El juicio se inició por una denuncia del ex ministro de Energía y ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel. En el expediente se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz, a las empresas de Lázaro Báez. Según concluyó el juez de primera instancia Julián Ercolini cuando elevó la causa a juicio oral, de un total de 88 obras llevadas a cabo en Santa Cruz en el período 2004-2015, 52 se contrataron, por un monto de $ 46.000 millones, con empresas relacionadas con Báez.
En esta causa, la ex presidenta Cristina Kirchner está acusada de liderar la asociación ilícita que se encargó del direccionamiento de los contratos de obras públicas. La defensa de Cristina planteó que este expediente carece de la prueba necesaria para demostrar que es inocente.
A Cristina Kirchner se le imputó haber liderado una asociación ilícita. Hay un total de 13 acusados. En esa lista aparecen involucrados el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el dueño de Austral Construcciones Lázaro Báez, el ex funcionario de Vialidad Nelson Periotti, el primo de Néstor Kirchner Santiago Carlos Kirchner, el ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, y los ex miembros de Vialidad Mauricio Collareda, Héctor Garro Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Raúl Daruich y José Santibáñez.
La ex jefa de Estado tiene obligación de presentarse a la primera audiencia. En esa ocasión tendrá que escuchar la lectura del requerimiento de elevación a juicio formulado por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahíques. También debe concurrir a las audiencias en que deba prestar declaración indagatoria. Si no se presentara a las audiencias en las que tiene obligación de hacerlo y en los plazos fijados por el tribunal, al poseer fueros parlamentarios por su cargo como senadora nacional, el tribunal no podría enviarle la fuerza pública. Ante ese eventual escenario, el fiscal del juicio debería expedirse. Hasta el momento, Cristina siempre se mantuvo a disposición de la Justicia y se presentó en las oportunidades en que se le requirió hacerlo.
Se determinó que las audiencias se desarrollarán en la Sala AMIA, ubicada en el subsuelo de los tribunales federales de Comodoro Py. La primera audiencia está programada para el martes próximo, a las 12. Como el tercer integrante del tribunal, Andrés Basso, actualmente asiste a otro juicio los días martes, durante un plazo indeterminado las audiencias del juicio de la causa Vialidad se llevarán adelante los días lunes. Cuando Basso haya finalizado su participación en el otro juicio, las audiencias por la causa Vialidad serán los lunes y los martes, es decir, dos veces por semana.
El Tribunal Oral Federal Nro 2 (TOF 2) fue sorteado para juzgar a los acusados en este expediente. Ese tribunal estuvo originalmente integrado por Jorge Gorini, Jorge Tassara y Rodrigo Giménez Uriburu. El juez designado como sustituto era Andrés Basso. Como a principios de marzo Tassara falleció, quedó vacante el tercer lugar. Entonces salió sorteada la jueza del TOF 5, Adriana Palliotti, para integrar ese espacio. Palliotti se excusó de intervenir pero como esa excusación fue rechazada y ella argumentó que tiene exceso de trabajo, se resolvió que Basso -designado como cuarto juez sustituto-, ocuparía el tercer lugar, y ella quedaría de suplente. Entonces el tribunal quedó integrado por Gorini, Giménez Uriburu y Basso, y Palliotti en cuarto lugar. El fiscal de la causa ante el Tribunal es Diego Luciani, y las partes querellantes son la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera.
