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Un video favorecería a un policía acusado de homicidio

HECHO. El lugar donde fue hallado el cuerpo. LA GACETA/ ARCHIVO
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“Es una causa que está plagada de irregularidades”, señaló Álvaro Zelarayán, defensor del policía que fue acusado del crimen de un supuesto ladrón en el barrio 11 de Marzo. “Tenemos todas las pruebas necesarias para demostrar su inocencia y no se las tuvo en cuenta”, agregó el profesional.

El cuerpo de Jonathan Rodríguez (17 años) fue encontrado sin vida en Fortunata García al 2.700 el sábado 5 de octubre. Por el hecho fue detenido Sergio Darío Fernández, que prestaba servicios en la división Delitos Rurales. Después de haber declarado, la fiscala Adriana Giannoni solicitó su detención y luego, la prisión preventiva.

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Zelarayán contó que el mismo día que el acusado prestó declaración, él ofreció que se analizaran las cámaras de seguridad que tenía el sospechoso en su casa. “Ahí está demostrado que llegó a su domicilio el viernes 4 a las 23. Luego recibió a unos amigos que estuvieron varias horas y por último se lo ve salir pasadas las 4. El crimen se produjo, según la hipótesis, a las 3, pero aún no fueron analizadas”, explicó el defensor.

El abogado adelantó que pedirá la nulidad de la única prueba con la que se incrimina al acusado. “La pericia balística determinó que el proyectil que mató al joven era del arma de Fernández. Pero no fui notificado de esa prueba. No participé de ella como establece el Código Procesal. ¿Cómo podemos saber si realmente fue la bala fue la que la causó la muerte si no tuve la posibilidad de controlar ese acto?”, explicó.

El defensor de Fernández dijo que lo detuvieron porque personas que no se identificaron por temor a represalias fueron las que lo señalaron como el autor del crimen. “Hay demasiados antecedentes jurídicos que establecen que este viejo latiguillo utilizado por los investigadores es totalmente inconstitucional y no tienen valor probatorio”, comentó. “Me llama poderosamente la atención que en pleno estado de derecho se sigan observando este tipo de prácticas. Si fuera así, cualquier integrante de la sociedad corre peligro de ser incriminado injustamente”, agregó Zelarayán, que ayer presentó oficialmente ante el juez Facundo Maggio el pedido para que se libere a Fernández.

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