Primero fue una asociación civil que representa familiares de víctimas del delito. Hoy fue el turno de la política. Legisladores provinciales de Juntos por el Cambio presentaron un pedido de jury de enjuiciamiento para el camarista de Casación Víctor Violini por haber hecho lugar a un hábeas corpus colectivo que, en medio de la pandemia de coronavirus Covid-19 , permitió el arresto domiciliario de presos alojados en distintas cárceles.
El nuevo pedido de juicio político fue presentado hoy por los senadores Juan Pablo Allan, Claudia Rucci, José Andrés de Leo, y la diputada Sandra Paris . Los legisladores de Juntos por el Cambio argumentaron en su presentación ante la Secretaría Permanente de Magistrados y Funcionarios Bonaerenses que Violini actuó con “incompetencia y negligencia”, que “ha cometido graves irregularidades en los procedimientos a su cargo” y que ” ha realizado actos de parcialidad manifiesta que lo inhabilitan para continuar detentando el cargo de juez penal”.
“El accionar ilegal del juez Violini no solo afecta la correcta administración de justicia, sino que, además, su incorrecto e ilegal desempeño funcional derivó en la libertad de imputados, consagrándose así la impunidad de graves conductas”, afirmaron los legisladores en la denuncia.
Ayer, el mismo día en el que la Suprema Corte de Justicia bonaerense revocó el fallo de Violini. La Asociación Civil Usina de Justicia presentó el primer pedido de jury contra Violini.
“Legisladores que representan a todos los partidos que integran Juntos por el Cambio decidimos avanzar en un pedido de jury al juez Violini, que a nuestro entender reúne todas las causales para ser destituido de su cargo. Mal desempeño de sus funciones, la comisión de delito de prevaricato y una clara intención de aprovechar una situación de excepción, producto de la pandemia, para ordenar personalmente la liberación de violadores, asesinos e integrantes de bandas delictivas son las razones que fundamentan el pedido”, afirmó a LA NACION el senador Allan.
En la denuncia, los legisladores bonaerenses de Juntos por el Cambio pidieron que “se inicie el procedimiento de rigor, para que, de manera urgente se suspenda a Violini y, oportunamente, se lo destituya por haber incurrido en mal desempeño”.
“Que se investigue, pero estoy convencido de que lo que hice está bien hecho”, había dicho ayer Violini en declaraciones radiales después de que la ONG Usina de Justicia presentara una denuncia en su contra.
El 8 de abril pasado, Violini ordenó que los detenidos por delitos leves y en riesgo sanitario alojados en cárceles bonaerenses fuesen beneficiados con el arresto domiciliario.
En su resolución, el juez Víctor Violini ordenó “durante el período de vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Poder Ejecutivo Nacional, disponer el arresto domiciliario las personas detenidas por la comisión de delitos leves y que se encuentren en situación de riesgo por edad o por patologías preexistentes, mujeres embarazadas o madres con hijos menores alojados en las Unidades Penitenciarias, identificadas en los listados aportados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Seguridad bonaerenses”.
Respecto de los detenidos considerados del grupo de riesgo sanitario, pero acusados o condenados de delitos graves, Violini había sostenido que cada caso debería ser analizado en forma particular por cada juez o tribunal a cargo de la causa. “Serán los magistrados quienes deberán decidir, individualmente, si corresponde el arresto domiciliario o un aislamiento preventivo en la unidad donde cada preso está alojado”.
“El denunciado ha cometido graves faltas, irregularidades e ilegalidades que demuestran que debe ser destituido, habida cuenta de que ha incurrido en mal desempeño en el cargo”, sostuvieron en la denuncia los legisladores Allan, Rucci, de Leo y Paris.
Para los denunciantes, las medidas adoptadas por Violini “vulneran los derechos de las víctimas, desoyendo las disposiciones de le Ley 27.372 [Derechos y Garantías de las Víctimas], razón por la cual, conforme el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la sentencia del juez Violini no respeta el rol activo y protagónico de las mismas. La omisión de notificación a las víctimas con carácter previo a la decisión por la que recepta la medida colectiva y hace lugar al arresto domiciliario de los detenidos que se encuentren en los listados confeccionados por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Seguridad, violenta de manera insalvable la legislación citada, que es de orden público y establece los derechos que se debe garantizar”.
Los legisladores que pidieron el jury calificaron el accionar de Violini como “negligente” y afirmaron que su decisión “cercenó la posibilidad de poner atención a los casos que efectivamente se encontraran comprendidos en situación de riesgo”.
“Las graves irregularidades cometidas por el Magistrado denunciado se completan con la utilización de listados aportados por otro Poder del Estado, sin posibilidad de los jueces naturales de analizar y contrastar las condiciones necesarias para el otorgamiento de las medidas, desoyendo a otras personas que pudieran ocurrir en el incidente”, sostuvieron los denunciantes.
