El fiscal Pablo Camuña requirió que se fije audiencia de debate en el caso que tiene acusado a un exjefe de despacho de la Secretaría Electoral por abuso sexual simple en perjuicio de dos empleadas de esa oficina. Para el Ministerio Público Fiscal, en la dependencia “se vivía un ambiente de violencia de género sostenido desde el acoso y el abuso”.
La Fiscalía General solicitó que se fije fecha para la realización del debate oral y público en un caso en el que un exjefe de despacho de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N°1 de esa jurisdicción fue enviado a juicio acusado de abuso sexual simple cometido en perjuicio de dos empleadas de esa oficina.
En el año 2015, una empleada de la Secretaría Electoral denunció por abuso sexual a su jefe, señalando que, en ocasión de sus funciones, dentro del ámbito laboral, le había realizado tocamientos corporales en zonas íntimas de su cuerpo sin su consentimiento. A esa primera denuncia se sumó la de otra víctima, que puso en conocimiento a la Fiscalía Federal de una situación similar por parte del mismo funcionario.
La acusación señala que, para realizar estas conductas, el acusado se valía de su cargo y hacía abuso de su autoridad respecto de las empleadas que se encontraban bajo su dependencia. La investigación fue desarrollada en la etapa de instrucción bajo la dirección de la Fiscalía Federal N° 2 de Tucumán con la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia Contra las Mujeres (UFEM) de la Procuración General de la Nación.
Y con Valentina García Salemi como auxiliar fiscal. Para el Ministerio Público, en la investigación quedó probado que, por acción del acusado en esa secretaría del juzgado federal, y desde varios años atrás se vivía un ambiente de violencia de género sostenido desde el acoso y abuso sexual, en perjuicio de mujeres trabajadoras judiciales. En marzo de este año la causa fue elevada a juicio.
Este es el primer caso de violencia sexual en el ámbito laboral de la justicia federal de Tucumán que se elevó a juicio oral y público. La realización del debate lo antes posible resulta, a criterio de la Fiscalía General, de gran relevancia institucional y social.
