La primera vez que Cristina Kirchner comprendió que el concepto de lawfare nacido en el Pentágono tras el ataque a las Torres Gemelas podría ser adaptado a sus necesidades políticas fue en su departamento de Recoleta, mientras la visitaba Dilma Rouseff. Desde aquel té con masitas de diciembre de 2017 en Juncal y Uruguay, todas las causas contra Cristina Kirchner fueron lawfare, la solución mágica que enjuaga todo lo que toca.
Los hechos no importan porque, como es lawfare, todo es armado, intencional, falso. ¿Y cómo pone el lawfare cinco millones de dólares cash en la caja de Florencia Kirchner? No importa: al allanamiento se llegó por una persecución política. ¿Y cómo se hicieron millonarios los secretarios de Néstor y Cristina, Daniel Muñoz y Fabián Gutiérrez? No importa. Lawfare. Persecución a los líderes latinoamericanos.
Éste es el credo mayor del kirchnerismo. Ahora toma forma otro eufemismo judicial, expresado por el Presidente al declarar a favor de Cristina Kirchner en la causa de la obra pública. Es la idea de “decisión política no judiciable”, que funciona así: lo que se decidió (con el dólar futuro, el pacto con Irán o el reparto de la obra pública) fueron simples decisiones políticas que no pueden ser alcanzadas por la justicia.
Es un contrasentido que, en su alcance más profundo, lo que termina haciendo es eliminar la idea del contrapoder. Decisiones políticas no judiciables eran las que tomaban las monarquías del absolutismo antes de que la Revolución Francesa cambiara el mundo e inaugurara la edad contemporánea. La idea de que las decisiones políticas no se revisan ni siquiera tiene cabida en una democracia moderna.
¿Por qué cualquier decisión política zafaría, a priori, de ser potencialmente investigada por la justicia? Después puede haber condena o absolución, pero eso es algo muy diferente a la idea de que directamente no se investigue. Supongamos que un intendente tiene dos caminos de tierra que pasan por su pueblo y decide asfaltar uno. Luego los vecinos le recriminan porque el otro que quedó sin asfaltar era el más utilizado.
El intendente podrá decir que sólo fue una decisión política equivocada y que, en todo caso, no lo voten en las próximas elecciones. Pero, ¿Qué pasa si, al revisar los papeles, surge que el municipio pagó un sobreprecio por el asfalto, que la obra le fue adjudicada a un amigo del intendente que mientras asfaltaba la calle hacía una pileta en la casa del jefe comunal, a quien además le pagó alquileres por adelantado de dos habitaciones para alojar gente que nunca nadie vio por el pueblo?
Alberto Fernández es profesor de Derecho Penal en la UBA. Que diga en tribunales que la obra pública en favor de Lázaro Báez es una decisión política no judiciable es una opinión que no le corresponde a un testigo, pero también un riesgo: lo declara bajo juramento, después de haber asociado a Cristina Kirchner con la corrupción en la obra pública durante los años en que estuvo fuera del poder.
El Presidente cambió de parecer, pero los hechos son los mismos. ¿Cuándo dijo la verdad, entonces? ¿Sus contradicciones lo hacen un testigo confiable? Menos de 24 horas después, Casación confirma el procesamiento contra Cristina Kirchner por los cuadernos de las coimas y deja firme la acusación de que ella era la cabeza de la recaudación ilegal a las empresas que participaban de la obra pública.
