La Provincia reconoce que el cerro El Pelao continúa en un estado de calamidad ambiental, urbanística y cultural. En respuesta, ha enviado un proyecto de ley a la Legislatura para prorrogar el estado de emergencia y la prohibición de nuevas construcciones en dicha montaña, situada entre la Comuna de El Mollar y la Municipalidad de Tafí del Valle, por un año adicional.
La iniciativa, propuesta por el gobernador Juan Manzur y el ministro de Desarrollo Productivo, Álvaro Simón Padrós, fue presentada el lunes con el objetivo de prolongar hasta el 10 de julio de 2024 el estado de emergencia ambiental, ecológica y de protección arqueológica, bajo la Ley N° 9.261 de 2020.
El proyecto argumenta que las condiciones que justificaron la declaración de emergencia, como la sobreexplotación de recursos naturales, sobrepoblación, y potenciales movimientos de tierra y desprendimientos, aún persisten. Por ello, recalca la necesidad de desarrollar un sistema provincial unificado para estudiar la situación, proponer acciones de recuperación y soluciones para la gestión futura del área.
El gobierno enfatiza que la prorroga se justifica principalmente para contener la urbanización desmedida que erosiona el cerro. Con la extensión, se busca preservar el patrimonio ambiental y cultural-paisajístico, evitando la urbanización y construcción indiscriminada de viviendas que podría acontecer sin dicha protección.
La urbanización sin control en El Pelao fue frenada por ley hace tres años, tras la denuncia de un grupo de 30 vecinos por la “desnaturalización” de la ladera que desemboca en el arroyo Los Morales.
La Legislatura suspendió por un año, y luego aprobó dos prórrogas, la división de terrenos y la construcción de viviendas en el cerro.
En los últimos años, la montaña ha sido transformada por viviendas y caminos. Desde casi cualquier punto del Valle de Tafí, es visible la excavación de terrenos para construir viviendas en cornisas y precipicios, así como otras alteraciones que han modificado el entorno natural.
La Ley N° 9.261 estipula que, si se detecta una infracción, la autoridad competente debe garantizar que se detenga el incumplimiento, pudiendo incluso confiscar herramientas, maquinaria y vehículos utilizados en la obra.
Las sanciones pueden variar desde advertencias hasta multas de 300 a 5.000 sueldos básicos de la categoría inicial de la Administración Pública Provincial.
En diciembre de 2021, a pesar de la ley en vigor, se detectaron nuevas construcciones en El Pelao. La Comuna de El Mollar denunció que resulta complicado controlar la situación debido a la falta de personal y una estructura institucional más sólida.
