Opinión. “Lo que nos dejó la semana“
La semana que finalizó comenzó con la vuelta a funcionamiento de parte del Poder Judicial, luego de la feria de verano y con ella volvió a escena la posibilidad de que el juez penal, Dr. Enrique Pedicone, sea destituido de su cargo luego de denunciar al vocal de la Corte Suprema de Justicia local, Dr. Daniel Leiva, por tráfico de influencia, incumplimiento de sus deberes como funcionario público, entre otras acusaciones contra el magistrado.
Que el magistrado en cuestión tuviera que llevar su caso ante las Naciones Unidas, da cuenta del ataque a la independencia de su investidura y a través de la misma a todo el Poder Judicial de Tucumán. Enrique Pedicone solicitó que se tome su caso y que se expida lo más prontamente al respecto, porque los tiempos corren y el final de su carrera pareciera acercarse. Pero no sólo por ello dio la nota el Poder Judicial.
Y es que la muerte de un motochorro en un accidente de tránsito vino a poner sobre el tapete el papel de la Justicia tucumana en el constante ataque de los delincuentes. Ya que al poco tiempo del siniestro vial, se descubrió que el motochorro había estado detenido seis veces entre 2016 y 2020. Pero como si esto fuera poco, trascendió también que el delincuente tenía cinco causas abiertas en su contra.
Pero, sin embargo, nunca afrontó un juicio como hubiera correspondido en cualquier lugar del mundo. El motochorro en julio pasado fue detenido por sexta vez en menos de cinco años. En este caso, por haber intentado robar una moto, la Justicia le dictó prisión preventiva por seis meses y fue trasladado al penal de Villa Urquiza. Pero luego fue liberado como si nada hubiera pasado y volvió a las andadas.
¿Dónde está la Justicia para dejar librado al azar el destino de un delincuente? El arrebato es un hecho delictivo que más se acentúa en nuestra ciudad, lo que demuestra que muchas personas hacen del mismo un arte de vivir, y sin embargo el Poder Judicial de Tucumán, pareciera naturalizar este tipo de delitos como si se tratara de algo más cuando muchas veces culminan en el asesinato de la víctima del arrebato.
Pero no sólo la falta de accionar de la Justicia es grave, también lo es el hecho de que otros poderes del Estado no cumplan con sus funciones o que mientan acerca de trabajar para la gente y por el normal funcionamiento de las leyes. Es el caso de la senadora nacional, Silvia Elías de Pérez, y es que quedó expuesta la hipocresía de la senadora a la hora de defender en la Justicia la vida desde la concepción.
Y es que lo lamentable es que haya usado una cuestión tan sensible como el derecho a la vida nada más que para sacar ventaja de la gente que dio todo de sí, para impedir que se legalizara la muerte en el vientre de un ser inocente. Había jurado que, en caso de consumarse la aprobación del aborto, presentaría el pedido de inconstitucionalidad de la ley. El asunto es que hasta aquí, nunca lo hizo, jamás movió un dedo.
Peor como si eso fuera poco, Silvia Elías de Pérez habría mentido acerca de la denuncia sobre el IFE con la que acusó a la ANSES. Y es que la ANSES asegura que la legisladora tucumana no percibe el beneficio y que nadie lo cobró a su nombre, razón por la cual pidieron que se rectifique de sus declaraciones. En ese sentido, el organismo previsional dejó en claro que, incluso, tampoco percibe ningún otro beneficio de la seguridad social.
¿Nuevamente la senadora recurre a un ardid para sacar provecho propio en un año electoral? ¿Acaso se debe a las intenciones que tienen Mariano Campero y compañía de “jubilarla”? De hecho, quizás tenga mucho que ver el hecho de que la interna de la oposición se encuentra al rojo vivo y no hace más que profundizarse con el paso el tiempo. Pero, ¿Acaso eso les da lugar para desatender las cuestiones diarias?
En ese sentido, los vecinos de Yerba Buena se preguntan qué es lo que hace el intendente que eligieron para que los gobierne. Se trata de Mariano Campero, quien solo atina a especular con su futuro político, mientras que en el municipio los robos crecen a diario. Mientras tanto, el intendente de Yerba Buena prefirió dedicar su tiempo en especular con la posibilidad de convertirse en el líder de la oposición tucumana, pero recibió un fuerte desplante por parte de la dirigencia nacional, quienes le dijeron “no” a la alianza con Ricardo Bussi.
Sin embargo, no es el único que desatiende la problemática de la inseguridad, ya que lo mismo ocurre en el caso del intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro. ¿Hasta cuándo seguirá sin hacerse cargo de la seguridad de la Capital? Es la pregunta que más se hacen los vecinos de una de las ciudades más importantes del país, y también, una de las que se volvió más peligrosas.
Así lo atestiguan, sobre todo, los choferes de colectivos que son atacadas en sendos asaltos en los que su vida corre serio riesgo. No obstante, Alfaro no acusa recibo y está dispuesto a poner cara de nada ante la consulta periodística. De esta forma, reafirma la doble moral que rige su gestión al frente de la Capital ya que le exige a los demás que se hagan cargo, todos menos él.
Y no resultó ser más que una puesta en escena para terminar haciendo lo opuesto de lo que reclaman, al tiempo que los habitantes de San Miguel de Tucumán sufren el terror de la delincuencia y la inseguridad, sobre todo, al sur de la ciudad. Vecinos deben realizar malabares de todo tipo para poder hacer algo tan sencillo como tomar un colectivo sin que eso implique la posibilidad de ser asaltados.
Pero si de colectivos hablamos, luego de que el Gobierno provincial otorgara un crédito de $300 millones y Nación confirmará fondos para todo el 2021, los empresarios del transporte público tucumano amenazan con que el boleto en la provincia debería tener un valor de $100, es decir, unos $70 más de lo que cuesta en la actualidad. En este marco, en la semana nos preguntamos ¿Qué es lo que hará el intendente Germán Alfaro al respecto?
Cabe recordar que prometió hace un par de semanas que tomaría cartas en el asunto y que les quitaría la concesión a los empresarios para llamar a licitación. Mientras tanto, nada de eso ha ocurrido y todo indica que los empresarios tienen luz verde de parte del municipio capitalino para continuar haciendo de las suyas, es decir, “presionar”. ¿No era que esta vez se haría cargo en serio de una buena vez de este grave problema del transporte público?
Es seguro que la ciudadanía de San Miguel de Tucumán interpelará a Germán Alfaro, que deberá hacerse cargo de asegurar de una buena vez el normal funcionamiento del servicio de transporte público de pasajeros. En definitiva, y mal que les pese al intendente y al resto de la oposición, con sus actitudes no hacen más que demostrar que no están a la altura de gobernar Tucumán, debido a que privilegian sus propios intereses antes que el bien de la comunidad.
