Entre los referentes de la minería salteña persiste una gran preocupación por la avanzada que plantearon legisladores K para nacionalizar la producción del litio o declararlo recurso estratégico. Sin rodeos, advierten que será un golpe a las inversiones y que atenta contra la seguridad jurídica.
En Salta están en marcha varios proyectos, pero se encendieron luces de alerta y los empresarios quieren que el presidente Alberto Fernández se comprometa a frenar esa maniobra. Con la presencia del jefe de Estado en Salta por el bicentenario de la muerte del general Martín Miguel de Güemes, las entidades piden que haya un pronunciamiento para calmar las aguas.
Ayer en una reunión virtual con autoridades de las jurisdicciones mineras, la secretaria de Provincias de la Nación, Silvina Batakis, tuvo que salir a aclarar “que no hay voluntad por parte del Estado Nacional de avanzar en una nacionalización de la producción del litio”, según se informó en un comunicado del Gobierno salteño.
Agregaron que la funcionara nacional propuso la realización de una reunión con el secretario de Minería de Nación, Alberto Hensel, “a fin de despejar inquietudes sobre cuáles son los proyectos nacionales en relación a la actividad minera”.
Ayer un sector de los proveedores de la Puna manifestaron en un comunicado que el litio adquirió gran protagonismo por estos tiempos debido a “la potencialidad que tiene su explotación para el desarrollo económico y social”.
Los miembros de este sector agrupados en Caprosemitp explicaron que “el sector privado desde la minería vino a reactivar la Puna. A través de los distintos proyectos y con la llegada de inversores internacionales, se generaron miles de puestos de trabajo directos e indirectos. A partir del dictado de leyes se protegió a los proveedores salteños, dándoles prioridad en las contrataciones para que el impacto económico de este desarrollo sea en beneficio de las miles de familias mineras”.
La provincia está posicionada a nivel mundial como una de las mejores regiones de Sudamérica para la minería. Si avanza el proyecto, otra vez quedaría postergada.
Recordaron, además, que la explotación del litio permitió generar infraestructura vial, tendido de red eléctrica, redes de agua y obras de vital importancia para vida de los habitantes de una zona, hasta entonces “postergada y olvidada”.
Los proveedores remarcaron que la idea “tiende a desalentar la inversión y, por ende, a causar un impacto negativo”. Reiteraron que la seguridad jurídica, la estabilidad económica y el establecimiento de reglas claras en materia impositiva son claves para una minería sustentable, que se vuelque a las comunidades y genere más puestos de trabajo, más inclusión, más oportunidades para todas y todos”.
Desde el Gobierno salteño, por otra parte, habían expresado esta semana que la Constitución Nacional es muy clara, ya que en su artículo 124 establece que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.
En la edición de ayer de El Tribuno, Alberto Castillo, presidente de Recursos Energéticos y Mineros de Salta (Remsa), había pedido a los legisladores nacionales de Salta que hagan “una defensa importante” de los recursos naturales que le corresponden a la provincia”.
Tras la reunión con Batakis, el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, señaló la importancia de llevar tranquilidad a los inversores.
En tanto, el ministro de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy, Exequiel Lello Ivacevich, enfatizó la necesidad de institucionalizar la Mesa de Litio con un proyecto de ley nacional. Los presentes coincidieron en la importancia de que las propuestas de desarrollo surjan de las provincias y se acompañen por el Gobierno nacional.
