite de este subrégimen de los US$1000 actuales establecidos en 2022 en un clima de escasez de reservas a cerca de los US$3000 vigentes anteriormente. Si bien el número final se está conversando entre Comercio y la AFIP, el organismo que deberá publicar la resolución, ese tope es simbólico: es el mismo que había establecido Mauricio Macri durante su gobierno, en 2018.
“Esto es importante, sobre todo para medicamentos y repuestos”, contaron quienes estudian los detalles de la futura medida.
En septiembre de 2022, el gobierno de Alberto Fernández había restringido estos envíos en medio de la falta de dólares. La justificación oficial fue entonces que se usaba esta opción para ingresar mercadería que debía entrar por el régimen general de importaciones. Con esa reducción, la Argentina quedaba entonces en la región como uno de los países más restrictivos, junto a Uruguay (US$200), Bolivia y Paraguay (US$1000) y detrás de Colombia y Perú (US$2000) y Brasil y Chile (US$3000).
En la resolución 5288, la AFIP estableció entonces que se permitirían por este servicio destinado a personas humanas o jurídicas hasta tres unidades de la misma especie y que no presuman finalidad comercial, donde el peso total del envío sea de hasta 50 kg y el valor FOB de las mercaderías consignadas a un mismo destinatario no excedan los US$1000 por vuelo.
Según afirmaron a este medio fuentes del Gobierno, no habría, por ahora, cambios en los dos subregímenes puerta a puerta para pequeños envíos y Correo Argentino. En el oficialismo esperan a ver cómo evoluciona en el mediano plazo el nivel de las importaciones en la Argentina luego de la eliminación de las SIRA (permisos de importación) y su reemplazo por la SEDI, la decisión de dar de baja las licencias no automáticas (LNA) y ahora la novedad de dejar de atar el CEF –una especie de veraz empresario– a la posibilidad o no de importar de las empresas.
Para el puerta a puerta sólo pueden operar las personas humanas que requieran ingresar mercadería cuyo valor de compra (costo de la mercadería más seguro más flete) no supere los US$3000. La mercadería tiene un límite de 20 kilogramos por paquete, “deberá ser para uso personal, y su especie y cantidad no deben presumir una finalidad comercial”, afirma la AFIP en su web.
“Tus primeros 12 envíos gozarán de una franquicia de US$50 cada uno. En caso de que el valor de la compra (costo de la mercadería más seguro, más flete) sea igual o inferior, no deberás abonar tributo alguno. Caso contrario, se pagará un impuesto equivalente al 50% del excedente de la franquicia mencionada. Una vez agotado el cupo franquiciado, se abonará el 50% del total de la compra”, agrega.
Viajes al exterior
Hay más novedades. Desde 2018, cada vez que se viaja al exterior, se puede volver al país con un teléfono celular y con una notebook o tablet por persona comprados en el extranjero, sin pagar arancel. La franquicia indicaba que pasados los US$500 comprados había que pagar un 50% por el excedente en impuestos. En la ley ómnibus enviada al Congreso se elimina el pago de esos impuestos y además se deja atrás la obligación de llenar formularios al viajero.
“Una vez que se instrumente, hay que reglamentarlo para que entre en vigencia”, contaron a LA NACION los impulsores de la medida.
