La Fiscalía Anticorrupción española requirió iniciar en Madrid una investigación sobre uno de los capítulos argentinos más sensibles del Lava Jato: el proyecto para soterrar el tren Sarmiento, estimado en US$1500 millones. Lo hizo tras recibir una denuncia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) por los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y corrupción en transacciones internacionales
Los investigadores españoles quieren investigar cuál fue el rol de una sociedad y dos ciudadanos peninsulares en la “ruta del dinero”. Es decir, en el movimiento y blanqueo de US$4,5 millones que se destinaron a sobornar funcionarios públicos durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
Las sospechas se centran en DSC Workshop, la sociedad controlante de un estudio de arquitectura con sede en Madrid que recibió millones de Odebrecht por supuestos trabajos de asesoría que le permitieron al gigante brasileño justificar la salida de esos fondos de sus balances sin que saltaran las alarmas.
Ministerio de Transporte
Esos fondos, sin embargo, no terminaron en los bolsillos de arquitectos españoles. Se remitieron a cuentas en el Banco Privado de Andorra (BPA), también en Suiza y de allí al Caribe y Uruguay, según reveló LA NACION en 2019 como parte de la investigación sobre la División de Sobornos de Odebrecht, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que en la Argentina también integró el diario Perfil.
Ahora, el Ministerio Público español le pidió a la Audiencia Nacional que investigue a los máximos responsables de DSC Workshop. Pidió librar exhortos a Suiza con foco en el contrato que el entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime, firmó con un consorcio integrado por la brasileña Odebrecht, la española Comsa, la italiana Ghella y la argentina Iecsa, por entonces de Angelo Calcaterra, primo del luego presidente Mauricio Macri.
Archivo
En los tribunales argentinos, en tanto, ya existe una investigación por el presunto pago de sobornos en el proyecto para soterrar el tren Sarmiento. Pero languidece desde hace dos años, a pesar de los intentos del fiscal federal Franco Picardi, quien logró que Brasil le entregara evidencias y pidió procesar a los funcionarios, empresarios e intermediarios como Manuel Vázquez y Jorge “Corcho” Rodríguez.
A pesar de las presentaciones del fiscal Picardi, sin embargo, el expediente permanece en el juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi. Se encuentra allí, en el cuarto piso de los tribunales de Comodoro Py, desde que la Cámara Federal porteña anuló los procesamientos que dictó el magistrado en agosto de 2019.
Pero mientras la investigación permanece inmóvil en Buenos Aires, la Fiscalía Anticorrupción pidió en Madrid las primeras medidas de prueba para avanzar contra la pata española del caso por el pago de coimas por al menos US$4,5 millones a funcionarios argentinos antes y después de la adjudicación del contrato.
LA NACION
Una de esas primeras medidas, según le planteó la Fiscalía al juez a cargo de la investigación en Madrid, Ismael Moreno, la citación como imputados de los españoles que figuran al frente de DSC Workshop, señalada por Odebrecht y sus ejecutivos, en Brasil, tras arribar a un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal de ese país.
De acuerdo a los investigadores españoles, DSC ayudó a Odebrecht a pagar sobornos en la Argentina y otros países de América Latina a través de similares estrategias financieras. “El examen conjunto de todas ellas revela un perfil continuado de actuación en circuitos de blanqueo agravado por tener los fondos su origen en los hechos de corrupción, relatados por las autoridades fiscales de Perú, Chile, Colombia y Ecuador”, remarcó la Fiscalía.
La extensión de la operatoria no debería sorprender. DSC Workshop le sirvió de pantalla a Odebrecht para canalizar más de US$34,6 millones para el pago de sobornos en Perú, Ecuador, Guatemala y Brasil entre 2010 y 2012, a cambio de una comisión del 3% por su rol de intermediarios, según un informe confidencial de la Policía de Andorra, que difundió el diario El País, de España, en marzo de 2018.
“Un infierno”
Seis meses después, un equipo de la Dirección General Impositiva (DGI), entonces bajo el liderazgo de Horacio Castagnola, se presentó ante el juez Martínez de Giorgi para informarle que habían detectado pagos por US$4,5 millones a DSC Workshop desde una cuenta en el Banco Santander Río del consorcio de Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa. ¿El apoderado de esa cuenta? Santiago Altieri, un lugarteniente de Calcaterra al que Manuel Vázquez, el testaferro de Ricardo Jaime, señaló como el pagador de coimas en el “proyecto Sarmiento”.
Ese informe de la DGI trajo consecuencias, pero no las esperadas. Porque la Justicia no reaccionó con la premura que debía –el fiscal Picardi pidió los procesamientos de Calcaterra y otros imputados, pero el juez dictó su falta de mérito–, en tanto que fue el principio del fin para Castagnola al frente de la DGI, y el desplazamiento de varios de sus colaboradores.
¿Pudo ser convocado DSC para un fin lícito en la Argentina, a diferencia de lo ocurrido en Perú, Ecuador, Guatemala y Brasil? Según los responsables de la propia empresa española, ya extinta en Madrid, no. O sólo de manera parcial. Es decir, como les ocurrió en Ecuador, cuando se encargaron de redactar un informe técnico sobre la represa Multipropósito Baba, y esa labor sirvió de pantalla para todo lo demás.
En el caso de la Argentina, indicaron desde DSC ante la consulta directa y por escrito de LA NACION, “Odebrecht nos encargó la revisión de unos trabajos relacionados con esta obra con, al parecer, la finalidad de desviar dinero de su balance”, precisaron en 2019, para luego calificar como “un infierno” lo que afrontan desde hace años, a raíz de su aparición en medio de las transacciones ilegales de la División de Sobornos.
LA NACION ahondó en la posibilidad de que la aparición de DSC Workshop en el proyecto para soterrar el tren Sarmiento fuera una pantalla. ¿Cuál es la respuesta que llegó desde Madrid? “Te confirmo que tu comprensión es correcta”. Sin embargo, y a pesar de todas las acusaciones que afrontan, desde DSC dijeron desconocer las transacciones ilegales. Ahora, tras una denuncia de la OCDE, deberán dar explicaciones ante la justicia española.
