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También en Tucumán: una empresa de seguridad privada admitió que pagó millonarias coimas para vigilar organismos públicos

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La sede de Securitas, la empresa que admitió haber pagado coimas.
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La empresa de seguridad privada Securitas admitió ante la Justicia que pagó millonarias coimas a representantes de organismos públicos como la compañía Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), entre otros, para no perder los contratos y para cobrar servicios adeudados. Incluso pagó para que le agilicen trámites de tenencias de armas de sus vigiladores y para que les avisen de eventuales inspecciones.

Así surge de un expediente a cargo de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y del fiscal federal Fernando Domínguez, que en las últimas horas derivó en la detención de nueve sospechosos, todos exdirectivos de Securitas Argentina SA, al cabo de 50 allanamientos en distintos puntos del país.

Asistencia Pública

La investigación  comenzó en febrero de 2020 tras una denuncia hecha por representantes de Securitas Argentina en la que sostuvieron que un grupo de exdirectivos “abusaron y utilizaron la estructura corporativa, así como su posición en el mercado y el renombre del grupo, con el único fin de obtener un beneficio para ellos y, de forma indirecta, para las empresas que representaban”.

Cumplimos

Entre organismos públicos y empresas en las que la Gendarmería Nacional, por orden de la Justicia, hizo registros figuran:

Planta Asfáltica

    Ministerio del Interior (Renaper),
    Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (Senasa),
    Secretaría de Transporte de la Nación (AA2000),
    Secretaría de Obras Públicas de la Nación (AySA),
    Ministerio de Seguridad (Policía de Seguridad Aeroportuaria; Prefectura Naval; Agencia Nacional de Materiales Controlados)
    Ministerio de Defensa (Contaduría General del Ejército)
    Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada y Registro Provincial de Armas)
    Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Entre Ríos (Sección Agencias de Vigilancia Privada de la Policía de Entre Ríos)
    Secretaría de Energía de la Provincia de Entre Ríos (Enersa)
    Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Argentina (Petrolera del Cono Sur – Pdvsa)
    Aeropuertos Argentinas 2000

En el momento en que fue hecha la denuncia, Securitas Argentina SA era una filial de la compañía Securitas AB, que ofrece servicios de seguridad, monitoreo, consultoría e investigación con sede principal en la ciudad de Estocolmo, capital de Suecia.

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En la actualidad, la filial local fue adquirida por una empresa de capitales argentinos y un grupo latinoamericano especialista en mercados emergentes. 

Fuentes al tanto de investigación sostuvieron que la nueva gestión no tiene nada que ver con los “pagos indebidos”.
Las conclusiones que los representantes de la empresa presentaron ante la Justicia fueron la consecuencia de una investigación interna iniciada por Securitas AB tras una denuncia de una exempleada dentro del denominado “programa de integridad” de la firma.

“La compañía identificó distintos hechos que podrían configurar delitos como defraudación contra la administración pública, cohecho, dádivas y administración infiel o fraudulenta. Los sucesos denunciados habrían tenido ocurrencia en la República Argentina, con intervención de funcionarios públicos de distintos estratos, al menos entre los años 2016 y 2018, aunque no descartaron que aquellos hubieran acontecido incluso antes de dicho lapso”, según explicaron fuentes judiciales.

Con el fiscal Domínguez y su equipo de trabajo colaboran en la investigación la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), conducida por el fiscal Sergio Rodríguez, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Diego Velasco.

Los detenidos fueron identificados por fuentes judiciales como Jorge Christian Faria, Luis Vecchi, Alejandro Castex, Gabriel Di Cesare, Marcelo Tortul, Claudio Tortul, Alberto Alesci, Julio Terrado y Carlos Rinaudo, quienes ocuparon cargos gerenciales en Securitas Argentina SA.

“La ‘autodenuncia’ de la empresa refiere que los ‘pagos indebidos’ se hicieron entre 2014 y 2018, pero según la imputación hecha por la Justicia se investigan hechos ocurridos entre 2012 y 2018, período que comprende los últimos tres años de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y los primeros dos de la gestión de Mauricio Macri”, afirmaron fuentes judiciales

Si bien el caso se conoció ahora tras el medio centenar de allanamientos y las detenciones, la empresa y el Ministerio Público Fiscal firmaron un “acuerdo de colaboración eficaz” hace casi dos años, el 30 de mayo de 2022.

Según se desprende del expediente judicial, los “pagos indebidos” denunciados por Securitas SA fueron los siguientes:

    Renaper: “los denunciantes dijeron que el organismo fue cliente de Securitas Argentina desde 2011 hasta el mes de noviembre de 2015. “En ese sentido, refirieron que la investigación interna detectó una serie de presuntos pagos indebidos desde la compañía al Renaper para obtener y mantener la contratación y subcontratación para la prestación de servicios. Agregaron que los aludidos pagos se habrían realizado en el año 2016 a efectos de mantener la relación contractual y a fines del año 2015 para cancelar deudas pendientes”.

    Senasa: “según los denunciantes, desde el mes de diciembre de 2015 hasta el mes de mayo de 2017 Securitas Argentina continuó siendo proveedor del Senasa por medio del sistema de subcontratación por parte de la firma Guardman SA. Afirmaron que durante el período comprendido entre 2016 y 2018 se hallaron pagos supuestamente indebidos a funcionarios del organismo estatal que se originaron desde la tesorería de Securitas Argentina, con el fin de mantener la contratación entre la firma Guardman SA. Y explicaron que tanto el sistema de pagos indebidos como la subcontratación se encontraban debidamente articulados para que Securitas Argentina continuara obteniendo los beneficios de la contratación con el organismo público”.

