Argentina es un país donde es frecuente que los patos les disparen a las escopetas. Sólo así, puede entenderse cómo es posible que una empresa como Vicentin, que tendría que ser exitosa por el sector al que pertenece, debido a que exporta granos, haya dejado de pagar sus deudas y que formalizó su condición de insolvente. Sólo así, se entiende que el Gobierno, en lugar de ayudar al emprendimiento privado, lo ahogue hasta desaparecerlo.
En lugar de eso, eligió un tipo de intervención que se asemeja a la de un elefante gordo y fofo en un bazar de reliquias delicadas. Y lo hizo sin respetar la independencia de poderes, cuando la compañía se encuentra atada a lo que la Justicia dictamine en función del concurso en el que se encuentra Vicentin. Hasta que la semana pasada, el magistrado santafesino que está al frente del caso, repuso en el directorio a los CEOs del grupo.
Luego vino la manifestación en forma de banderazo que se exhibió justamente en el día de la bandera, a pesar de que la gente se expuso a la posibilidad de contagiarse en medio de la pandemia de coronavirus. La torpeza por parte del Gobierno y el fanatismo del kirchnerismo llevó a atentar contra un clima de negocios alicaído de por sí. Y que genera miedo en cualquier empresario extranjero que pensara en traer sus inversiones a nuestro país.
Similar al caso de LATAM, el de Vicentin es testigo del mal manejo del Estado en lo que está llamado a hacer bien. Es decir, generar las condiciones estructurales para que la inversión pudiera tener lugar en Argentina. Primero, el macrismo con su manejo de la economía y las sucesivas devaluaciones les generó a las empresas pérdidas millonarias en dólares, justo cuando más escasea en este país.
Luego, el kirchnerismo en su vuelta al poder, empeoró la situación con una intervención que a todas luces es inconstitucional y que repele a cualquier intento de acercar inversiones a Argentina. Y es que un sector del oficialismo ostenta tiene una visión muy negativa de los emprendimientos privados. Por lo cual, es razonable que mucha gente se sienta en riesgo, tanto en lo que hace a las fuentes laborales como a la propiedad privada.
Si nadie es profeta en su tierra, en Argentina esa frase se hace carne cuando se ataca al empresario que quiere generar empleo genuino cuando el país ha saturado de puestos públicos un mercado dependiente del Estado. Intervenir y estatizar no es la solución porque implica socializar las pérdidas a la sociedad que padece una de las presiones impositivas más grandes del mundo, a la altura de los países nórdicos.
Pero la diferencia es que Argentina no posee ni cerca la eficiencia y el estado de bienestar de esas naciones. Para poder encontrarle soluciones a los problemas que padece Argentina, habrá que empezar por salir de la encerrona en la que la dirigencia política de todos los colores y orientaciones nos ha encerrado desde hace tiempo. Podría empezar por alentar la inexistente seguridad jurídica en un país que la necesita sobremanera.
