Luego de que el Gobierno Nacional decidiera suprimir los Centros de Referencia (CDR), las oficinas encargadas de gestionar políticas públicas y promover programas sociales en todo el país, los trabajadores del área protestaron con un abrazo simbólico. “Los trabajadores no somos la casta”, fue la consigna.
A principios de la actual semana, la cartera a cargo de Sandra Petovello eliminó las 56 sedes vinculadas a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia por considerarlas “cajas negras de la política y empleo militante”. Tucumán contaba con una de las delegaciones y 55 personas perdieron su empleo.
En medio de su “plan motosierra”, Javier Milei sigue recortando el gasto público y eliminando erogaciones que son vistas como superfluas e ineficientes. Esta vez quien sintió el corte fue la repartición estatal que trabajaba en conjunto con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (ex Ministerio de Desarrollo Social) para acercar programas sociales a los sectores más necesitados.
Los Centros de Referencia (CDR) eran espacios locales de gestión ubicados en diferentes puntos del país. Su tarea original era acercar a la población las políticas públicas y promover derechos sociales. Inicialmente funcionaban de manera central hasta su federalización en el año 2006 bajo el mandato de Néstor Kirchner.
Según comunicó el Ministerio de Capital Humano, la Nación se ahorraría alrededor de $5.000 millones: $4.000 millones en 600 sueldos; $88 millones en alquileres y $20 millones en traslados de 50 vehículos oficiales. En Tucumán funcionaba una sede ubicada en San Lorenzo 969 y 55 personas se desempeñaban dentro del edificio.
Elizabeth Aguilera, delegada local de los Centros de Referencia detalló que de los 55 empleados un 80% estaban contratados; mientras que el 20% restante ingresaba a través de concursos. “Son cajas políticas y empleo militante. Los centros recibían escasas consultas por día y no todos sus empleados asistían a trabajar”, comunicaron en el Ministerio.
En respuesta a esto, la abogada tucumana dijo: “Demonizan nuestro trabajo sin conocerlo. Militante es (Manuel) Adorni; nosotros tenemos un grupo de profesionales y gente idónea en cada cargo. Tampoco sé de qué caja política hablan, porque nosotros jamás recibimos dinero. Somos trabajadores del Estado; no de un Gobierno”.
En el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) aseguraron que estos trámites serán reemplazados por digitalización. Sin embargo, para Aguilera esto no es posible debido a los bajos recursos y niveles de formación que tienen las poblaciones más vulnerables. “Podría ser complementario; pero digitalmente no se puede llegar a barrio Antena”, reprochó.
