Allá por marzo de 2021, el fiscal Alejandro Noguera le endilgó al arquitecto Maximiliano Alberto Levi los delitos de estafa y asociación ilícita, por no haber entregado departamentos de un edificio ubicado en Lavalle 919, en Barrio Sur, pese a que nunca finalizó la obra. Ahora, más de dos años después, la Fiscalía pidió que la causa sea elevada a juicio oral, pero la defensa se opuso al requerimiento. Algunos de los damnificados manifestaron que algunos de ellos están hace 12 años esperando respuestas.
Según explicó el abogado Santiago Martínez, a cargo de la querella, entre 2012 y 2018 Levi, junto a una empresa constructora, comenzó a comercializar departamentos de un edificio llamado “Altos del Jacarandá”. La empresa estuvo los primeros años a cargo de la construcción y el arquitecto, de la administración del fideicomiso.
Tiempo después dicha empresa se retiró del proyecto y Levi quedó a cargo de ambas partes, pero hasta la fecha ningún departamento fue entregado a sus compradores e incluso descubrieron -según dijo Martínez- que había viviendas que contaban con más de un boleto de compraventa efectuados a distintas personas en diferentes años.
Los damnificados comenzaron a reclamar la entrega de los departamentos a Levi; al no tener respuestas optaron por la vía penal. En una audiencia de apelación el defensor, Sebastián Herrera Prieto, se opuso al requerimiento de elevación a juicio, ya que consideró que hubo irregularidades en la investigación de la causa y porque la acusación “no está suficientemente especificada”.
“Elevan la causa a juicio con irregularidades. El requerimiento dice hechos ocurridos entre el año 2012 y 2018. ¿Cómo me defiendo ante este hecho? No hay nada claro. De todos los afectados que se mencionan, no sabemos a quién hemos afectado por cada delito. Sabemos que ya ha pasado un tiempo de todo esto y que la gran mayoría de los afectados tiene su situación prescripta. No pido el sobreseimiento, pido que la causa vuelva a la Fiscalía porque no tienen los elementos para acusar y no tengo los elementos para ejercer la defensa como corresponde. Tenemos que hacer las medidas que faltaron y que se manden peritos de ambas partes para analizar el edificio”, argumentó ante el juez Patricio Prado.
Tanto la querella como la fiscalía se opusieron a este pedido y consideraron que el legajo donde se encuentra la acusación cuenta con la información necesaria. “Necesitamos un juicio oral para que Levi pueda sentarse y aclarar todas las cuestiones”, dijo Martínez, quien también advirtió que durante todo el proceso el arquitecto jamás se presentó a una audiencia, sino que enviaba a su abogado.
Luego de escuchar a las partes, el juez de Prado anunció que se tomaría unos días para dar su veredicto. En caso de que resuelva hacer lugar al pedido de la parte acusatoria, se deberá fijar una fecha para que se inicie el debate oral. En caso contrario, la causa volverá a la Fiscalía para revisar el proceso investigativo.
“Lo único que queremos es que se haga justicia y que se visibilice la causa para que no le pase a nadie más. Este hombre sigue vendiendo propiedades y figura como el arquitecto de proyectos similares al nuestro”, dijo Soraya Kanan, una de las damnificadas.
Ella compró la propiedad en 2018 y le dijeron que en seis meses le entregarían el departamento. “Después de que pasó un año notamos que ni siquiera había personas trabajando. Allí comencé a contactar a otros compradores e intentamos llegar a un acuerdo con Levi. Él siempre decía que la obra estaba frenada por temas económicos, pero cuando le decíamos que nos entregara la administración y que nos encargaríamos de finalizar cada departamento no teníamos respuesta. Y encima abandonó la obra, dejó abiertas las ventanas, las palomas entraron y ensuciaron todo; ahora el edificio está deteriorado”, contó.
El edificio tiene siete pisos. En cada piso hay cuatro departamentos, excepto en la planta baja que sólo cuenta con dos. Según explicó el representante de la querella, algunos de estos departamentos fueron vendidos dos veces a distintas personas en distintos años. “Esto es lo novedoso del caso. Es la punta del iceberg; en la querella hay 17 víctimas pero hay más de 40 damnificados identificados y aún falta encontrar a otros propietarios”, expresó.
“Esto no sólo es un daño económico, sino que hizo un daño moral y psicológico terrible. Rompió amistades, familias; muchos invertimos nuestros ahorros en esto; hay una mujer que vendió su casa para comprar dos departamentos y se quedó sin nada. En mi caso yo lo compré en 2015 como proyecto a futuro, para mudarme allí cuando ya esté jubilada, y así como yo hay muchos con un caso similar”, describió Alicia Van Gelderen, otra de las damnificadas.
