Se va el gobierno más cruel que tuvo la democracia en materia educativa. Entre los abusos cometidos por el gobierno saliente, el de la clausura escolar durante la pandemia, ubicó a la Argentina entre los países que superaron el promedio de cierres en el mundo. Se cerraron escuelas, aunque las evidencias anunciaban que eran lugares seguros y aún donde no hubo circulación del virus.
Algunos generaron investigaciones y denunciaron tempranamente que mantener las escuelas cerradas producía daños y profundizaba desigualdades educativas. Hablamos de las “Escuelas Whatsapp” y las “Escuelas Zoom” como modalidades inequitativas del contacto escolar. También mostramos los altos niveles de agotamiento profesional de directivos que estaban solos al frente de sus comunidades escolares, en ausencia de políticas educativas adecuadas.
Se mostraron también los daños en la salud psíquica de niños y adolescentes y el aumento del riesgo de abuso infantil en las condiciones de encierro. Pero el Gobierno fue sordo a las evidencias, el deseo de sacrificar las escuelas era más fuerte. Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, sus ministros y secretarios de Educación son culpables del daño educativo, cuya profundidad no han tenido la valentía de reconocer.
Otros países desarrollaron estudios para conocer los déficits de aprendizaje y activaron políticas para repararlos. Aquí no. El gobierno nacional con sus decretos del horror no actuó solo, la red de complicidades es extensa. El Congreso Nacional y la Justicia ausentes fueron el marco para un Poder Ejecutivo desbocado. La mayoría de los gobiernos provinciales, los sindicatos y una buena cantidad de académicos acompañaron con silencio cobarde o aceptación remunerada.
Recordamos la frase de una reconocida pedagoga argentina radicada en México que en el paroxismo del relato progre decía: “los niños de Argentina, sin escuelas y sin conectividad no sólo están a salvo del virus sino también del capitalismo de datos”. En esa oscuridad brillan con más fuerza las excepcionales actuaciones de algunos legisladores, de algún juez, de algún gobernador, de algún intelectual.
A diferencia de otros países de América Latina, los padres y madres argentinos reclamaban por la apertura de escuelas. Padres Organizados fue un movimiento de la sociedad civil que se enfrentó al poder irracional, como lo hicieron otras organizaciones en otros momentos terribles de nuestra historia. Ellos lucharon por los derechos humanos de esas infancias privadas de educación y aún hoy sigue esa lucha.
Muchos se apresuran a dar vuelta la página, la pandemia ya fue, dicen. La pasión por la ignorancia se impone, como señala la escritora Renata Salecl, y nadie está dispuesto a reconocer las atrocidades cometidas. Ahora buscan enjuagarse el nombre, lavarse las manos, la cara, fingir demencia, amnesia, esconder la crueldad. La impunidad es la próxima estación. Pero no debe haber amnistía, ni perdón para quiénes ni siquiera lo piden.
Por si quedaran dudas sobre la crueldad, el Gobierno saliente, al revés de lo que hicieron otros países, no aumentó el presupuesto educativo para paliar los daños, lo bajó. Hizo ajustes en 2022, en 2023 lo volvió a bajar haciendo una reducción de más del doble que el promedio aplicado para el resto de la administración pública y para 2024, el proyecto de presupuesto que está en el Congreso trae una variación para Educación muy por debajo de la inflación y de otras áreas del Estado.
Gobernar no es ajustar, es priorizar, y claramente la educación no fue prioridad. Hace unas semanas, el candidato presidencial del Gobierno eligió cerrar la campaña electoral en una escuela. Como acto final, Sergio Massa tomó la emblemática Escuela Carlos Pellegrini, el Pelle, y en horario de clase se desplegó la última propaganda. Allí volvieron a romperlo todo, avasallando el espacio público de la escuela y atragantándola con consignas de miedo.
