El ministro del Interior, Miguel Acevedo (Frente de Todos), rechazó las acusaciones que lanzaron los intendentes radicales Mariano Campero (Yerba Buena), Alejando Molinuevo (Concepción) y Sebastián Salazar (Bella Vista), respecto a que la Provincia discrimina a sus municipios por ser de signo político opositor. Afirmó que se les gira dinero suficiente para cubrir las planillas salariales y otros servicios.
Advirtió que ningún jefe municipal fue obligado a firmar el Convenio Consensuado de Fondos Unificados (antes llamado “Pacto Social”). Y consideró que toda la movida es política, por el contexto electoral. De todos modos, reconoció que no hay un coeficiente o un parámetro para definir cuántos fondos le corresponde a cada jurisdicción, sino que es algo que se acuerda entre las partes.
“Cada vez que se aproximan las elecciones salen a despotricar o a quejarse; es lo mismo de siempre”, manifestó el vicegobernador electo en una entrevista. Acevedo subrayó que los intendentes suscribieron un convenio; es decir, que fue consensuado. Expresó que los dineros que se les otorga son suficientes para cubrir las planillas salariales, pagar la recolección de residuos y disposición final de los restos sólidos urbanos.
“Es lo más alejado del concepto de discriminación”, dijo. En ese sentido, opinó que si el ánimo de la Provincia hubiese sido perjudicarlos no hubiesen enviado ni los dineros para los salarios. El funcionario advirtió que el Poder Ejecutivo les presta dinero a los municipios, ya que son fondos reintegrables, pero que no se les cobra interés y este se licua por la inflación.
“Nunca les hemos dicho que vengan a pagar las deudas. Uno de los municipios debe más de $ 1.400 millones, otro $ 700 millones y otro $ 4.500 millones”, advirtió. A su vez, apuntó que si el oficialismo municipal ganó en esas jurisdicciones es porque hicieron una buena gestión gracias al acompañamiento provincial. “Si no tuviesen los recursos no podrían haber llegado ni a finalizar un mandato. Suena feo, parece una amenaza, pero es así. Hemos cumplido durante los ocho años garantizado el pago de los sueldos, los servicios y la paz social”, dijo.
El ministro recordó que hubo una época en la que los municipios no podían ni pagar sueldos y que -literalmente- estaban incendiados, con quemas de cubiertas en las sedes. A su vez, señaló que entre 2015 y 2019 los municipios de JxC fueron muy beneficiados por la Nación con miles de millones, con grandes obras que dificultaban la circulación vehicular, pero que la Provincia no corrió con la misma suerte y no dijeron nada. “Seguimos trabajando con los con los recursos y los elementos que teníamos”, dijo.
Mediante el Convenio Consensuado de Fondos Unificados, la Provincia asiste a los distritos que lo rubriquen con los dineros necesarios para su funcionamiento a cambio de que cedan su coparticipación. Puede otorgar fondos reintegrables, para los gastos corrientes, o no reintegrables, para obras u otros requerimientos que puedan tener los intendentes.
Los radicales denunciaron discrecionalidades y asimetrías con los dineros no reintegrables (casi $ 12.000 millones sólo para municipios peronistas) y los reintegrables luego de un relevamiento realizado por este diario. Plantearon que se priorizan a distritos administrados por el oficialismo y por montos excesivos. Señalaron -por ejemplo- que Burruyacu, un municipio considerado de tercera categoría, se le giró $ 1.880 millones no remunerativos y que no hubo nada para Yerba Buena, Concepción o Bella Vista. Por estos motivos exigieron formalmente al gobernador Juan Manzur que explique cuáles son los criterios que se siguen para hacer los desembolsos.
Consultado al respecto, Acevedo dijo que los dineros reintegrables se acuerdan con el gobernador, garantizando salarios y servicios. “No es que sea un coeficiente o un parámetro coparticipable, no existe eso. Son convenios, hay flexibilidad. No hay un índice, por eso no se puede comparar ni por extensión ni por territorio. Esto es consensuado”, recalcó. En cuanto a los giros sin devolución, dijo que son solicitados por cada intendente.
Que se consensuan con el gobernador, de acuerdo a lo que se quiere hacer, y de allí surgen los valores que se otorgan. “Quiero resaltar que es un convenio. Si no le hubiese gustado no lo hubiesen aceptado. El pacto no es obligatorio. En cualquier momento hubiese dicho: ‘señores, esto no me satisface, no me gusta’. Sin embargo, no lo plantearon nunca en estos ocho años”, apuntó. Y añadió: “vuelvo a reiterar: esto es político. En cada momento que tenemos elecciones surge nuevamente el tema”.
A inicios de junio, antes de las elecciones provinciales, la Provincia firmó una adenda por casi $ 14.000 millones con 16 municipios para afrontar el pago del medio aguinaldo y las recomposiciones salariales otorgadas a los trabajadores estatales. Los tres distritos administrados por el radicalismo fueron los menos favorecidos, mientras que otros de signo oficialista recibieron porcentajes que casi duplicaron a los giros reintegrables.
Respecto a la adenda, Acevedo insistió con que no hay porcentajes y parámetros a seguir. “Cada uno de los intendentes se sentó con los equipos técnicos. La adenda se hizo para que paguen los sueldos con los incrementos salariales. Les dijimos: ‘estos son los incrementos, este valor corresponde y se firmó el convenio”. Desde fines de octubre Acevedo presidirá la Legislatura. Justamente, uno de los pedidos de algunos sectores es que se modifique la Ley de Coparticipación.
En ese sentido, dijo que hubo un crecimiento poblacional en municipios y comunas, que quizá meritúe una redistribución, pero que el análisis es complejo. Consideró que debe haber un grado solidaridad, a diferencia de lo que pasa a nivel nacional. “Gran parte de los fondos quedan en la Capital y no hay una distribución más equitativa hacia el resto del país, y hacia el norte en particular”.