    Sindicatos: los denunciantes indicaron que la investigación permitió establecer que algunos directivos de Securitas Argentina SA habrían realizado pagos indebidos a delegados sindicales o secretarios generales de distintos sindicatos a fin de obtener la contratación de Securitas Argentina para determinados proyectos. Además, explicaron que el por entonces tesorero dijo que se habrían realizado pagos a la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) para servicios de Securitas Argentina en los trabajos que el gremio realizaba en distintas instalaciones de YPF y en el Hotel Alvear, así como para poder brindar servicios de seguridad en proyectos de construcciones en el centro cultural CCK y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

    Pdvsa: “En lo que respecta al caso, los denunciantes sostuvieron que la firma Petrolera Cono Sur SA (Pdvsa) fue cliente de Securitas Argentina entre los años 2016 y 2018 y que, a partir de la investigación concretada, se determinó que durante el lapso investigado se habría realizado pagos por $286.273, con el fin de mantener la contratación existente entre ambas firmas para que Securitas pudiera continuar brindando los servicios de seguridad. La situación habría cesado a mediados del año 2017, cuando se redujo el servicio de la petrolera y el número de locaciones que tenía la empresa.

    Enersa: la empresa fue cliente de Securitas SA entre 2016 y 2018. “Los denunciantes afirmaron que la investigación interna permitió determinar que se habrían efectuado pagos en efectivo para mantener la contratación y que el efectivo habría sido obtenido a través de un supuesto proveedor fraudulento de nombre Tornell SA, el cual -si bien facturaba- no habría brindado ningún servicio concreto. La firma emitía facturas mensuales a favor de Securitas Argentina por servicios de consultoría”.

    AYSA: Según la investigación interna, la empresa de seguridad pagaba una comisión para mantener vigente el contrato. En un documento de Excel se registraron los montos de dinero que se pgaron entre 2014 y 2018, en promedio, 1.300.000 por mes.

    Caso habilitaciones: “Los denunciantes refirieron que la investigación interna develó que en el período comprendido entre 2016 y 2018 se habrían realizado ‘pagos indebidos’ con la finalidad de obtener o acelerar las autorizaciones correspondientes para los guardas de seguridad a los siguientes organismos: Registros de Guardias de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, el organismo para la obtención de la licencia de usuario legítimo del arma de fuego (CLU), el organismo para la obtención del certificado de portación de armas para los guardas de seguridad y para la renovación de las autorizaciones correspondientes, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y Registro de la Propiedad Automotor de la Provincia de Buenos Aires”.
En Tucumán

    Caso Policía de Tucumán: “Los denunciantes reseñaron que la investigación interna permitió establecer que durante el período comprendido entre 2016 y 2018 desde la oficina Regional Centro se habrían realizado ‘pagos indebidos’ a miembros de la Policía de la Provincia de Tucumán, a fin de agilizar los procesos de autorización o tener el apoyo en distintos controles, siendo que durante los años 2016 y 2017 el monto de dichos pagos ascendería a un total de 55.600 pesos”.

    Caso Prefectura Naval: “los denunciantes indicaron que la investigación interna develó que en el período comprendido entre los años 2016 y 2018 se habrían efectuado ‘pagos indebidos’ a la Prefectura Naval a fin de facilitar para Securitas Argentina las correspondientes autorizaciones para los guardias y poder así operar en la zona portuaria de Buenos Aires, siendo que durante el año 2016 se habrían realizado pagos por el monto de $24.000.

    Caso Policía de la provincia de Buenos Aires: los “aportes” fueron hechos para acelerar los procesos de habilitación y obtener asistencia y apoyo en distintas tareas. Los pagos fueron autorizados por los directores de la empresa y preparados desde tesorería. Se habría pagado, entre 2016 y 2018 $332.905.

    Caso Anmac y Registro Provincial de Armas (Repar): “Los denunciantes adujeron que, según el equipo de investigación, se habrían realizado pagos indebidos por parte de Securitas Argentina a oficiales de la Anmac y el Repar a fin de agilizar los procesos de licencias y autorizaciones respectivas para los guardias de seguridad, y notificar de manera previa e indebida las inspecciones que habrían de realizar dichos organismos en la firma, por un monto total de $1.826.000?.

  Caso Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada (Dpgsp): “Los denunciantes explicaron que, entre los años 2016 y 2018, se habrían realizado pagos a la Dpgsp por un monto total de $2.130.000, a fin de agilizar los procesos de licencias y ser avisados de antemano de cualquier inspección que dicho organismo debiera realizar”.

    Caso Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000): “Los denunciantes indicaron que AA2000 fue uno de los principales clientes de Securitas Argentina y que la investigación interna dio cuenta de una serie de ‘pagos indebidos’ hechos por Securitas a AA2000 y a Terminal de Carga Argentina (TCA), a fin de mantener el cliente y acelerar la aprobación en los procesos de pagos de facturas excepcionales. En lo que respecta a los pagos, indicaron que aquellos se habrían realizado –al menos– entre 2016 y 2018 con facturas emitidas por proveedores presuntamente fraudulentos. El monto habría ascendido a $42.930.869?.

Fuentes de la AA2000 explicaron que ya no tienen contratos con Securitas Argentina y sostuvieron: “En el caso de que se comprobara pagos a algún empleado para la obtención de un contrato o para acelerar pagos de un servicio, se estaría frente a una práctica de un empleado infiel y no de un delito, que si pesaría sobre un funcionario o empleado público. 
Ante este caso, AA2000 inició una investigación interna para determinar eventuales responsabilidades, que en ningún caso son de orden penal. Los empleados involucrados hace ya muchos años que no pertenecen a la compañía”.

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