La oposición en el Consejo de la Magistratura resistirá el avance del kirchnerismo en la Justicia. Se trata de las acciones para intentar el desplazamiento de jueces que están a cargo de las investigaciones por corrupción que involucran a la vicepresidenta Cristina Kirchner, además de exfuncionarios y empresarios K.
Uno de los objetivos del kirchnerismo es lograr la remoción de los integrantes de la Sala I de la Cámara Federal porteña, que confirmaron el procesamiento de la vicepresidenta como supuesta jefa de una presunta asociación ilícita en la causa de los cuadernos de las coimas.
Además impulsan el desplazamiento de los jueces del Tribunal Oral Federal 3, a cargo del juicio oral por fraude al Estado por la causa Oil Combustibles, entre otros expedientes. En la Magistratura hay seis votos a favor y seis en contra por este planteo, y la decisión de la diputada de Consenso Federal Graciela Camaño será clave para desempatar.
El diputado de Juntos por el Cambio y consejero Pablo Tonelli dijo que se van a oponer a la medida. “Es un disparate lo que propone el oficialismo, no se puede avalar”, afirmó. El representante de los abogados Juan Pablo Más Vélez adelantó que respaldará el planteo de la oposición y que votará “con la misma postura”.
La maniobra que rechaza la oposición en la Magistratura es impulsada por el representante del Ejecutivo en la Magistratura y hermano de crianza del ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro.
El jueves Ustarroz le pidió al Consejo analizar 38 desplazamientos de jueces durante el gobierno de Mauricio Macri con el argumento de que “no cumplieron con todos los recaudos” legales y administrativos, consigna Clarín.
Le envió una nota a Camaño, que es la presidenta de la comisión de Selección, en la que le solicitó que se pronuncie sobre la validez de esas medidas dentro de la Justicia para que se trate el tema el próximo jueves en el Consejo.
Planteó que los traslados de jueces no se cumplieron con criterios como el cambio de jurisdicción, mayor jerarquía en los cargos por ocupar o la falta de competencia. Se trata de condiciones fijadas por la Corte Suprema, integradas en el reglamento del Consejo.
La oposición sospecha que detrás de esta presentación se busca desplazar a los jueces relacionados con causas clave para el kirchnerismo, como los cuadernos de las coimas. Tonelli explicó que las impugnaciones “se basan en el supuesto incumplimiento de algunos requisitos”. Calificó el planteo como una “embestida para controlar la Justicia”.
Entre los jueces que el oficialismo trata desplazar están los integrantes de la sala I de la Cámara Federal porteña, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que analizan las causas por corrupción que se investigan en los tribunales federales de Comodoro Py.
Bertuzzi integró el Tribunal Oral Federal 4 y fue uno de los jueces que condenó a Amado Boudou por el juicio del caso Ciccone. Mientras que como camarista, al igual que Bruglia, confirmó todos los fallos que el juez federal Claudio Bonadio (que murió en febrero) tomó en la causa de los Cuadernos.
Aparece además Germán Castelli, del Tribunal Oral Federal 7, que debe juzgar a la vicepresidenta en la causa de los Cuadernos. Castelli fue trasladado desde el Tribunal Oral Federal 3 de San Martín.
También los jueces Fernando Machado Pelloni, trasladado del TOF 7 de Capital Federal al TOF 3, Andrés Basso y Javier Ríos. El Tribunal Oral Federal 3 tiene a cargo el juicio por la deuda de $8.000 millones que la empresa Oil Combustibles contrajo con la AFIP al no pagar durante años el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC).
El Gobierno envía al Congreso la reforma judicial
El presidente Alberto Fernández adelantó que esta semana enviará al Congreso la reforma judicial, con la que asegura que “reconstruirá” el fuero federal. Dijo que el plan “va más allá” de los tribunales de Comodoro Py en los que se investigan causas de corrupción de funcionarios.
Explicó que el proyecto que impulsa “ordena a la justicia federal de todo el país para que empiece a funcionar de otra manera” y contempla la creación de “más tribunales, más fiscalías, más defensorías, más tribunales orales”. “Vamos a reconstruir el fuero federal”, planteó.
El Presidente aseguró que “ningún juez” perderá las causas que tienen a su cargo y que su “mayor preocupación” es que nadie considere que la iniciativa es “para garantizar la impunidad de Fulano o Mengano”. “Las reglas del debido proceso están absolutamente garantizadas”, afirmó.
Dijo que es un proyecto “tan ambicioso como necesario” porque, en su consideración, “la justicia federal se ha exhibido con un funcionamiento defectuoso”. En diálogo con Página 12 planteó que la reforma “tiene una ley que ordena a la justicia federal de todo el país para que empiece a funcionar de otra manera”.
