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Una semana LAMENTABLE

Dejó al descubierto las graves circunstancias que afronta la sociedad, sumada a la manifiesta inacción del Estado

Casa De Gobierno De Tucumán
Descacharreo

Opinión. “Lo que nos dejó la semana

La semana que pasó arrancó movida a pesar de que el lunes formó parte del último feriado largo del año. Y es que ese día los tucumanos se vieron impedidos de realizar compras en los comercios de San Miguel y de Yerba Buena, a causa de una protesta del sindicato de empleados de comercio (SEOC), quienes portando redoblantes y bombas de estruendo se opusieron a la apertura de locales comerciales.

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La manera de manejarse fue muy patotera y extorsiva, al punto de que no dejaron entrar a la gente al quedarse parados en la entrada de uno de los shoppings y lo mismo hicieron con otro importante local de venta de electrodomésticos. La razón que esgrimieron es que supuestamente los dueños de los locales comerciales, no estaban pagando como correspondía, algo que no fue más que una mentira.

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Fue entonces que desde la cámara de Yerba Buena, decidieron hacer la denuncia pertinente y les pudieron demostrar que los representantes comerciales están todos juntos y que no permitirán más abusos debido a que se están equivocando en la forma de proceder y que siempre se apostó al diálogo como una forma de buscar una solución a este tipo de problemática, que colmó la paciencia de los emprendedores.

Como si esto fuera poco, a los pocos días trascendió el hecho de que una violenta protesta sindical derivó en una restricción de acercamiento a una funcionaria, claramente llegó el momento de tratar un tema que suele ser tabú en la mayoría de los medios de comunicación. Y es que tanto a nivel nacional como provincial, el gremialismo está manejado muchas veces por personas oscuras relacionadas con el poder político.

En ese marco, se conoció que el mes pasado un total de cuatro hombres, entre los que figuraba el secretario adjunto de ATE, Jorge Antonio Flores, quien además se desempeña como jefe del bloque de concejales del PJ en Banda del Río Salí, habrían irrumpido de forma violenta utilizando bombos y silbatos y abriendo a patadas las puertas de acceso en la sede de una repartición pública, como lo es la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf).

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Claramente, una acción violenta como la que sufrió la funcionaria tal y como quedó descripto en esta nota, sólo puede tener lugar bajo el amparo de la protección política. Cabe recordar que el peronismo ha sabido utilizar muy bien la fuerza de choque en la que se han convertido algunos sindicalistas que, como ya sabemos, incluso echan mano a barra bravas de clubes de fútbol para intimidar a empresarios y trabajadores sin que nadie haga algo al respecto.

A nivel nacional, el país vio esta semana cómo se aprobó el aborto en Diputados, como una forma de instalar una bomba de humo con el fin de tapar la mediocre performance de un Gobierno que justo esta semana cumplió su primer año de gestión mediocre. En definitiva, mucho más no se podía espera del manejo de un presidente que pareciera sufrir del síndrome de Estocolmo con Cristina Kirchner, al decidir acompañarla en su cruzada contra la Corte Suprema.

Pero, a decir verdad, en Tucumán no podemos darnos el lujo de mirar para otro lado, cuando durante la semana revelamos desde este medio que cuando fue confirmada la prisión para el corrupto  ex vicepresidente Amado Boudou, recibió apoyo por medio de una solicitada de parte de cuatro mujeres relacionadas con el ex gobernador, José Alperovich, quien está acusado nada menos que de haber violado a su propia sobrina.

El apoyo a Amado Boudou, quedó registrado mediante las rúbricas de la esposa de Alperovich y ex senadora nacional, Beatriz Rojkés; la hija de ambos y legisladora provincial, Sara Alperovich; la cuñada del ex gobernador y ministra de Educación durante su gestión, Silvia Rojkés y la actual senadora nacional Beatriz Mirkin, prima de José Alperovich. Estas cuatro mujeres cercanas al poder en Tucumán, dieron un fuerte mensaje mediante la firma de apoyo agudo.

