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Una empresa tucumana fue acusada de “cuadrangular” exportaciones para subfacturar 4 millones de dólares

La táctica era utilizada para subfacturar ventas de porotos a Brasil. La mercadería pasaba primero por Panamá y Costa Rica, antes de llegar a su destino final.

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Son días movidos para las empresas tucumanas. A la investigación que se les realiza a los dueños de Paramérica SA por posibles pagos de sobreprecios en negocios con Venezuela, ahora se suma un informe de la Aduana, conducida por Guillermo Michel, en el que informa sobre la maniobra de una empresa tucumana para subfacturar la venta de porotos a Brasil.

El organismo indicó que “agentes especializados de la Dirección General de Aduanas descubrieron que una empresa argentina incurrió en fraude comercial al tejer una compleja maniobra de cuadrangulación simulada para ocultar el verdadero valor de sus ventas al exterior”.

Asistencia Pública

La maniobra consistió en que “la firma tucumana -líder en el rubro de porotos- apeló a dos intermediarios sucesivos, uno radicado en Panamá y otro en Costa Rica, para subfacturar exportaciones a Brasil en más de 4 millones de dólares”. En total, fueron 304 exportaciones de porotos a través de empresas radicadas en Centroamérica para finalmente llegar a Brasil.

Movilidad

Según la denuncia de la Aduana, la exportadora “declaró las operaciones en Argentina a un valor casi 30% más bajo que el registrado en Brasil para evadir la liquidación de más de 4 millones de dólares”. Si bien no dijeron cuál es la empresa, trascendidos periodísticos aseguran que se trataría de AgroWorld Argentina SRL, con oficinas y plantas de empaque en San Miguel de Tucumán.

Los montos declarados fueron de 11.125.894,07 en la salida de Argentina y de 15.375.043,34 en su llegada a Brasil. “No se advierte ningún aporte tangible de valor agregado por parte de los intermediarios que justifique la subfacturación del 28%. Justamente, la mercadería viajó al país vecino en forma directa”, agrega el comunicado.

De esta manera, se comprobaron “vinculaciones indebidas entre la compañía argentina y las empresas radicadas en Panamá y Costa Rica, en los términos establecidos por el artículo 14, inciso J, del Decreto 862/2019″. Agregaron que “la vinculación funcional permite concluir que la refacturadora costarricense era una pantalla utilizada para ocultar el incremento de valor registrado en el país de destino”.

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Para finalizar, es menester dar cuenta acerca de que, de esta manera, la empresa tucumana se somete ahora a una denuncia penal, ya iniciada por Aduana, que podría cobrarle una multa mínima de 74.415.209,77 dólares y una posible inhabilitación para operar en el comercio exterior.

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