El apoyo explícito a la corrupción y al saqueo del Estado por parte de Beatriz Rojkés, Sara Alperovich, Silvia Rojkés y Beatriz Mirkin es el colmo de la desfachatez. Es por ello que sería saludable que la sociedad tome consciencia de este apoyo de parte de las mujeres del clan Alperovich hacia un corrupto como es el ex vicepresidente. Sobre todo, cuando se habla de que Cristina Kirchner podría interceder a favor de Beatriz Rojkés para volver al Senado.

Pero si de elecciones hablamos, a la oposición no le va mucho mejor que digamos a la hora de buscar por allí una alternativa al peronismo. Y es que desde Tucumán Despierta,  dimos cuenta de que en los últimos días ha comenzado a circular la información de que los diferentes partidos que conforman la oposición al oficialismo en Tucumán podrían ir divididos a las elecciones legislativas del año que viene.

De esta manera, volverían una vez más a ser funcionales al peronismo tucumano que se relame aprovechando las internas de la oposición, en torno a la posibilidad de que tengan lugar o no las PASO en el mes de agosto del 2021. En ese marco, hizo ruido político la intención supuesta de parte del intendente de Yerba Buena, Mariano Campero, de aliarse con el líder de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi.

La intención de Mariano Campero de aliarse con Ricardo Bussi es parte de lo que podría considerarse un macrismo tardío, en el sentido de que lo que hace el intendente de Yerba Buena no es ni más ni menos que oportunismo político, opinó el director ejecutivo de la Organización para el Desarrollo Sustentable, Ariel García. Se trata de un oportunista debido a que se le termina su último mandato como intendente, opinó.

Por esta razón, agregó, el mandatario de la Ciudad Jardín no está preocupado en cómo resolver los problemas a los vecinos de Yerba Buena en los todavía largos tres años que le quedan de mandato. En ese sentido, la intención de mandatario municipal se parece más a una intentona o un manotazo de ahogado, porque ve que se acaba su gestión y que no tiene forma de ser reelecto en el cargo.

Pero como si esto fuera poco, ayer dimos a conocer una denuncia del legislador provincial y procesado por corrupción, Jorge Yapura Astorga, quien aseguró que Mariano Campero debía interiorizarse antes de hablar, refiriéndose al tema de las usurpaciones en Tafí del Valle.  Agregó que la casa del padre de Mariano Campero se ubica a menos de 100 metros de lo que realmente es una usurpación.

Y como la Navidad se acerca, tanto Edet como el Ersept, más que regalo, a la sociedad le obsequiaron un verdadero golpe al bolsillo, debido a que la empresa solicitó un insólito aumento de nada menos que del 42% del valor de la tarifa de luz eléctrica. Mientras tanto, el ente regulador nada hizo en pos de que los empresarios no tiraran semejante bomba sobre la mesa en el marco de las próximas festividades de fin de año.

De esta manera, el Ersept no hace otra cosa más que volver a la carga con la intención de meterle la mano en el bolsillo de los tucumanos. Especialmente, en este marco donde el organismo plasma toda su falta de sensibilidad porque convalida semejante incremento en la tarifa sin importarle la situación económica, ni los salarios congelados tanto de la administración pública como en los empleos privados de Tucumán.

Cabe recordar que el Ersept, tiene la obligación de informar, proteger y asesorar sobre sus derechos y obligaciones a usuarios actuales, futuros y a las asociaciones que estos conforman asegurándoles trato digno, equitativo y acceso a toda la información pertinente. Una vez más, el ente regulador se pone del lado de un verdadero monopolio en lo que hace a Edet, como la única compañía que presta el servicio de distribución de energía eléctrica en nuestra provincia.

Por lo que la combinación de la empresa y del ente regulador que nada controla, expone los tucumanos a una vulnerabilidad mayor a la que tendría si pudieran elegir entre un conjunto de compañías que brindaran el mismo servicio. Pero claro, en una provincia como Tucumán, un verdadero reino del revés, no debiera sorprender que el ente regulador encargado de controlar a la única empresa, le termine siendo funcional en lugar de defender a los usuarios.

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